Castilla y León

El techo de gasto de la Junta ha subido en 5.000 millones desde el primero que tramitó

El Gobierno autonómico se autoimpuso esta obligación en abril de aquel año como muestra de su «compromiso con el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria», según informó entonces, y en línea con lo establecido por «la Constitución Española y la Unión Europea». Tanto es así que se anticipó a la entrada en vigor de la ley orgánica estatal que forzaría a todas las administraciones a elaborarlo y a su equivalente regional, que en aquel momento estaba en tramitación.

Ambas normas persiguen adaptar la actividad pública a lo que razonablemente permita el ciclo económico, de modo que en los periodos de crisis no se pueda incurrir en un endeudamiento excesivo y en los de bonanza el superávit vaya a un Fondo de Reserva con el que se amortice esa deuda. O lo que es lo mismo, como ocurre en cualquier familia, se trata de ajustar la capacidad de gasto de la Administración a los ingresos que espera recibir, sin contar lo que tiene que dedicar obligatoriamente a pagar lo que debe (los intereses y el principal de los préstamos).

Como es lógico, es en la Ley 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria de Castilla y León, donde se fijan las condiciones específicas que se deben respetar aquí a la hora de confeccionar el límite no financiero. Entre ellas figura,en concreto en el artículo 7, que la Junta dispone de un mes para acordarlo desde el momento en que el Gobierno de España aprueba el objetivo de estabilidad del siguiente ejercicio, así como que la aprobación por parte de las Cortes «deberá producirse antes del 31 de julio de cada año».

Esto último no podrá satisfacerse en esta ocasión, teniendo en cuenta que la tramitación ha comenzado este viernes 10 con el preceptivo registro en el Parlamento. Así las cosas, como pronto podría recibir luz verde en el pleno del próximo 21 de octubre, si bien es cierto que entre los motivos del retraso podría estar que el Ministerio de Hacienda no ha cumplido con su parte y el Ejecutivo de Alfonso Fernández ha tenido que echar mano de la senda de estabilidad a la hora de perfilar la cuantía.

Ahora bien, ¿cómo se calcula el techo de gasto? Pues es un 'guiso' con tres ingredientes, es decir, el fruto de combinar tres magnitudes. Por un lado, los ingresos no financieros que prevé obtener la comunidad en 2026, que según la Consejería de Economía y Hacienda ascienden a 14.122,12 millones de euros. A esto se le suman, en segundo lugar, los recursos asociados al déficit. Puesto que está fijado en el -0,1% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad, equivale a otros 82,89. Para terminar y que la receta salga bien es preciso tener en consideración los ajustes de la Contabilidad Nacional, lo que implica restar 21,73 millones.

Los más de 14.183 millones de euros resultantes suponen un incremento del 5,14% respecto la cantidad correspondiente a 2025, y son la principal pista sobre el montante que puede alcanzar el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC) para el año que viene. Sera el último de la legislatura y este sí se aprobará en tiempo y forma, puesto que está previsto que reciba el aval del Consejo de Gobierno en una sesión extraordinaria convocada para el martes y por tanto «antes del 15 de octubre», como marca el artículo 89 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Posteriormente se llevará al Parlamento, y será la Mesa de las Cortes las que establezca el calendario para su tramitación empezando por su publicación en el Boletín Oficial de la Cámara de representación. Lo normal es que las comparecencias de los consejeros para explicar sus planes comiencen en torno a una semana después de esa fecha, y concluida esta fase se abrirá un plazo de presentación de enmiendas a la totalidad (al que seguirá su debate), otro para proponer enmiendas al articulado, el informe de la ponencia, el dictamen de la comisión y el debate final, que habitualmente tiene lugar al filo de la Navidad.

Cabe recordar que el gasto no financiero constituye el grueso de los PGC, prácticamente el 90%. Para comprobarlo basta analizar, por ejemplo, el contenido del fallido anteproyecto de ley para 2025, que se presentó a los medios de comunicación hace ahora justo un año pero no llegó a recibir nunca el aval de la Junta de Consejeros. Ascendía a 15.084 millones de euros de los que solo 1.593,58 correspondían a operaciones no financieras (activos y pasivos), lo que extrapolado a 2026 podría situar las cuentas en el entorno de los 16.000 millones de euros.

En los trece años que han pasado desde que es obligatorio aprobar ese límite el Ejecutivo de la comunidad solo ha dejado de hacerlo una vez, en 2019. En otras cuatro ocasiones lo ha hecho pero no ha tenido aplicación práctica, para ser exactos en 2020, 2022, 2024 y 2025, puesto que optó por prorrogar, respectivamente, los Presupuestos de 2018, 2021, 2023 y 2024. En cuanto a su evolución, no sigue un patrón fijo. En sus inicios se registraron los dos únicos descensos, puesto que el techo de 2013 cayó el 4,19% en comparación con el de 2012 y lo mismo ocurrió un año después, cuando el de 2014 bajó el 1,29% respecto a su antecedente. A partir de ahí todo han sido aumentos, el más abultado el 7,99% de 2021.