Mayor equidad territorial
La necesaria reforma de la financiación autonómica es una cuadratura del círculo dificultada por el clima de polarización
En un país en el que la confrontación entre bloques hace inviable cualquier acuerdo transversal, la financiación autonómica concita un insólito consenso en torno a la necesidad de proceder a su reforma. Ahí acaban las coincidencias, puesto que las posturas de las 15 comunidades afectadas –todas, excepto País Vasco y Navarra– sobre los cambios que precisa el sistema para garantizar un reparto más equilibrado de los recursos con los que ejercen sus competencias son difícilmente conciliables entre sí. Con la peculiaridad de que las frontales discrepancias entre ellas nada tienen que ver con el color político de sus gobiernos, sino con las peculiaridades territoriales. Hasta el punto de que intereses comunes han unido en los últimos años a ejecutivos regionales socialistas y del PP, y enfrentado a otros de un mismo partido.
El modelo actual se sustenta en una ley de 2009 que debería haber sido actualizada en 2014. Aquel cambio sigue pendiente por divergencias agudizadas conforme ha aumentado la asfixia de varias comunidades objetivamente infrafinanciadas y sucesivas crisis en ese periodo han puesto de manifiesto las carencias de un modelo que no satisface ni siquiera a las que en teoría salen mejor paradas con él. Tras un intento fallido a finales de 2021, el Gobierno en funciones ha rescatado ahora el desafío de emprender la reforma «con urgencia». Lo ha hecho en paralelo a las exigencias de los independentistas de ERC y Junts en el marco de los tanteos para investir presidente a Pedro Sánchez. Ese contexto y la propuesta del PSC para que el Estado condone parte de la deuda que Cataluña tiene asumida con él –casi 72.000 millones de euros– ha devuelto al debate la sombra de los agravios comparativos, que en nada favorece un entendimiento ya de por sí extremadamente complejo.
La clave de la cuestión es qué peso se atribuye al número de habitantes de cada territorio, su superficie, la despoblación o la edad de sus residentes, entre otros factores, en el reparto del dinero con el que las autonomías prestan sus servicios. Una combinación de esos criterios que concilie los contradictorios intereses de todas ellas es una cuadratura del círculo de muy difícil ejecución. El sistema requiere una mayor equidad, como demuestra un reciente informe de Fedea. La revisión pendiente debe dotársela mediante un compromiso entre el PP y el PSOE tan imprescindible como poco probable en el polarizado clima político actual.
