El tren de Valladolid, otra vez en pausa

Porque desde hace mucho todo esto se veía venir, todo se sabía y todo responde a decisiones conscientes de personas e instituciones concretas que, en lugar de asumir posturas responsables y maduras, han optado durante los últimos tiempos por el manejo de las ilusiones y las emociones colectivas con gestos más propios de adolescentes caprichosos que de autoridades de rango público o social.

Es decir, que lo que pase en los próximos meses o años con los planes previstos para nuestra infraestructura ferroviaria, sobre todo si la solución pactada en 2017 queda interrumpida 'sine die', no se deberá a una imposición de nadie, no formará parte de ninguna conspiración judeo masónica, no será una condena divina ni una injusticia ni un castigo de nadie. Será producto de que la ciudad y sus representantes se han dedicado por acción u omisión, por vagancia o vanidad, a convertir en papel mojado lo acordado y firmado en 2017, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado en 26 páginas y que servía para abrir una salida asumible y pactada al largo, proceloso y fracasado proyecto del soterramiento iniciado muchos años atrás. Y no me refiero particularmente a los políticos, que van y vienen y tienen que hacer programas y prometer y mitinear, sino muy especialmente a todos los que, alrededor de ellos, lideran organizaciones profesionales, sociales, universitarias, sectoriales, económicas o empresariales. Ese documento del BOE debería ser la Biblia, pero se está tratando como el garabato de una servilleta.

Desde que, allá por 2018, conocí la historia de este ambicioso proyecto, siempre he pensado lo mismo. Que Valladolid, gracias a su privilegiada posición geográfica, ha tenido la suerte de salir de este lío ruinoso con un plan alternativo. Que lo ha logrado con la unión de todas las administraciones y partidos políticos implicados, cosa que debía garantizar un horizonte de estabilidad. Impecable. Ejemplar. Y que ha ganado así su futuro como nudo estratégico de todas las comunicaciones por tren en el eje atlántico peninsular, lo que le permitirá disponer de oportunidades para anclar población, riqueza y progreso que muy pocas ciudades de España tienen como nosotros. Eso que explico, por si nadie se atreve a recordarlo, por si resulta incómodo describirlo, por si hay quien prefiere refugiarse en el despecho de las ucronías sentimentales, ay, lo que pudo ser y no fue, es por sí solo tan insólito, tan excepcional, tan atípico, tan imposible en otras latitudes, con otros planes y en otros momentos que comprometerlo realmente, como finalmente está sucediendo, me parece de una frivolidad galáctica.

Digo más. Demos por hecho que Valladolid merece el soterramiento y eso lo dice el Papa de Roma. Demos por hecho que se ha preguntado a todos los empadronados mayores de 18 años por la cosa y todos sin excepción han elegido que se taladre la ciudad y se haga el soterramiento. Demos también por hecho que Europa, el FMI, el Banco Mundial o el de China nos regala la pasta gansa que cueste hacerlo, como si nos hubiese tocado la lotería en versión capital castellana. Incluso demos por hecho que todos los partidos y todas las administraciones implicadas deciden que hay que soterrar. Pues bien, ni aun cumpliéndose todos esos supuestos, el hecho de cargarse lo pactado en 2017 deja de ser una magra irresponsabilidad. Porque, con todo y con ello, seguiría existiendo un riesgo (que no deberíamos permitirnos) de perder el plan que ya tenemos en marcha y aprobado. Porque por encima de todo, y esto es algo que criticamos en el debate político nacional cuando el Gobierno de Pedro Sánchez se lo salta incesantemente, como de hecho sucede, o en el marco internacional cuando Trump cambia aranceles y desmonta el orden comercial mundial según le conviene, porque por encima de todo, digo, está el sentido del deber, la coherencia, el respeto institucional, cumplir con lo acordado y trabajar en lo importante teniendo en cuenta el largo plazo y a las nuevas generaciones. La actitud adulta y madura es preservar que Valladolid, hayan dicho unos y otros lo que hayan dicho, cuando lo hayan dicho, por lo que lo hayan dicho, tiene un plan que, por imperfecto, injusto y mejorable que sea, atesora la virtud más importante de todas: el consenso de los representantes legítimos de la ciudad y las partes involucradas. Renault jamás se hubiese instalado en Valladolid con estos vaivenes. Jamás se terminaría la autovía del Duero si cada ocho años cambiamos el trazado por voluntad popular…

Lo comenté hace muchos domingos. Está bien reunirse para desear lo que uno quiera, para mantener viva la llama del soterramiento, para, sin perder de vista lo que ya está ganado, planificar el ideal de ciudad que podamos imaginar. Están perfectas las prédicas en favor de que todo lo que estorba o afea o desconecta la ciudad se oculte bajo tierra. Siempre, eso sí, que no se deje de hacer lo que el BOE, por tanto la ley, dicta que debe hacerse. Y la ley y el BOE a fecha de hoy dictan que se lleve a cabo la integración.

Si no hay integración, sobra la empresa que la promueve. Claro. Sería de hecho lo que debería defender, y con firmeza, cualquiera que confiara en ver en marcha un futuro soterramiento. Para fundar otra cuyo propósito sea soterrar. Su primer objetivo, acabar con la estructura formal que sustenta la integración. Lo siguiente, asumir las consecuencias y sumar las condiciones para el soterramiento. Lo más asombroso de todo es que quienes prefieren el soterramiento no celebren la decisión del ministerio de disolver Valladolid Alta Velocidad SA.