Los veterinarios advierten que la nueva ley ocasionará gastos municipales inasumibles

Estos profesionales, que se han reunido este fin de semana en La Alberca (Salamanca), reprochan que la ley deje «numerosos asuntos para su regulación en posteriores reglamentaciones». Así repasan que «la información que se entregará al nuevo Sistema de Registro Central, la formación de los dueños de mascotas, las revisiones periódicas de los animales de compañía, las listas de mascotas que se podrán tener en los hogares. son sólo algunos de los asuntos que menciona la ley pero que deja sin concreción hasta futuras reglamentaciones». Y alertan además de que «podría ocasionar gastos inasumibles a los ayuntamientos españoles»

«Esta ley está elaborada más con sentimiento que con cabeza, con deseo de hacer mucho pero luego concretar muy poco. La mayor parte de los asuntos que trata quedan por desarrollar, enarbolando los derechos de los animales y convirtiéndose en una ley controvertida porque alcanza el ámbito privado», apunta el presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, Luciano Díez.

Los veterinarios critican la falta de concreción, incluso en aspectos importantes. Explican que, por ejemplo, la Ley crea un Sistema de Registro Central que se compone de cinco bases de datos que deberán gestionar las comunidades: el que ya existe de Animales de Compañía y otros cuatro nuevos que son el de Entidades de Protección Animal, el de Profesionales del Comportamiento Animal, el de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía y el de Criadores de Animales de Compañía. Después de crear todos estos órganos, la ley no detalla y deja para una reglamentación posterior qué tipo de información deberán entregar al Sistema de Registro Central y quién podrá acceder a esos datos (propietarios, autoridades, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado…).

Otro de los aspectos básicos que tampoco concreta la ley y que deja para una regulación posterior es «cómo se identificará a otras especies que no sean perros, gatos, aves y hurones. La ley obliga a un reconocimiento veterinario periódico de las mascotas pero tampoco entra en cómo se va a abordar esto. De la misma manera, tampoco detalla la nueva norma cómo va a ser la formación que deberán tener los dueños de mascotas».

El presidente del Consejo de Veterinarios de Castilla y León repasa otras «inconcreciones» como que la ley establece la obligatoriedad de tener un Seguro de Responsabilidad Civil para todos los animales pero «no detalla cuál será la cuantía económica mínima de esos seguros». Se crean nuevos organismos, como el Consejo Estatal de Protección Animal, pero «se deja para después el regular quién lo conformará. Algo similar ocurre con el Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales, que incluye una composición básica y deja en el aire la composición completa futura. Es una proyección de ideas muy grande pero sin concretar», recuerda Díez.

Uno de los aspectos más conocidos de la ley es la creación de listados positivos con las mascotas que se podrán tener en los hogares. Sin embardo, de momento, qué animales figurarán en esas listas «se deja para reglamentaciones posteriores».

Los veterinarios también apuntan «al hecho de que la ley establezca que la reproducción y cría ya no la pueden ejercer particulares, salvo que se registren como criadores, una circunstancia, dicen, que podría influir en la variabilidad genética de las razas, puesto que podría tenderse a criar únicamente aquellas razas que el público desee adquirir».

Desde el Consejo autonómico advierten además de la carga que supone para las administraciones locales con la gestión de colonias felinas, con el registro, castración y desparasitación de sus integrantes, la obligatoriedad de la recogida de animales abandonados, su tratamiento veterinario, servicios de urgencia de recogida y atención veterinaria de 24 horas.

A los centros públicos de protección animal, además se les atribuye la función de seguimiento de los animales entregados en adopción, como si de un servicio social se tratase. «Esto conlleva un coste difícil de asumir por la mayoría de los municipios españoles y podría dar lugar a tasas a pagar por los propietarios o adoptantes para cubrir el coste de los servicios».

Por su parte, Luis Alberto Calvo, presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), mostró su preocupación por los problemas que va a generar la ley en su aplicación práctica a los veterinarios, sobre todo clínicos, y confió en que el desarrollo reglamentario logre solventar algunas de estas cuestiones.

Durante la jornada también intervino el veterinario Miguel Ángel García, que abordó la figura del veterinario de explotación. Al respecto señaló que es imprescindible la colaboración veterinario-ganadero, que será necesario contar con planes sanitarios específicos en cada explotación, llevar un registro por escrito de actuaciones e incidencias y vigilar el bienestar animal, sobre todo en extensivo.

En el encuentro han estado presentes representantes de las juntas directivas de los Colegios Oficiales de Veterinarios de Castilla y León, que han estado acompañados por el presidente del Consejo autonómico de Colegios, Luciano Díez Díez, y el presidente de la Organización Colegial Veterinaria, Luis Alberto Calvo.