Francia se asoma al precipicio social y económico

Sin embargo, los franceses no están dispuestos a renunciar al estado del bienestar que disfrutan, y al que el país destina uno de los porcentajes de PIB más elevados del mundo: nada menos que el 55%, en torno a diez puntos más que España, 19 por encima de Estados Unidos y 24 más que China. Si se analiza exclusivamente el gasto social, donde se incluyen la sanidad, la educación o las ayudas sociales, Francia no tiene parangón en el planeta: destina un 31,6% del PIB, casi diez puntos más que la superpotencia americana y el doble que Corea del Sur.

Como soplar y sorber a la vez es imposible, Bayrou ha presentado esta semana el borrador de los presupuestos públicos de 2026 con un doloroso recorte de 43.800 millones de euros. El tijeretazo lo propone sobre todo en gasto social, donde espera ahorrar más de 35.000 millones. En el horizonte de los franceses sobrevuelan también un aumento de impuestos y la congelación de las pensiones y del salario de los funcionarios. Y la guinda la ha puesto el anuncio de que los once días festivos del calendario laboral se quedarán en nueve. Desaparecerían el Lunes de Pascua y el Día de la Victoria contra los nazis.

El objetivo es reducir el déficit público del 5,4% del PIB actual al 4,6% -aún por encima del listón del 3% que impone Bruselas- el año que viene. Cueste lo que cueste. «Todo el país debe trabajar más para que la actividad del país en su conjunto aumente y la situación de Francia mejore. Todos deberán contribuir al esfuerzo», ha afirmado Bayrou, añadiendo que Francia debe solucionar su «adicción al gasto público». No obstante, la ecuación 'trabajar más para recibir menos a cambio' no es del gusto de nadie, y la indignación no se ha hecho esperar.

Ya suenan tambores de guerra en la Asamblea Nacional, donde la oposición amenaza con presentar una nueva moción de censura contra Bayrou. Sería la novena que afronta, pero el primer ministro sabe que en este caso tiene que andarse con pies de plomo, porque su antecesor, Michel Barnier, se convirtió en el mandatario más breve de la república -99 días- precisamente por la moción que propició su propuesta de recortes presupuestarios y alzas impositivas. «Es un momento serio y difícil», afirmó Barnier el pasado mes de diciembre, poco antes de perder su puesto. Y la coyuntura ha ido deteriorándose cada vez más.

En cualquier caso, la principal preocupación está en las calles, porque todavía está fresco el recuerdo de la crisis de los chalecos amarillos, que arrancó en 2018 como airada respuesta al incremento en el precio de los combustibles y acabó incendiando diferentes ciudades -sobre todo París- con un creciente descontento por la pérdida de poder adquistivo y la percepción de injusticia fiscal, aunque los más adinerados sufren una de las cargas impositivas más elevadas.

Fueron, en definitiva, protestas contra el paulatino declive de Francia, que es un espejo en el que se miran muchos otros países europeos y que explica, al menos en parte, la creciente inestabilidad política en el país y el auge de la ultraderecha en todo el continente. El sistema socioeconómico creado tras la Segunda Guerra Mundial se tambalea frente a una globalización liderada por países con valores muy diferentes y sin el colchón de la socialdemocracia europea, como Estados Unidos o China, y marcada por el auge del Sur Global. La prosperidad que alumbró el bienestar es más difícil de sostener cuando se compite a nivel global con una sociedad cada vez más envejecida cuya productividad y nivel de innovación se estancan mientras cae la capacidad de sacrificio a la que ahora apela Bayrou.

«La debacle se acerca, y Francia no hace lo suficiente para evitarlo», advertía el economista Olivier Blanchard en Politico. «Los partidos políticos no están preparados para aceptar lo que resulta imperativo hacer. Quizá sea necesaria una crisis presupuestaria o una crisis financiera para que se sienten y decidan hacer algo al respecto», añadió. No le falta razón. Izquierda y derecha se dan la mano en el rechazo a las soluciones propuestas, aunque con justificaciones diferentes. «Los recortes en el gasto público y la red de seguridad social tienen un mayor impacto en la vida de las clases trabajadoras y medias», sostiene el diputado de izquierda Eric Coquerel. Por su parte, la derecha se niega a incrementar la carga impositiva. «Esa es una de nuestras líneas rojas. Somos directos en nuestro enfoque político. Defendemos al pueblo francés», afirmó Marine Le Pen, líder de la ultraderechista Agrupación Nacional.

Algunos sindicatos ya han advertido de que los presupuestos de Bayrou pueden provocar una rotunda respuesta de la ciudadanía. El presidente, Emmanuel Macron, ha retado a todos pidiendo que pongan sobre la mesa propuestas para «aumentar la actividad y reducir el gasto» con la promesa de que, si hay alguna, «el primer ministro las aceptará».

Sobre todo porque, además, en su famélico estado Francia también tiene que dar respuesta a la exigencia de un sustancial incremento en el presupuesto de defensa para contentar a Trump, que ha elevado al 5% del PIB el gasto exigido para los miembros de la OTAN. No es poca cosa: Macron prometió hace una semana elevar el presupuesto militar a 64.000 millones de euros en 2027, lo que supone duplicar el de 2017. «Nuestra independencia militar es inseparable de nuestra independencia financiera. Una actividad económica más intensa y una mayor producción industrial sufragarán la diferencia», afirmó el presidente galo, aunque la realidad apunta en otra dirección. La industria lleva años marcando datos negativos y la productividad de la población crece solo unas décimas. Aunque la inversión en armamento puede dar un impulso a ambas, los expertos coinciden en señalar que no servirá para compensar las cuentas.

Por si fuese poco, en este escenario irrumpe también el auge de la inmigración, uno de los principales acicates de la división política y del auge de la ultraderecha, que ya es la principal fuerza de la oposición. El año pasado, Francia concedió 336.700 nuevos permisos de residencia, lo cual supone un 1,8% más que en 2023. El número de visados, sin embargo, se disparó un 16,8%, hasta rozar los tres millones. Preocupa esa cifra porque es fuente de inmigración irregular, ya que muchos extranjeros llegan legalmente pero luego deciden quedarse más allá del período de validez de sus permisos, como sucede en España con los latinoamericanos exentos de visado.

Aunque París endurece su política migratoria menos que otros países, se ha comprometido esta semana junto a otros cinco países centroeuropeos a impulsar medidas que faciliten las deportaciones y el control de fronteras. A ese respecto, ya ha puesto en marcha campañas policiales para reducir las llegadas: el mes pasado, más de 4.000 policías fueron desplegados en las estaciones de tren para arrestar a migrantes indocumentados. Solo entre el 20 y el 21 de mayo, en una operación similar centrada en autobuses 'low cost', se identificó a 759 pasajeros sin documentación en regla.

El problema de la migración provoca también tensiones internacionales, porque algunos de los 'simpapeles' también utilizan Francia para dar el salto al Reino Unido, algo que ha provocado tensiones entre ambos países, que este mes han llegado a un acuerdo para agilizar las devoluciones según la estrategia «uno dentro, uno fuera»: Londres devolverá a los inmigrantes que hayan cruzado ilegalmente el Canal de la Mancha y, a cambio, aceptará a un solicitante de asilo.

En mayo, Macron y el canciller Friedrich Merz también se reunieron en el Elíseo para tratar de fortalecer el eje franco-alemán en un momento de especial debilidad para ambos países. Porque Alemania, la gran locomotora europea, tampoco carbura. Los economistas coinciden en señalar que son problemas estructurales que se están tratando de solucionar con parches que no serán capaces de poner freno a la paulatina decadencia francesa y occidental.