La aprobación ayer por el Consejo de Ministros del nuevo proyecto de ley de información clasificada –la que tiene que ver con los llamados secretos ... oficiales– representa un nuevo intento de reformar la normativa franquista de 1968 que viene a reproducir el texto que el Gobierno ya promovió en 2022 y sometió, sin éxito, al aval de sus socios de investidura. Es razonable que la España democrática revise una legislación sobre una materia muy sensible, al concernir a la defensa y la seguridad nacional, vigente no ya desde hace seis décadas, sino promulgada bajo un régimen dictatorial; porque a nadie se le escapa lo que significa gestionar asuntos reservados en un entramado sin derechos y libertades a hacerlo cuando éstos deben enmarcar las actuaciones de los poderes públicos; y, en especial, eso que se ha dado en llamar el 'Estado profundo'.
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Pero por eso mismo, por su relevancia, una modificación de tanto calado debería procurar un consenso a prueba de las alternancias en el poder. Y no estar sujeta a los vaivenes coyunturales del momento político, a las necesidades partidarias y tampoco a exigencias de aquellos que no se sientan ligados al Estado pero cuyos entresijos quieran conocer para erosionarlo.
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