El PSOE carga contra el juez Puente y lo acusa de no respetar la separación de poderes: «Que se presente a las elecciones»

Desde el entorno de la presidenta de la institución, en manos de Francia Armengol, ya dejaron claro ayer su malestar y rechazaron abrir esa «reflexión» sugerida por el juez sobre si es o no necesario abordar una reforma del Reglamento para que, en casos como el del exministro de Trasportes, sea posible suspender de sus funciones a los diputados. Pero hoy, el portavoz del grupo socialista, Patxi López, aprovechó no ya para hacer un reproche específico a Puente sino, de nuevo, uno general al «colectivo de los jueces»; algo que viene siendo habitual desde que la justicia empezó a investigar al entorno de Pedro Sánchez, pero también desde que el Gobierno empezó a encajar críticas del poder judicial por la amnistía al 'procés'.

«Todo el mundo que respeta la separación de poderes sabe que los jueces aplican las leyes y no necesitamos que opinen sobre ellas», censuró el exlehendakari. «Lo que pasa es que en el colectivo de jueces de este país hay elementos muy curiosos, ¿no? -continuó- A los que no se puede criticar porque salen todos en tromba para protegerse y para denunciar que les estamos criticando, hacen huelgas en contra de leyes, incluso sin haberse aprobado, o hacen declaraciones, como la de este juez ayer, diciéndonos al Poder Legislativo lo que tenemos que hacer. Bueno, pues ya vale».

También el vicepresidente del Congreso, y secretario de política institucional y formación del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, mostró su indignación. «Cualquier ciudadano puede opinar al respecto de lo que se puede hacer y no hacer en el ámbito del Congreso de los diputados y sobre la legislación, pero hay una manera de vehicularlo, que es presentarse a las elecciones, participar en el cambio político, proponer los cambios que considere oportuno y, a partir de ahí, las mayorías parlamentarias son las que deciden».

Hasta ahora, Leopoldo Puente se había librado de los reproches de los socialistas que, así como mantienen que la esposa y el hermano de Pedro Sánchez son inocentes, y encuadran las causas abiertas en su contra dentro de una operación política de la derecha para desestabilizar al Gobierno, admiten que la investigación a Ábalos y al también exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, este sí en prisión preventiva, es más que pertinente. Fuentes gubernamentales insisten, de hecho, en calificarlo como «un buen magistrado».

En una entrevista en Onda Cero, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, incluso mostró cierta empatía con su planteamiento. «Ábalos hoy no sería diputado si del PSOE dependiera», remarcó. El ministro aseguró que él es partidario de que el acta parlamentaria no tenga carácter personal, como sostiene la doctrina del Tribunal Constitucional, sino que las organizaciones políticas bajo cuyas siglas se presentan los diputados puedan disponer de ellas. Sin embargo, también mostró reparos hacia implementar un cambio legal que permita al Congreso suspender a un parlamentario cuando aún está siendo investigado. «Le asiste -recordó- la presunción de inocencia».

Desde el primer partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, respaldó la posición del juez y aseguró que a él también le produce «estupor» ver cómo Ábalos «es un diputado que sigue las instrucciones del presidente del Gobierno y del Gobierno en todas sus votaciones». Que siga las «instrucciones» de Sánchez es mucho decir, pero lo que sí es cierto es que, a pesar de haber pasado al Grupo Mixto tras negarse a entregar el acta y de haber sido expulsado de la formación en junio de este año, el exdirigente socialista ha mantenido la disciplina socialista en todas las votaciones salvo en dos desde febrero de 2023. Este jueves, no obstante, ni siquiera apareció por el pleno.

Feijóo, en todo caso, no ha planteado, al menos, de momento, una iniciativa legislativa para cambiar las normas internas de la Cámara y que sea posible suspender a un diputado, por ejemplo, en el momento en el que pase a ser investigado por delitos de corrupción relacionados con el ejercicio de su cargo. Eso es algo que ha sido objeto de debate en otras ocasiones pero que nunca ha prosperado.

Lo que sí recoge el Reglamento del Congreso ahora es la suspensión (que no cese) de los parlamentarios «cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure esta».