El Tribunal de Estrasburgo sentencia que España no violó los derechos políticos de Junqueras, Turull y Jordi Sánchez
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza la causa abierta por los políticos independentistas, que aseguraban que su detención preventiva buscaba coartar sus derechos políticos
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha sentenciado que España no violó los derechos políticos de los políticos independentistas Oriol Junqueras, ... Jordi Turull y Jordi Sánchez. En una decisión que ha dado a conocer este jueves ha rechazado los argumentos de los tres políticos, que demandaron a España al considerar que la prisión preventiva por el caso del procés les impidió participar en los procesos políticos en Cataluña tras el referéndum.
La corte ha decidido por unanimidad rechazar los argumentos de Junqueras, Turull y Sánchez, encarcelados en 2017 por su participación en el proceso independentista de Cataluña. Considera, además, que las decisiones de la Justicia española no violaron el derecho a la libertad de expresión ni buscaban «silenciarlos», tal y como denunciaban estos políticos.
En sus conclusiones, el tribunal constata que no se produjo ninguna violación de los artículos 1, 3 y 5 del Convenio de Derechos Humanos. Más concretamente, apunta que no se vulneró «su derecho de libre elección» ni se «limitaron sus derechos», considerando que los «diversos elementos invocados por los solicitantes, no forman un todo suficientemente homogéneo para que se pueda conisderar que su detención preventiva perseguía un propósito no previsto en el Convenio».
El Tribunal determina, por tanto, que las pruebas presentadas «no sustentan» la teoría de que la prisión preventiva de los políticos independentistas fuera «arbritraria» ni que, en el caso de Junqueras, se hubiera dictado «con el único propósito de impedirle asumir el cargo de Presidente de la Generalitat».
La declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento Catalán el 27 de octubre de 2017 obligó al Senado a destituir al Gobierno catalán y convocar elecciones para diciembre de ese mismo año en el que los solicitantes -que se encontraban en prisión preventiva- resultaron elegidos. En julio de 2018, cuando las acusaciones contra ellos ya eran firmes, el juez instructor de la causa informó al Parlamento catalán de la suspensión de sus cargos públicos.
Durante su detención, los solicitantes presentaron varias peticiones para asistitr a las sesiones del Parlamento, pero todas fueron denegadas. Posteriormente, en 2019, los tres políticos fueron condenados a penas de prisión de entre nueve y trece años (por sedición, entre otros) y fueron inhabilitados para ejercer cargos públiccos y para presentarse a las elecciones por un periodo equivalente al de su condena. En junio de 2021, fueron puestos en libertad tras recibir un indulto.
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