Alberto Ares

Director del servicio Jesuita a Refugiados – JRS Europe

«Hay que priorizar la migración laboral regular, ahora relegada en la agenda política europea»

–¿Se puede hablar de bloques dentro de la UE en cuanto al modo de gestionar la inmigración irregular?

–Efectivamente, podemos identificar claramente diferentes bloques, cada uno con enfoques y prioridades distintas.

–¿Y qué países conforman estos bloques?

–El bloque de países mediterráneos (España, Italia, Grecia, Malta y Chipre) constituye la primera línea de entrada migratoria y defiende consistentemente el principio de solidaridad y reparto de responsabilidades, exceptuando Italia y de alguna manera Grecia, que ha dado un vuelco en los últimos años. En el extremo opuesto encontramos el bloque de Europa Oriental (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia), que mantiene una posición férreamente contraria a cualquier mecanismo de reparto obligatorio de solicitantes de asilo. El bloque nórdico y centroeuropeo (Alemania, Austria, Países Bajos, Dinamarca, entre otros) adopta una posición intermedia pero crecientemente restrictiva. Estos países, especialmente tras la llamada crisis de 2015, han endurecido progresivamente sus políticas migratorias y apuestan por la externalización de fronteras. En estos últimos tiempos, ha emergido un nuevo bloque «externalista» que, liderado por Dinamarca e Italia, aboga abiertamente por trasladar la gestión migratoria fuera de las fronteras europeas mediante centros de recepción en terceros países.

–¿Existe una salida compartida a este reto a nivel europeo?

–La salida a este complejo desafío requiere un cambio paradigmático abandonando el enfoque puramente securitario hacia un modelo integral basado en los derechos humanos. La solución pasa por reconocer la necesidad estructural de inmigración en una Europa envejecida que perderá un 6% de su población para 2100. Esto requiere priorizar la migración laboral regular, actualmente relegada en la agenda política europea, y desarrollar programas de gran escala que satisfagan las necesidades del mercado laboral Es imprescindible también abordar las consecuencias perversas de las políticas actuales de externalización, que han obstaculizado la movilidad intraafricana y empujado a las personas hacia rutas irregulares más peligrosas.

–¿Qué planteamientos cree que defiende España dentro de la UE?

–España mantiene una posición claramente diferenciada al defender lo que el presidente Sánchez denomina «soluciones equilibradas» frente al creciente endurecimiento de las políticas migratorias. Nuestro país se opone frontalmente al modelo de centros de deportación fuera de la UE, como el propuesto por Italia y Albania, considerando que «no atajan los problemas y crean otros nuevos». En su lugar, España apuesta por una dimensión exterior proactiva que se adelante a las llegadas irregulares desde las costas africanas mediante la promoción de la inmigración legal y ordenada o el fortalecimiento de asociaciones con países de origen y tránsito mediante inversión en desarrollo y cooperación,

–¿Tiene capacidad España para acoger primero e integrar después a los inmigrantes que traspasan sus fronteras?

–La capacidad real de España presenta importantes claroscuros. Desde el punto de vista demográfico y económico, España necesita aproximadamente 300.000 trabajadores migrantes al año para sostener su estado del bienestar, según cálculos del Informe España 2050, de Naciones Unidas y el Banco de España. Sin embargo, nuestro sistema de acogida muestra debilidades estructurales significativas. El modelo español se caracteriza por una marcada disparidad territorial, donde comunidades autónomas y administraciones locales actúan con diferentes criterios y recursos. En 2023, solo seis comunidades autónomas tenían planes de integración y convivencia, y únicamente tres habían desarrollado estrategias específicas contra el racismo y la xenofobia. No obstante, España parte de una base relativamente sólida según el índice Migrant Integration Policy Index M(IPEX), situándose por encima de la media de la UE en políticas de integración. El principal desafío no es tanto la capacidad física como la falta de coordinación entre administraciones y la ausencia de un marco estatal coherente.

–¿Cómo ha influido en la UE el avance de los discursos xenófobos sobre la percepción de la inmigración irregular?

–El ascenso de la extrema derecha europea ha transformado radicalmente el debate migratorio, generando un clima de hostilidad que permea toda la sociedad. Este crecimiento electoral ha tenido consecuencias directas. Los discursos xenófobos han logrado que partidos conservadores tradicionales adopten posiciones más restrictivas para no perder espacio electoral. El resultado es una Europa que construye muros más altos, criminaliza a los defensores de derechos humanos y externaliza fronteras. Desde JRS Europe hemos denunciado que la instrumentalización política de la migración ha creado un imaginario colectivo basado en la supuesta inseguridad y amenaza que representan estas personas La paradoja es evidente: mientras solo entre el 5% y el 10% de las personas que llegan a Europa lo hacen de forma irregular, el debate público se centra obsesivamente en esta cifra minoritaria. Es fundamental combatir estas falacias con datos y evidencias.

–Ustedes y muchas otras ONG se han mostrado críticos con el pacto de Migración y Asilo europeo que entrará en vigor en junio de 2026.

–Hemos expresado nuestra profunda preocupación por un pacto que, lejos de resolver los problemas estructurales, institucionaliza prácticas que vulneran derechos fundamentales. El pacto permite la detención sistemática, incluyendo niños y familias, en centros similares a prisiones o los procedimientos fronterizos acelerados sin las garantías legales obligadas.