Educación, la reforma de la reforma

El proyecto de la nueva ley es una reforma a fondo de la 'Ley Wert' y una versión evolucionada y más moderna de la LOE de 2006, cuyo anteproyecto ya se había elaborado y remitido al Parlamento en la legislatura anterior pero que este gobierno tuvo que rescatar y aprobar de nuevo a principios de año. Simplificadamente, la nueva ley elimina las reválidas, que iban en contra del concepto de evaluación continua y podían forzar la repetición de curso, así como los itinerarios prematuros -con la 'Ley Wert' la discriminación hacia la formación profesional es a los 14 años: en 3.º de ESO los alumnos eligen qué Matemáticas quieren cursar, si Aplicadas (en dirección a FP) o Académicas (hacia bachillerato)-, lo que produce un sesgo socioeconómico; hay además otros cambios menores de sentido equilibrante y solidario.

 Sin embargo, las dos discrepancias de fondo entre la derecha y la izquierda se mantienen intactas: le enseñanza de la religión y el tratamiento de los centros concertados.

 La 'Ley Wert' obligó a elegir entre Religión y Valores Éticos, y ambas asignaturas eran evaluables y computaban en la media a efectos de becas o notas de corte. En cambio la LOMLOE recupera los criterios de la LOMCE de 2006: la Religión debe ofrecerse obligatoriamente en los colegios para cumplir con los acuerdos vigentes con la Santa Sede pero se puede cursar o no, según quiera la familia; si el alumno no se apunta a Religión, la hora es libre ya que no hay alternativa. Y además, en un curso de primaria y otro de secundaria los estudiantes tendrán que cursar obligatoriamente Valores Cívicos y Éticos -una especie de Educación para la Ciudadanía- que es evaluable para todos como cualquier otra materia. No parece sensato formar una alternativa entre unas creencias privadas y la cultura cívica y constitucional que debe aportar el colegio a la formación del ciudadano.

El otro punto de controversia es el de los conciertos. Es notorio que el PSOE es un partido laico que apuesta por la escuela pública, pero la Constitución establece libertad de enseñanza y educación básica gratuita, por lo que no hay modo de servirla sin financiar con recursos públicos esos tramos educativo en escuelas concertadas que acrediten su capacidad y su solvencia. Celáa distingue entre los colegios que son simples sociedades mercantiles con las que hacer negocio y los colegios religiosos o con un ideario, y en cualquier caso la nueva ley obligará a que los concertados hayan de admitir a sus alumnos con criterios objetivos, sin que puedan convertirse en guetos por clase social o por cualquier otro motivo. Los colegios que segreguen por sexos deberán presentar planes de coeducación y garantizar la enseñanza de postulados de igualdad de género para disfrutar del concierto.

La nueva ley, que tendrá dificultades para nacer (es ley orgánica y requiere la mayoría absoluta de la cámara) no ha buscado ni obtenido consenso en estos dos asuntos clave, en los que no sería sin embargo imposible conseguirlo, sobre todo si se procede a una modernización de los acuerdos con la Santa Sede. Y tampoco se ha perseguido un gran acuerdo técnico, que todavía habría tiempo de intentar. Una nueva ley educativa de partido, por buena que sea, no resolverá obviamente el problema de inestabilidad normativa que tiene la educación española en las últimas décadas.