Cuatro trampas de Pedro Sánchez y una opinión sobre el fiscal general

Su respuesta fue la siguiente: «Lo primero, la complejidad parlamentaria es fruto de la voluntad ciudadana manifestada en las elecciones. En segundo lugar, la única opción de gobernabilidad es la que hoy existe con este Gobierno de coalición progresista con minoría parlamentaria. En tercer lugar, esta complejidad parlamentaria no es un problema, es una realidad en Europa, España y Cataluña. En cuarto lugar, la complejidad parlamentaria puede ir alineada con el buen gobierno. Y ahí están los datos económicos y sociales de los últimos siete años». Analicemos, frase a frase, las cuatro explicaciones sin respuesta que ofrece el jefe del Ejecutivo. Ninguna tiene desperdicio. Todas esconden una o varias trampas.

1. «Lo primero, la complejidad parlamentaria es fruto de la voluntad ciudadana manifestada en las elecciones». Los periodistas no le preguntan por la complejidad, sino por el bloqueo y si es sostenible que él siga como presidente. Para no reconocer que existe tal bloqueo, o quizás en un ejercicio de reconocimiento tácito, cambia bloqueo por complejidad. Que no es lo mismo. La complejidad, en todo caso, tiene dos facetas: la fragmentación de fuerzas, cosa que no es nueva y deriva a los resultados electorales, y por otro lado la polarización en dos bloques enfrentados. Lo segundo no lo decide la voluntad ciudadana (que no tiene culpa de nada, manifieste lo que manifieste en las elecciones) y es precisamente lo que, en realidad, conduce a nuestra aritmética parlamentaria hacia algo contrario por completo a la complejidad. Porque lo complejo de verdad no es sumar lo que sea, ceder lo que sea, hacer lo que sea con tal de que el adversario no gobierne, véase en este caso el del propio PSOE en el Congreso, que como segunda fuerza arma una mayoría de partidos de todo signo, incluidos la derecha de Junts y su líder a la fuga, que ahora no se conforman con el cobro facturado cuando se llegó al pacto de investidura, allá por el 23. Véase cuando se determina que Díaz Ayuso o Santiago Abascal son el mal absoluto. Véase al habilitar cualquier maniobra de justificación que convierta al Fiscal General del Estado en culpable o inocente, cosa que debe decidir el Supremo. Nadie más, ni siquiera el presidente del Gobierno. Lo complejo de verdad es entenderese, ser sensato, responsable y gestionar esa complejidad aritmética y de sensibilidades para que nuestra vida parlamentaria e institucional no se convierta en un simple juego de blanco y negro totalmente automático y condenado al más absoluto de los desastres.

2. «En segundo lugar, la única opción de gobernabilidad es la que hoy existe con este Gobierno de coalición progresista con minoría parlamentaria». No es verdad. Hay más opciones. Tantas como posibilidades existen de sumar 176 diputados. Ahora mismo, PP y PSOE podrían juntar 257. Vale, es imposible porque nuestro debate público se ha podrido de tal manera que nadie daría un duro a estas alturas por una gran coalición de los dos grandes partidos que mejor representan, juntos, a los españoles. Pero sí cuenta como opción. O al menos como pulpo. También hay que aclarar que Junts, de progresista, lo que se dice progresista, nada de nada. Ni Bildu. Ni PNV. Es una coalición de la izquierda y el sanchismo de los ábalos, koldos y cerdanes con el nacionalismo secesionista, supremacista y excluyente más rancio. Y desde luego, lo que no habría que tragarse es que esos socios son buenos, dignos, decentes, y Vox o las derechas, por el contrario, la viva imagen del infierno. Todos los partidos que están representados en el Congreso tienen la misma legitimidad para formar alianzas y gobiernos. Lo único que se les pide es que, efectivamente, construyan un tiempo de gobernabilidad. Con presupuestos. Porque, puestos a ser coherentes con la frase del presidente, la realidad es que Junts ha dinamitado la única opción que menciona Sánchez. Nuevamente, el buen juicio aconsejaría, vista la inexistencia de un plan de gobernabilidad basado en unos presupuestos, anticipar elecciones y pedir a los españoles que vuelvan a pronunciarse en las urnas.

3. «En tercer lugar, esta complejidad parlamentaria no es un problema, es una realidad en Europa, España y Cataluña». Insisto en que la complejidad no decanta en un problema por la aritmética, sino por otras cosas. No caben esas comparaciones. En Europa las alianzas se hacen de otro modo. Sin ir más lejos, los 720 eurodiputados se organizan en ocho grupos parlamentarios diferentes. En Cataluña gobierna el partido más votado, el PSC de Salvador Illa. Lo que no adivino, de todos modos, es el mecanismo mental que lleva a Pedro Sanchez a equiparar a Cataluña con España y Europa, como si fueran tres realidades equivalentes.

4. «En cuarto lugar, la complejidad parlamentaria puede ir alineada con el buen gobierno. Y ahí están los datos económicos y sociales de los últimos siete años». Es harto cuestionable que los datos económicos y sociales de los últimos siete años sean todos buenos ni atribuibles a la actual complejidad parlamentaria. Pero es que, nuevamente, hablamos de bloqueo y la complejidad de las primeras legislaturas de Sánchez nada tiene que ver con la ingobernabilidad actual. Si no hay gobierno efectivo ni operativo, ni presupuestos, da igual que sea buen o mal gobierno. En cuanto a los datos económicos, hace unos días el propio exministro socialista y ex alto representante de la UE para la Defensa José Borrell, poco sospechoso de defender tesis derechistas, cuestionaba sus bondades. El PIB en España crece, el empleo, pero también las desigualdades. Y en donde no crecemos es en productividad. Por tanto, nada con lo que regodearse… En cuanto a los datos sociales, algunos mejoran, pero en general lo hacen porque en las comunidades autónomas, de todo signo, se lo toman en serio. Porque son las administraciones competentes. No vaya a ser, incautos lectores de la entrevista al presidente, que los malos resultados sociales de los cribados de Andalucía sean culpa de Moreno Bonilla y los buenos de la asistencia a dependientes en Castilla y León no cuenten, sin embargo, en el haber de Mañueco, sino de Sánchez.

Hemos seguido con bastante interés el juico al Fiscal General del Estado, Alvaro García Ortiz. Tanto él como el Gobierno se afanan en llevar la causa al terreno de la defensa de la verdad, de combatir un bulo y de que lo ya publicado en prensa funcionó como salvoconducto de lo que hizo el fiscal general para sacar a la opinión pública de un error. Yo sospecho, sin embargo, que el caso quedará sentenciado con un fallo muy técnico basado en el principio de que la revelación de secretos, información reservada o sensible está muy por encima de lo que la opinión pública o el debate político consideren verdad o mentira. Y que esa obligación está blindada de cualquiera circunstancia que la rodee, sea una disputa política o de otro tipo. Incluso de un bulo de Miguel Ángel Rodríguez, el asesor de Isabel Díaz Ayuso.

Me explico. Álvaro García Ortiz asumió la redacción a su dictado y la consecuente publicación de una nota de prensa en la que se detallaron contenidos exactos y literales de una negociación entre la Fiscalía y un abogado en favor de su patrocinado, en este caso de la pareja de Díaz Ayuso. Todos ellos, los contenidos quiero decir, están sujetos a la sagrada protección de secretos como parte de la necesaria confidencialidad debida en todo proceso de esas características.

Esto es un hecho objetivo y por sí solo es suficiente para resolver el caso. Porque desde mi punto de vista, que desde luego no es jurídico sino periodístico, aunque todo el mundo supiera por medios de comunicación o declaraciones de políticos el contenido total o parcial de dicha negociación, vía correos electrónicos o lo que fuese, la Fiscalía no dejaba por ello de tener entre sus obligaciones sagradas preservar esa confidencialidad para proteger las garantías legales del proceso. Si yo publicara mañana en El Norte de Castilla que tengo tal o cual enfermedad y eso acabara siendo de dominio público, cierto o falso, no por ello mi médico podría publicar mi informe médico ni divulgarlo por ningún canal. A pesar de todo, ello no haría que empeorara mi dolencia. En el caso que se juzga, la nota sí que pudo perjudicar la defensa de González Amador.

Además, no es cierto que un fiscal general deba combatir bulos o defender la verdad, como sostiene el fiscal general o la Abogacía del Estado. ¿Dónde viene eso? Lo que sí se halla entre sus responsabilidades es el deber de proteger siempre el secreto de una negociación. Sin embargo, y por añadidura, con esa nota de prensa logró que lo que podía conocerse por medios oficiosos en clave periodística o política pasara automáticamente a conocerse por fuentes oficiales. García Ortiz le puso, digamos, el sello de veracidad, como la contraetiqueta de la DOP en un vino, y le concedió categoría jurídica a datos que hasta entonces eran informaciones periodísticas.

Pero es que si el Tribunal Supremo dictaminara que la nota oficial no sea al final considerada una revelación de secretos porque su contenido era conocido, ¿qué impedirá que a partir de ahora cualquier instancia judicial, en el momento que un periódico o radio ofreciese una información sobre cualquier caso, veraz o no, pueda salir con un comunicado a confirmar, no solo a negar o desmentir, detalles literales y concretos de las negocaciones entre fiscales y abogados? Bastará con que un periodista publique algo sin desvelar su fuente para que cualquier jefatura fiscal saque notas de prensa, sin consultarlo con las partes, entre las que están los propios fiscales por cierto, aclarando todo y justificando su decisión en defensa de la verdad.

Ese es, desde mi punto de vista, el nudo del asunto y por lo que la práctica del fiscal general fue de una gravedad enorme. Una barbaridad.