Mazón, ahora también en el foco de la jueza

Hubo una situación inédita en los prolegómenos. Existían numerosas previas repartidas en varios partidos judiciales. Los instructores cruzaban los dedos para no tener que asumir un asunto de esta naturaleza que, en cierta medida, condiciona tu vida profesional e incluso puede saltar a la personal. De hecho, dos juzgados trataron de inhibirse con las primeras querellas y finalmente tuvo que intervenir la Audiencia.

La Fiscalía era la que podía impulsar la acumulación de todos esos asuntos repartidos por la provincia. Al darse un escenario tan excepcional casi que hubiera servido cualquier criterio. Se apuntó, en principio, al número de fallecidos y al hecho de si las pesquisas estaban ya iniciadas. Pero había también otra cuestión, la Fiscalía no quería disputas. Por eso, antes de solicitar la acumulación, el grupo de cinco fiscales que iban a colaborar en la causa -la realidad es que todo el peso recae ahora en uno- se reunieron con la jueza de la dana. Era un encuentro informal para conocer si la magistrada estaba dispuesta a asumir unas diligencias de esta envergadura o iba a plantear inhibirse como, en realidad, habían hecho otros compañeros. Pero no. Durante la reunión aceptó el reto. El caso de su vida. Esto fue el punto de partida de la investigación judicial más importante de los últimos 25 años. Una profesional hasta entonces desconocida comenzaba a generar interés en los medios. Este periódico publicó entonces un perfil: «Una pareja de magistrados contra la dana». Todas las fuentes consultadas, antes de apuntar algún rasgo de su carácter o capacidad de trabajo, subrayaban la estrecha relación con su pareja, también magistrado, ahora destinado en Valencia.

La magistrada no es ajena a la prensa. Incluso ha elogiado su trabajo en las horas previas a la catástrofe. Algunas de sus resoluciones se han producido, por ejemplo, a raíz de publicaciones periodísticas. Una de sus primeras decisiones, al margen de lo jurisdiccional, fue facilitar todas las resoluciones de la causa al gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Un ejercicio de transparencia necesario en un asunto sometido a la asfixiante atmósfera política. También es una solución inteligente por su parte. Este movimiento permite adelantarse a la interpretación -en ocasiones interesada- que puedan hacer las partes. Desde entonces, cada jornada el TSJ facilita las resoluciones.

Sorprendentemente para un asunto de estas características, se impuso en una velocidad de crucero en las diligencias. Una situación increíble para algunos abogados que habían llevado asuntos en ese juzgado y que clamaban precisamente por su lentitud. Pero, por suerte para las víctimas y también para los investigados, la velocidad se ha convertido en una de las particularidades del caso. Hasta tal punto que se funciona prácticamente al día. Sin ir más lejos, la misma jornada que la Audiencia pedía la declaración como testigo de Maribel Vilaplana, el juzgado señalaba fecha.

Otro de los aspectos en los que de manera inmediata echó el ancla fue el de las competencias. La protección civil es una cuestión autonómica. Y esto situó el foco en la condición de garante de los dos responsables regionales. En mayor medida, en Salomé Pradas, la exconsellera que dirigía el operativo de la emergencia desde el Cecopi. Es cierto que existe un comité de dirección, donde interviene también la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, pero la dirección de la emergencia recae en la titular de la Generalitat.

Este criterio, despejado de dudas, aclaró de manera notable el horizonte. Sólo se podía imputar un homicidio imprudente en la modalidad de comisión por omisión a aquellos que tuvieran competencias para dictar una resolución para proteger a la población civil. No se trata de un supuesto de fácil encaje. El delito se configura con la premisa de que la inacción equivale al de una acción directa y debe existir una causalidad potencial entre la omisión y el resultado. El ejemplo más común en los manuales es el de unos padres que no dan de comer a un bebé.

Pero no parece fácil sostener una acusación de este delito. Menos todavía con algunos de los testimonios que empiezan a formar parte de la causa y que fundamentalmente apuntan a la falta de información sobre el barranco del Poyo y la imposibilidad, por tanto, de adoptar las medidas oportunas. La inmensa mayoría de los testigos que han desfilado por el juzgado ofrecen una versión favorable al relato de la exconsellera. Incluso aquellos más desfavorables 'políticamente', como el de Bernabé, coinciden también en lo esencial sobre Pradas más allá de criticar la inacción de la dirigencia autonómica.

La vigilancia de los barrancos es otro de los pilares sobre los que la jueza basa su imputación. Sostiene que las competencias son de la Generalitat pese a que el Plan de Inundaciones apunta a una tarea compartida por la CHJ. Los bomberos fueron requeridos para la vigilancia in situ de los cauces. Pero se retiraron de allí tras ver que bajaba el caudal. Nadie les dio esa orden. Fue una decisión de motu proprio y, además, que no se hizo llegar al centro de control. Tampoco participaron los agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente por motivos que todavía no han sido aclarados suficientemente. Exactamente el mismo que los agentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). El planteamiento de Pradas es que cuando comienza el Cecopi el Poyo está controlado. Hay tres correos de la CHJ en este sentido y los bomberos no han dado un feedback preocupante. El correo de las 18.43 horas de la CHJ con el alarmante caudal lo cambia absolutamente todo. Pero ya parece demasiado tarde para adoptar medidas.

Aunque esta información apenas supura en la tesis de la jueza que parece difícilmente modificable cuando se cumple un año de pesquisas. Se aprecia en la rotundidad de sus afirmaciones, desde los primeros autos, en la adjetivación e incluso en el uso de la ironía en algún punto, algo siempre desaconsejable en una resolución de carácter técnico. Esta contundencia -elogiada en medios de comunicación- no deja de causar, sin embargo, sorpresa en los operadores jurídicos.

La instrucción, de momento, camina hacia un 'sálvese quien pueda'. Lo que puede resultar decepcionante para la jueza y, más todavía, para las víctimas. Todos los testimonios se dirigen hacia un objetivo principal: defender la actuación de uno mismo y, por tanto, de la Administración que representa. Existe tal carga política en esta instrucción y en sus principales protagonistas que parece complicado aproximarse a la realidad de una manera fidedigna. Y eso que, al final, se imponen algunas máximas que son de sentido común. El jefe de Climatología de la Aemet, José Ángel Núñez, lo dijo en una entrevista en À Punt. «No voy a decir que lo hicimos muy bien. Hubo 228 muertos, por lo que no podemos estar satisfechos». Esa ha sido una de las realidades que se han querido negar durante demasiado tiempo. Faltó autocrítica honesta. La reunión del Cecopi, según se desprende de la investigación, debió de ser un cúmulo de errores, imprecisiones, olvidos y demostraciones varias de incompetencia que derivó en un resultado tan inesperado como letal. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, insistió en esta idea. «Para todos es muy fácil juzgar ahora... Pero con la información que había nadie capaz de prever la magnitud de lo que pasó».

Mazón, su ausencia del Cecopi y su gestión errática y cambiante de su comida en El Ventorro, era un elemento distorsionador de la investigación, pero con más carga política que judicial. Todo cambió hace una semana. La Audiencia admitió la testifical de Maribel Vilaplana, la periodista que almorzó con el presidente hasta al menos las 18.30, según su última versión. Comienza de esta forma a estrecharse el cerco respecto a la actuación del jefe del Consell y una eventual imputación en el TSJ. La jueza mantiene la idea de que el presidente dirigió o condicionó la gestión de la emergencia y de ahí, por ejemplo, el retraso en el envío del SMS masivo. Pero hasta la fecha había sido muy cautelosa a la hora de emprender ese camino. La Audiencia le ha abierto la puerta a un desfile judicial de los cargos afines a Mazón. Una eventual exposición motivada al TSJ dinamitaría la trinchera en la que se mantiene Mazón desde hace meses. Obligaría al PP a activar una fórmula alternativa quizá incluso antes de conocer la decisión del TSJ. El futuro judicial para el presidente es hoy algo más oscuro. El político y el personal lleva un año en tinieblas.