Sánchez se apresta a contentar a sus socios para cerrar el curso con la mayoría atornillada

Si la legislatura siempre caminó sobre el alambre, ahora esa precariedad se ha agudizado no ya para el PSOE sino para los propios grupos parlamentarios que le dan soporte. La urgencia por amarrar los frutos de unas negociaciones afrontadas por todos ellos desde una posición de fuerza que, muy posiblemente, no volverá a repetirse, se ha acrecentado. Nadie quiere elecciones, pero formaciones como el PNV o ERC ya advitieron el miércoles de que su respaldo tiene un límite y este depende de algo que Sánchez no puede controlar: cómo evolucione la instrucción de lo que empezó en febrero de 2024 como el 'caso Koldo', se convirtió en el 'caso Ábalos' y es ya el 'caso Cerdán'. Incluso Sumar ha asegurado que romperá si se demuestra que ha existido financiación irregular del PSOE.

La presión sobre Sánchez para cumplir sus polémicos acuerdos pendientes es pues, dada la situación, tan clara como su necesidad de atornillar la frágil y heterogénea mayoría exhibida de nuevo esta semana frente a Alberto Núñez Feijóo. Y ese es el clima en el que tendrán lugar este lunes la comisión bilateral entre Estado y Generalitat para empezar a concretar el polémico acuerdo sellado hace un año con ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa y por el que se pretende que la Generalitat recaude, gestione, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña; y, el martes, un encuentro entre Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales en el que el Gobierno vasco aspira a cerrar al menos la primera pata del traspaso de la gestión de la Seguridad Social.

El viernes el Gobierno volverá también a llevar al Consejo de Asuntos Generales de la UE la petición de que el catalán, el euskera y el gallego sean consideradas como lenguas oficiales. Las expectativas de que esta vez salga adelante son nulas, pero Sánchez quiere trasladar a los independentistas, y singularmente a Junts, que si ese compromiso no se cumple no es porque no él no esté haciendo todo lo que está en su mano. Es más, pretende que vuelva a visualizarse que es la campaña orquestada por el PP con sus socios europeos lo que impide que esa exigencia sea ya una realidad.

Todos estos asuntos son susceptibles de alimentar los discursos de agravio no solo en las filas de la oposición. También en el propio PSOE, en el que la «financiación singular» genera unos recelos compartidos por otros socios como Compromís o la Chunta. Pero la filosofía del Gobierno es la de «partido a partido». Aún pasará un tiempo hasta que esos pactos tengan que pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera o por el Congreso en forma de reforma de la LOFCA, la ley de financiación de las comunidades autónomas. Y entre tanto, lo que Sánchez necesita es apaciguar a sus aliados potencialmente más conflictivos para poder cerrar el curso político en la Cámara baja sin nuevos sobresaltos.

De aquí a las vacaciones de agosto solo queda ya un pleno, el 22 de julio, en el que en el Ejecutivo no quiere sobresaltos. Por eso, en este momento, se plantea someter a votación únicamente asuntos que tienen la aprobación casi garantizada. Su intención es que la jornada sirva para ofrecer una imagen de estabilidad. A día de hoy, no incluye en esa última sesión plenaria ni la reforma de la carrera judicial impulsada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ni la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, la ley estrella de Yolanda Díaz. Pero la vicepresidenta segunda empuja para incorporarla, aunque sea para perder. Esgrime que retrataría a la derecha. Los socialistas no terminan de verlo. Ambas medidas cuentan con el rechazo de Junts, que exige a Bolaños un consejo del poder judicial propio para Cataluña y la desaparición de la Audiencia Nacional, cuestiones a las que el ministro es reticente.

Lo que sí se votará seguro son asuntos menos espinosos. Tres reales decretos leyes –la actualización de los anticipos a cuenta de las comunidades autónomas, que debería contar con el voto favorable del PP; el de refuerzo del sistema eléctrico tras el apagón;y otro, poco problemático, que declara acontecimientos de extraordinario interés públicos varios eventos culturales y deportivos a efectos fiscales– y la ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor; el Convenio de Navarra, si se introducen enmiendas en el Senado; una modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias; y la creación de la Agencia de Salud Pública.