Las crisis puntuales

Es el caso de una doble situación que se reitera de forma preocupante: de un lado, las disensiones en el seno de la coalición de Gobierno; de otro, la volatilidad de los apoyos externos, necesarios para la adopción de decisiones que necesitan la aprobación parlamentaria. Siendo, además, dos fenómenos distintos, con mucha frecuencia aparecen relacionados entre sí, con el lógico incremento del ruido y de la incertidumbre.

A lo primero nos hemos ido acostumbrando, con mejor o peor ánimo, a lo largo de estos años de funcionamiento de la fórmula de coalición desde aquellas elecciones generales que se repitieron en noviembre de 2019. Han sido muchas las ocasiones en que los desacuerdos o las tensiones se pusieron de manifiesto, con exteriorización nada discreta, en materias diversas, que seguramente se recordarán, como ha sido el caso de la vivienda, la fiscalidad, la reforma laboral, la ley trans, etc., etc. Se trataba, en general, de decisiones de gobierno en que se planteaban diversas opciones en clave de discrepancia, lo que llevaba a reconducir, aparcar, replantear, etc., la medida a tomar o la línea a seguir. Y fuimos comprobando que una coalición no supone la renuncia a la identidad de cada uno de sus componentes, aunque deba implicar un compromiso de lealtad básica y de disponibilidad flexible para el acuerdo de posiciones comunes. Argumento este que veremos empleado con frecuencia por aquí cerca.

El problema es que de un tiempo para acá no han sido tanto «cuestiones de gobierno», algunas de evidente y elevada importancia, las que han motivado la contraposición, sino que han ido entrando en el catálogo asuntos de esos que, en la tradición de cada país, pueden considerarse «cuestiones de Estado». Véase la lista: la posición en el contencioso del Sahara, la reacción a la invasión de Ucrania, el enfoque de aspectos fundamentales de la política europea, de la política de defensa y de la transición energética, o, en fin, últimamente, el espinoso asunto del espionaje, con tantas aristas que merecen consideración propia por su elevada significación, capaz de generar controversia en el seno de la coalición, con los aliados preferentes, e incluso entre miembros del mismo sector del Gobierno.

Porque su sorprendente aparición como problema y las decisiones adoptadas para intentar paliar sus efectos políticos, incluido el desenlace momentáneo que no parece que vaya a neutralizarlos, están y estarán siempre impregnados de esa extraña confusión que inevitablemente acompaña a la utilización política de asuntos que por su propia naturaleza no deberían formar parte de una exhibición pública. Extraño es, en efecto, que se termine sabiendo que el Centro de Inteligencia desarrolla determinadas tareas; que se dude de si lo hace con autorización judicial; que no se sepa si lo hace con conocimiento del Gobierno; que, si lo que hace ha sido legal, conocido por quien tenía que conocerlo y consentido por quien tenía que consentirlo, la crisis se vaya a saldar con un llamativo cambio en la composición de la Comisión parlamentaria de secretos oficiales, o con el cese y sustitución de la responsable del organismo; o, en fin, que tampoco se sepa si el espionaje a miembros del Gobierno, incluido su Presidente, procede de «elementos incontrolados» de ese mismo organismo, o de algún tercer país con el que no sería oportuno desencadenar una crisis diplomática, aunque el hecho lo mereciera.

Así que no será fácil administrar este salto cualitativo en las materias de confrontación, si, como parece, forma parte de una estrategia pensada para lo que queda de legislatura, tiempo en el que, ¡ojo al dato!, se celebrará en nuestro suelo una reunión fundamental en este momento de la OTAN y nos corresponderá ejercer la Presidencia de la Unión Europea, asuntos ambos muy propicios para alimentar precisamente esa estrategia.

El otro factor al que me referí como motivo de inquietud tampoco es nuevo, pero también ha experimentado un incremento cuantitativo, por las veces en que acontece, y cualitativo, por la índole de las cuestiones en que se manifiesta, dando lugar a episodios de suspense parlamentario verdaderamente notables, protagonizados por los aliados de referencia y, a veces, por los propios socios. Ocurrió no hace mucho con la reforma laboral, y ocurrió hace bien poco con las medidas económicas para hacer frente a los efectos de la invasión de Ucrania, por poner dos ejemplos bien conocidos.

Y da la impresión de que, tras el suspense, no hay solo una discrepancia programática, que podría entenderse, sino una aviesa intención de mostrase imprescindible, de practicar el chantaje y de proyectar inestabilidad. Igualmente, esa volatilidad de los apoyos necesarios para formar mayoría parlamentaria, y la inseguridad que provoca, puede convertirse en parte principal de una estrategia recurrente en este tramo de la legislatura, de manera que la coincidencia de los dos factores comentados termine configurando un escenario verdaderamente impredecible y de negativas consecuencias, en el que la sucesión de crisis puntuales termine siendo algo más que eso.

Algunas voces han empezado ya a sugerir la convocatoria anticipada de elecciones, incluso haciéndolas coincidir con las próximas municipales; otras han recordado que en la Constitución hay un instrumento, la cuestión de confianza, que puede activarse cuando la inestabilidad, la duda en la gobernabilidad o la desconfiada reiterada en los apoyos necesarios lo aconsejen. Ambas opciones se han negado con rotundidad manifiesta, y hay que creer que no están en la agenda. Pero la política es como es, y la experiencia nos dice que decisiones que se consideraban absolutamente desechadas por inoportunas en un momento determinado, se hicieron deseables, convenientes, o necesarias no mucho después, una vez que cambiaron las circunstancias. Ya lo dijo un gobernante famoso: «Cuando yo digo que no haré tal cosa nunca jamás, quiero decir que no tengo previsto hacerla en el día de hoy». Exagerando un poco, claro.