El hermano del presidente recusa a los magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz

El incidente de recusación tiene fecha de este martes 18 de noviembre y se adhiere al presentado por la defensa de la funcionaria provincial Juana Cinta Calderón. Además del hermano del presidente y el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, hay otras nueve personas encausadas en el procedimiento que busca dirimir si la Diputación amañó esos puestos de trabajo y posteriormente los adaptó a las preferencias personales de David Sánchez, conocido en el mundo musical como «Azagra».

La Audiencia Provincial de Badajoz solo tiene una sección Penal, que es la que ha ido resolviendo los recursos que le han presentado las defensas durante la fase de instrucción. Todas sus resoluciones han desestimado las pretensiones de los abogados y han respaldado la investigación de la titular del Juzgado de Instrucción número 3, Beatriz Biedma. Tres de los cuatro magistrados de esa sección forman el tribunal que juzgará este caso. Son el presidente, José Antonio Patrocinio, el designado como ponente Emilio Serrano y Dolores Fernández.

La defensa de David Sánchez, ejercida por Emilio Cortés, se refiere especialmente al auto que firmaron los magistrados y en el que desestimaron el recurso de su procesamiento firmado por Beatriz Biedma el 28 de abril. Para el abogado, los tres magistrados «han tenido acreditada intervención decisoria sustantiva en la fase de instrucción».

«Los Magistrados recusados -afirma el escrito del abogado Emilio Cortés- han participado en la instrucción de la causa penal, resolviendo el pleito o causa en anterior instancia, como se acredita con la documental que acompañamos (falta de imparcialidad objetiva)» en el recurso de apelación contra el auto de procedimiento abreviado «deslizándose en su discurso una serie de valoraciones de sesgo probatorio que exceden, en mucho, del análisis del balance indiciario recomendable y predicable de esta especie de alzadas».

La defensa de David Sánchez asegura que el Tribunal, en ese auto, «da por acreditados rasgos de cargo contra los acusados» por lo que «tiñe su apariencia de imparcialidad, hasta desnaturalizarla».

Pone ejemplos concretos. Entre ellos, que «en lo referente a la propuesta de creación de la plaza de coordinador de actividades entre los conservatorios se asume que «en absoluto resulta la necesidad de ese concreto puesto»», por lo que «se parte del incuestionable hecho de que, por decirlo llanamente, la plaza carecía de cualquier suerte de justificación administrativa».

Cortés apunta a que «resulta especialmente llamativa la dispersión de adjetivos» en ese auto que respaldó el procesamiento de David Sánchez, de lo que «desliza una presunción de imparcialidad que los convierte en no idóneos para la labor de enjuiciamiento que terminan asumiendo». Les atribuye haber «prejuzgado» el caso y afirma que «cuando un órgano jurisdiccional expone de una manera tan contundente el juicio ponderativo que le merece el papel quieto, el principio constitucional de contradicción queda sumergido hasta extremos abisales que comprometen el derecho de defensa en un modo inasumible en un Estado de Derecho».