La madre que sedó y asfixió a sus dos hijos en Parquesol

La tragedia tuvo lugar por la tarde-noche en el domicilio familiar, situado en el número 7 de la calle Adolfo Miaja de la Muela, en Parquesol. Era 8 de diciembre de 2010, miércoles y último día del puente de la Constitución. María del Carmen S. C. acabó con la vida de sus dos hijos: María, de 11 años y Jairo, de 9. La autopsia confirmó que las víctimas habían ingerido una dosis de lorazepam para impedir que opusieran resistencia.

La mujer introdujo en la comida o la bebida durante la merienda este ansiolítico para sedarles. Luego, les acostó en la cama del dormitorio principal y les tapó la boca y la nariz con una toalla o un trapo. Ambos murieron por asfixia mecánica mientras dormían. Acto seguido, la madre se intentó suicidar, aunque nada hizo pensar que también estuviese bajo la influencia de sedantes. De hecho, no se le llegó a practicar ningún lavado de estómago.

Tras matar a los pequeños, no avisó a nadie. Estuvo con los cadáveres en el domicilio desde la tarde-noche del miércoles hasta la tarde del jueves. Fue entonces cuando su exmarido, Óscar S. A., se enteró de que sus hijos no habían ido al colegio porque esa tarde acudió al centro escolar para entrenar a un equipo. De inmediato, el padre avisó a la psicopedagoga de la Asociación para la Protección del Menor (Aprome), que llamó a la madre. Cuando le pidió hablar con los niños, le dijo que estaban estudiando. La psicopedagoga notó que algo no iba bien, y le dijo al Óscar que llamase a su exmujer. Cuando lo hizo, la progenitora le dijo que esa mañana los niños se habían levantado enfermos.

Tras la llamada de su exmarido, y por alguna razón que ella nunca explicó, María del Carmen le mandó un SMS a un vecino. «Nos estamos muriendo, bórralo». Instantes después le llamó: «Los niños están muertos». Alarmado, el hombre empezó a llamar insistentemente al timbre hasta que le abrió la puerta. Al preguntar por los niños, le dijo: «No les puedes ver». El vecino encontró los cadáveres en la cama del dormitorio principal. Estaban boca arriba y tapados con una manta. Le dijo que iba a llamar a la Policía. «Si llamas, voy a la cárcel», respondió ella. El vecino logró llamar a escondidas y facilitó la entrada de los agentes al domicilio.

María del Carmen fue detenida y se ordenó su ingreso en la planta de Psiquiatría del Clínico. Según fuentes policiales, cuando llegaron a la vivienda, la madre estaba en un estado «literalmente catatónico». Ella misma les explicó que sus hijos habían muerto y solo deslizó algún pequeño matiz sobre la autoría, sin llegar a confesar. Horas más tarde, en dependencias sanitarias, declaró no acordarse de lo sucedido.

Una vez que su estado mental mejoró, los médicos permitieron que fuera interrogada y que pasara a disposición judicial, pero se negó a declarar. Días más tarde, los sanitarios autorizaron su traslado al centro penitenciario de Villanubla para cumplir la orden de ingreso. Una vez más, no prestó declaración. Allí, contó con la «máxima vigilancia» posible ante el elevado riesgo de que pudiera atentar contra su vida.

María del Carmen, de 40 años, era de la localidad zamorana de Toro y residía en Parquesol desde hacía más de diez años. Ella no trabajaba y su exmarido, Óscar, de 43, era profesor de Educación Física. Se casaron en 1995 y en 1999 y 2001 nacieron sus hijos, María y Jairo. Aunque en 2008 se produjo la ruptura de la relación, no fue hasta julio de 2009 cuando el padre presentó la demanda de divorcio.

La mujer, desde entonces, atravesó episodios depresivos y mostraba signos físicos, como su delgadez, de que pasaba por un mal momento. Con la ruptura, comenzó a obsesionarse con que él quería irse a Madrid y llevarse a los niños. La madre temía perder la custodia. Durante el proceso de divorcio, los psicólogos alertaron de que la madre era «muy posesiva». Por este motivo, el juzgado acordó que los progenitores acudiesen a un Punto de Encuentro Familiar para entregar y recoger a los niños.

En abril de 2010, el fallo de la sentencia recogía la asignación del domicilio a la madre y el establecimiento de un régimen de visitas para el padre de un fin de semana cada quince días. Además, la jueza ordenó que se respetase el régimen de visitas de fines de semana alternos y el 50% de las vacaciones escolares. La progenitora decidió recurrir este fallo por no estar conforme con el importe fijado por las pensión de los niños y la compensatoria.

Los días anteriores al crimen, la madre le impidió ver a los pequeños y Óscar notificó esta situación al Juzgado de Familia. Los trabajadores de Aprome confirmaron que los dos últimos fines de semana las entregas por parte de la madre se habían incumplido. Enfermedades inesperadas y accidentes de tráfico fueron las excusas que utilizó. En verano, interrumpió las vacaciones con el padre porque la niña tenía que acudir al médico para una revisión después de un accidente. «Un accidente del que su padre no tuvo constancia».

Por su parte, el progenitor cumplía con los horarios de visita y el pago de las pensiones. El padre nunca reclamó la custodia, pero sí ver a sus hijos con regularidad. «La madre impedía que hablase por teléfono con ellos, incluso no pudo felicitarles en sus últimos cumpleaños». La familia del padre siempre sostuvo que Óscar quiso ver a sus hijos «dentro de una relación normalizada, pero que se deterioró hasta tal punto que los abuelos dejaron de venir a Valladolid por las dificultades que ponía la madre».

El abogado del padre solicitó que se modificase el pago de los alimentos de los hijos, la hipoteca del piso y la pensión compensatoria mensual. La madre no trabajaba y era el padre el que asumía los gastos familiares. Ella pidió que su exmarido le siguiera pagando la compensatoria.

También se opuso a que Óscar pudiera disponer de la vivienda de Parquesol comprada en gananciales mientras ella estuviera en prisión al considerar que seguía siendo de su propiedad. El padre siguió pagando la hipoteca y todos los gastos, pero no podía disponer de la vivienda (seguía precintada por orden judicial). Además, costeaba el alquiler de otro piso, donde residía desde la separación.

A finales de mayo de 2011, la jueza revocó la pensión compensatoria a la madre al no ser «un pago vitalicio» y reconoció el derecho del padre a usar el piso asignado a su exmujer tras el divorcio. La magistrada consideró «ilógico y carente de sentido» que el padre tuviera que seguir pagando. La Fiscalía solicitaba 40 años de prisión para la madre por dos delitos de asesinato, con las agravantes de premeditación y parentesco.

Estaba previsto que el juicio con jurado popular se celebrase el 4 de mayo de 2012, sin embargo María del Carmen fue hallada muerta en su celda de Villanubla, estaba en prisión provisional, el 12 de marzo de ese año. Una reclusa, que fue a avisarle para que acudiera a cenar, la encontró suspendida del techo por un cordón, que podría haber obtenido de los talleres de trabajo, anudado al cuello. La madre estaba bajo vigilancia y en un protocolo de prevención de suicidios, pero aprovechó un descuido para quitarse la vida. Para la familia paterna de los niños, este hecho confirmó que «ella fue la autora de los asesinatos».

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