Consumidor responsable

El anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, aprobado ayer por el Consejo de Ministros y pendiente de su tramitación parlamentaria, integra un variopinto católogo de iniciativas que persiguen también objetivos dispares. Propósitos que van desde el intento de poner coto a prácticas abusivas a dotar de un marco legal, en este terreno también, a la apuesta por las energías limpias y el transporte considerado más beneficioso para la preservación del medio ambiente.

A la espera de las posibles objeciones que pueda suscitar la norma –con medidas como la equiparación, en lo que a la difusión publicitaria se refiere, de la gasolina con el tabaco–, hay iniciativas que no solo apelan a un control por parte de la administración dado que alimentan formas de negocio que tensan cuando menos las cuadernas de la legalidad. Interpelan, también, a la propia responsabilidad de los consumidores a la hora de no contribuir a las mismas por mucho que vean en ellas un beneficio. Es el caso de la prohibición que quiere imponer el Ejecutivo a la reventa de entradas para espectáculos tras su compra masiva para luego encarecerlas en una segunda vuelta en el mercado.