Comienzos raros de la legislatura autonómica
«Dejar pasar el tiempo gastándolo en florituras, sin Gobierno regional efectivo, sin tomar medidas que complementen las de ámbito general, puede ser divertido para quien pretenda sacar ventaja de ello; pero no deja de ser una mayúscula irresponsabilidad»
Supongo yo que cualquiera que haya seguido los acontecimientos políticos desde que se celebraron las elecciones regionales del 13 de febrero, habrá percibido algo extraño ... en su devenir. Si tomáramos como punto de partida la convocatoria electoral anticipada, allá por la mitad del mes de diciembre, estaríamos ya cerca de los cuatro meses sin un Gobierno regional debidamente constituido; y son ya casi dos desde la fecha electoral con un Gobierno que sigue en funciones. Pero, por encima de los tiempos transcurridos, lo que resulta verdaderamente sorprendente es que, constituidas las Cortes y los Grupos parlamentarios que las integran, firmado un acuerdo de legislatura para gobernar en coalición con mayoría suficiente y anunciado un programa de medidas de gobierno, aún no se haya celebrado el debate de investidura y, ni siquiera, cuando escribo estas líneas, se conozca la fecha en que haya de celebrarse.
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De modo que aún no hay un Presidente de la Junta, y de la Comunidad Autónoma, electo, que pueda ejercer el cargo de manera efectiva, lo que incrementa la nómina de las rarezas de manera notable: el socio minoritario de la coalición hizo públicos los nombres de los Consejeros que, a propuesta suya, formarán parte del Gobierno regional, siendo así que aún no está elegido el Presidente que ha de nombrarlos, porque es el único que tiene competencia para ello.
Así que da toda la impresión de que se ha invertido el orden de los factores; y aunque es de sobra sabido que el orden de los factores no altera el producto, convendrá precisar que eso sucede en el mundo de las matemáticas, donde es indiferente sumar 2 y 3, o sumar 3 y 2, pero en el ámbito, mucho más sutil, de la política, el orden de los factores sí altera el producto. Y vaya si lo altera. Apliquemos la lógica, por un momento.
Cuando el resultado de unas elecciones no da la posibilidad de que ninguno de los que han obtenido representación forme gobierno por sí solo, al menos con el mínimo de estabilidad imprescindible, lo esperable es que la minoría mayoritaria abra negociaciones con otros grupos para alcanzar algún acuerdo; su legítima opción es elegir con quien negocia, sea por proximidad ideológica o programática, sea por disponibilidad a negociar de cualquier otro. Y también es su opción plantear el tipo de acuerdo que considere más conveniente, sea temporal o de legislatura, sea de gobierno de coalición o solamente de alcance parlamentario, para poder aprobar las medidas más importantes, y especialmente los presupuestos. Hasta ahí la doctrina.
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La realidad añade otra perspectiva, porque con frecuencia esas negociaciones son largas y complicadas; en ellas se ata todo o casi todo, sin perjuicio de establecer mecanismos de actualización, adaptación, modificación, etc., del acuerdo al que se pueda llegar, para cuando surjan esos llamados incidentes de recorrido. Pero cuando se alcanza el acuerdo, si es que se alcanza, se firma, se anuncia, y se ejecuta, para que empiece a aplicarse; todo lo demás ya vendrá y los problemas que vayan surgiendo se plantearán, y se resolverán, si es posible, cuando lleguen; pero la puesta en marcha es inmediata, y lo normal es que se materialice en un debate de investidura rápido y despejado, que culmina con una votación exenta de incertidumbre, tras la cual el Presidente elegido procede enseguida a nombrar el Gobierno conforme a lo acordado.
Aquí ha ocurrido más bien al revés. Se firmó un acuerdo entre el PP y Vox, que era para componer la Mesa de las Cortes y para gobernar juntos; era, pues, de suponer que todo, o al menos lo principal, estaba acordado y que el debate de investidura iba a tener lugar cuanto antes. Por lo que luego se ha visto, no parece que fuera así; lo que parece es que aquel acuerdo no era un punto de llegada en la negociación, sino un punto de partida para la parte principal de una negociación que sólo estaba iniciada, pero en absoluto resuelta. Lo correcto hubiera sido advertirlo así, si era así, por elementales razones de transparencia, y también para evitar confusiones, malentendidos, faltas de respeto, salidas de tono o aspavientos, que algo de todo eso ha habido.
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Porque la otra explicación del impasse es bastante peor. Supondría que, por detrás de la disputa de las consejerías, las direcciones generales, las delegaciones territoriales, las cuotas y los nombres, había otras razones menos confesables y más mezquinas, que serían las verdaderas, las de la estrategia calculada y el interés partidario. O sea, las que buscaban forzar la foto de una toma de posesión tras un congreso y con nuevo líder en el PP, para hacer más visible la dependencia incómoda; o las que trataban de minimizar esta dependencia, amortizándola cuanto antes para que fuera menos visible, o, de no ser así, alejando la foto lo más posible para que perdiera visibilidad la alianza con Vox.
Mal comienzo sería ese; es mal comienzo que los dos socios hayan intentado priorizar la obtención de alguna ventaja partidaria, provocando algún rasguño al otro, o marcándole terreno con evidente displicencia, sobre la puesta en marcha ágil de la legislatura. Supondría que les importa más exhibir su recíproca desconfianza y su recelo que ofrecer seguridad y certidumbre a la ciudadanía en el momento inicial de su andadura compartida. Mal comienzo y mal augurio para lo que haya de venir.
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Y, por todo ello, no está de más una reflexión final un tanto amarga y preocupada. Este extraño arranque de nuestra legislatura regional coincide con un momento especialmente complicado para la ciudadanía y para las instituciones. La invasión de Ucrania y los temores que desata, la escalada de precios derivada de los costes de la energía y de una inflación al alza que puede neutralizar las buenas previsiones económicas de crecimiento y de empleo, los límites para una política fiscal que sea compatible con la espiral de deuda que generarán las medidas de ayuda a los sectores más necesitados; todo eso y más, todo lo que necesita grandes acuerdos, desde la posición de Estado en la relación con Marruecos y el contencioso del Sáhara, hasta el gasto en Defensa, la utilización más rentable de los fondos europeos, la salida de la pandemia, o ese pacto de rentas del que tanto se habla últimamente como instrumento de equilibrio entre beneficios, salarios y pensiones. En efecto, este es un momento especialmente adecuado para ofrecer responsabilidad y certidumbre, para practicar el diálogo en busca de grandes acuerdos y para transmitir la máxima confianza posible.
Si en vez de eso lo que se proyecta es frivolidad, falta de compromiso, cálculo interesado, ventajas de imagen y cortoplacismo, se estará faltando a la principal obligación que tienen las instituciones con la sociedad, que es la de cooperar entre ellas para dar solución a los problemas. Puede parecer que esos problemas son de otro nivel, solo del Estado, y que recaen exclusivamente sobre el Gobierno de la Nación. Y no es así; las Comunidades Autónomas son pieza principal del Estado y en este tiempo, como se ha comprobado con tanta frecuencia, más aún. Permanecer en estado de reposo, dejando pasar el tiempo y gastándolo en florituras, sin Gobierno regional efectivo, sin tomar medidas que complementen las de ámbito general, puede ser divertido para quien pretenda sacar ventaja de ello; pero no deja de ser una mayúscula irresponsabilidad.
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