Sánchez se deshace en guiños a Junts para salvar la legislatura e irrita al resto de socios

En Moncloa dan por sentado que el gesto de humildad del jefe del Ejecutivo - acompañado de la aprobación de un real decreto ley con medidas para los ayuntamientos, las pymes y la Generalitat - no servirá para que Junts modifique el sentido de su voto respecto de los objetivos de déficit y deuda que ayer aprobó otra vez el Consejo de Ministros sin modificaciones y la semana que viene, en el último pleno del año, volverá a debatir el Congreso. El propio Sánchez evidenció en Rac 1 que sus esperanzas de aprobar las Cuentas de 2026 son limitadas. Pero confían en Puigdemont se avenga, al menos, a volver a la situación previa, en la que había negociación y diálogo.

Junts no dará una respuesta oficial hasta hoy. La encargada de trasladarla será la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, la misma que, a principios de noviembre, para demostrar que, pese a lo que parecía creer el Ejecutivo, su partido no iba de farol, registró enmiendas de totalidad contra todas las propuestas socialistas en la Cámara baja. El senador Eduard Pujol ya dio ayer, en todo caso, una pista de por dónde irán los tiros: «Somos de mantener la posición porque las carreras de fondo son mucho mas apasionantes que los esprints de última hora» , advirtió al ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Los asuntos con los que Sánchez llamó a las puertas del partido del expresidente de la Generalitat - según reconocen en Moncloa, «sin saber si hay agua en la piscina»- fueron fundamentalmente media decena. El Consejo de Ministros aprobó ayer tres: la devolución a la Generalitat de la gestión de la oferta pública de empleo en los procesos de selección de los funcionarios locales con habilitación nacional; la autorización a las entidades locales para que puedan hacer uso del superávit de 2024 para acometer «inversiones financieramente sostenibles» (en vivienda o gestión del agua), y una moratoria de un año en la obligación de las empresas de digitalizar sus procesos de facturación.

A esas tres demandas de Junts pendientes, sin embargo, habría que añadir la próxima aprobación de un real decreto para simplificar, como venían reclamando los posconvergentes, el acceso al aval estatal para propietarios que alquilan a jóvenes y personas vulnerables que incurren en impagos; la promesa de que se aprobarán las balanzas fiscales, y el impulso a la proposición de ley de la formación catalana para atajar la multirreincidencia.

Pero al margen de las medidas concretas, Sánchez se esmeró en la actitud. Incluso reconoció que la normalidad política, que el Gobierno siempre se vanagloria de haber recuperado en Cataluña, no se consolidará «definitivamente» hasta que Carles Puigdemont pueda acogerse a la ley de amnistía y regresar. «Es más importante el mensaje que el contenido», apuntaban ayer en la Moncloa.

No hay garantías de que este despliegue de Sánchez, secundado por varios de sus ministros - la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría y el ministro de Transición Digital, Óscar López, en la comparecencia posterior al Consejo y Bolaños en la sesión de control en el Senado- vaya a tener los efectos deseados, que no son otros que lograr gasolina para agotar la legislatura; algo que el presidente insistió en que hará. Pero lo que ya es obvio es que el trato deferente del Gobierno a Junts genera recelos en el resto de sus apoyos. Incluso en Sumar.

El socio minoritario del Ejecutivo advirtió a Sánchez de que es un error recurrir al «tacticismo» y avisó de que si sus concesiones implican poner frenos a medidas para la intervención en vivienda o contra los vulnerables, puede acabar rompiendo el bloque de investidura por el lado de la izquierda. Los de Yolanda Díaz recuerdan, entre otras cosas, que el 31 de diciembre decaerá la moratoria antidesahucios. «Podemos dar tranquilidad y alivio a más de 3000.000 familias con la moratoria de los contratos de alquiler. Ya hemos presentado el Real Decreto para hacerlo, el PSOE sólo tiene que tramitarlo», dicen.

«Es gravísimo lo que está haciendo el Gobierno generando inseguridad y aún más vulnerabilidad, más revictimización en estas personas sin decir claramente si va a renovar o no esta suspensión de los desahucios», dijo aún más crítica la líder de Podemos, Ione Belarra, tras acusar al presidente de comprar a Junts su «agenda antiderechos ultra».

Gabriel Rufián también avisó de que Sánchez yerra si cree que es cierto que la posición de Junts responde a sus incumplimentos. «Junts -subrayó el portavoz de ERC en X- rompe con el PSOE por intereses empresariales e ideológicos. Y eso no lo va a cambiar ni leyes ni buenas palabras».

Y Águeda Micó, de Compromís, recordó que, en esta tesitura, un solo voto, como el suyo, es relevante: «Junts no es el único socio con el que tiene que cumplir para que haya gobernabildad».