PSOE, PP, Junts y PNV pactan endurecer la ley contra la multirreincidencia delictiva

Aún queda hasta que la reforma del Código Penal que plantea Junts llegue a buen puerto, pero el acuerdo fraguado este jueves en el Congreso tiene un notable calado político. Falta que se vote el informe en comisión (en dos semanas) y más tarde en el pleno. La aprobación, con una amplia mayoría formada por el PP (que tiene su propia ley contra la multirreincidencia en tramitación), PSOE, Junts y PNV, podría consumarse en febrero, en cuanto se reanude el curso político tras el parón navideño. Lo que ayer hicieron en la Comisión de Justicia es pulir la propuesta de Junts con media docena de cambio pactados con el PP y PSOE, en un contexto en el que Sánchez trata de rescatar a los de Puigdemont para la gobernabilidad y Alberto Núñez Feijóo corteja sus entornos socioeconómicos para una moción de censura.

Sánchez se prodigó el martes en gestos hacia Junts para intentar enderezar la legislatura, tratar de aprobar los Presupuestos y agotar su mandato en 2027; un intento recibido con portazo por los interpelados. Pese a ello, el presidente vuelve a ceder ante Puigdemont y los suyos, esta vez con una ley delicada en un momento en que los postconvergentes están en abierta competencia con el secesionismo ultra de Aliança y aunque ello suponga retratarse en el terreno del penalismo y el orden público con el PP.

Después de la ruptura de hace algo más de un mes, de que el PP tratara de acercar a Junts a la moción de censura a través de la patronal catalana Foment, tras la manifestación del domingo convocada por los populares y una vez que los postconvergentes tumbaron el techo de gasto que condena al fracaso a los Presupuestos, Sánchez entonó el 'mea culpa' con los junteros en sendas entrevistas en medios catalanes. El jefe del Gobierno enmendó su propio discurso al conceder a los junteros que no ha cumplido los compromisos adquiridos y se conjuró para cumplir los acuerdos con los secesionistas.

Empezó por lo más sencillo: flexibilización del gasto de los ayuntamientos, medidas para los autónomos y más salvaguardas para los propietarios de viviendas en alquiler. Junts replicó al día siguiente que la única manera de que la legislatura tenga recorrido es cumpliendo las cuestiones de calado: el regreso, amnistiado, de Puigdemont, la oficialidad del catalán en la UE y la delegación de las competencias en inmigración a la Generalitat. Y lo que el propio Puigdemont reclamó en El País semanas atrás: autorizar un referéndum, lo que pone la reconciliación casi imposible.

Aun así, el Gobierno tiende la mano y confía en que el divorcio sea reversible. Los junteros no acaban de creerse el movimiento de «última hora»del presidente del Gobierno al que ven «acorralado» por su debilidad parlamentaria y por las causas judiciales. El escepticismo de los nacionalistas podría empezar a cambiar si el Gobierno publicara las balanzas fiscales. La amnistía y la oficialidad del catalán no dependen de él y para la delegación de competencias en inmigración, pactada con Junts, el Ejecutivo necesita que Podemos vote a favor una propuesta que tilda de racista.

Es un síntoma del espinoso momento en el que se encuentra la legislatura: el PSOE, para aprobar las propuestas de Junts, se distancia de sus socios de la izquierda. Porque la otra iniciativa que reclaman los junteros es una ley antiokupas que solo puede aprobar, como la reforma contra los multirreindidentes, junto con el PP y encendiendo los ánimos entre los aliados progresistas del Gobierno.

Los de Puigdemont presentaron en marzo de 2024 una proposición de ley en el Congreso para reformar el Código Penal con el objetivo de poder combatir la multirreincidencia. La iniciativa llevaba en un cajón un año y medio, hasta que los socialistas han visto necesario reactivarla. Es una demanda histórica de los alcaldes postconvergentes, asumida también por el PNV. Los junteros proponen la reforma del artículo 235 del Código Penal para castigar con penas de entre uno y tres años de cárcel el robo de móviles o dispositivos electrónicos. La reforma contempla penas de cárcel de 6 a 18 meses para quien acumule tres condenas por hurto, aunque sean de tipo leve y de menos de 400 euros.