La Fiscalía sostiene que Aldama compró a Koldo para acceder al Gobierno canario de Torres

En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos acuerda esta diligencia a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, una vez recibido el informe del pasado 30 de octubre de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación con los contratos de mascarillas y test PCR en Canarias durante el Gobierno de Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial. Se trata de cuatro adjudicaciones a la empresa Soluciones de Gestión valoradas en más de 13 millones de euros, que permitió traer cerca de 2,5 millones de tapabocas en 2020.

En concreto, el empresario Víctor de Aldama comparecerá ante el magistrado el día 27 de noviembre, mientras que Koldo García lo hará un día después a las 10 de la mañana. Sobre el papel del ministro Torres, el juez no ha tomado ninguna decisión de elevar exposición razonada al Tribunal Supremo dada su condición de aforado, por lo que por ahora solamente incrimina al exasesor ministerial y al presunto «conseguidor» de la trama de comisiones en la adjudicación de contratos sanitarios.

En su escrito previo al juzgado, la Fiscalía Anticorrupción sí entra en detalle sobre los indicios contra los dos investigados. Recoge las conclusiones aportadas por la UCO en tanto en cuanto Aldama habría comprado la influencia de Koldo en la administración canaria mediante el pago recurrente de 10.000 euros al mes desde, al menos, octubre de 2019. «En una suerte de nómina que permitía al primero la petición de favores, asegurando así la capacidad de actuación del primero en el seno del Ministerio de Transportes», señala el fiscal.

«Este pago recurrente permitía, por tanto, a De Aldama tener acceso al propio ministro», escribe el integrante de Anticorrupción sobre la condición actual de Ángel Víctor Torres, obviando que en 2020 era presidente autonómico.

Para el fiscal, es un indicio incriminatoria que el «conseguidor» de la trama revelara en noviembre de 2024 en el juzgado (supuso su salida de prisión por un fraude superior a los 220 millonario en la gestión de hidrocarburos) que observó en varias ocasiones cómo el dinero que le entregaba a Koldo éste lo repartía luego con Ábalos.

Esta relación económica de dinero en efectivo –prosigue– se mantuvo al menos hasta septiembre de 2022, catorce meses después de que Ábalos y Koldo abandonaran el ministerio tras el cese del primero. Se aseguraba así el corruptor De Aldama tener a su servicio la capacidad de influencia del exasesor de Transportes y, en el caso de Canarias, agilizar los trámites para la ejecución de los contratos. Una operativa enmarcada en el delito de tráfico de influencias en el caso de ambos, «en principio».