Subidas de más de 150 euros al mes al actualizar alquileres de viviendas protegidas

¿Cómo se llega a esta situación con las viviendas protegidas en la comunidad cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 23 de mayo de 2023 prohíbe a los caseros revisar por encima del 3% los alquileres en 2024? Para los afectados la clave está en una Orden publicada por la Consejería de Medio Ambiente Vivienda y Ordenación del Territorio en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el 26 de diciembre del año pasado por la que «se actualizan los coeficientes para la determinación de los precios máximos de venta, adjudicación y de referencia para el alquiler».

Esa regulación está orientada a «adecuar» los precios de las promociones de vivienda protegida «a la realidad del mercado», que tras la invasión de Ucrania por los rusos y con la crisis de inflación alcista de los últimos años se había visto impactado por un importante incremento del coste de los materiales de construcción, lo que ponía en riesgo la viabilidad de las promociones públicas. La licitación se adjudicaba por un presupuesto calculado con unos costes que en apenas unos meses quedaban totalmente superados por la realidad.

«Nos dicen que esa orden actualiza precios por el efecto de la guerra de Ucrania, pero al no ceñirse a la nueva construcción las empresas suben los alquileres también en viviendas protegidas que llevan muchísimo tiempo hechas. No es correcto que quien construyó hace 20 años aplique ahora esta barbaridad de subida», explica uno de los afectados que pagaba una renta en el entorno de los 300 euros, a la que anualmente se le aplicaba el IPC (salvo el año pasado en el que el Gobierno central fijó el tope máximo de actualización de alquileres en el 2%) y que este año se ha encontrado con la sorpresa de que esos alrededor de 300 euros se han convertido de la noche a la mañana en 450, con un incremento que supera el 40%. La alternativa si no estás de acuerdo, apunta este afectado, es clara: «O lo firmas o te largas de la vivienda».

Así, una vivienda de unos 70 metros cuadrados de promoción pública (de la propia Junta o de ayuntamientos) en una ciudad ha pasado de un alquiler mensual de 301 euros a 402. Si ese piso es de promoción privada, construido por promotoras inmobiliarias con el apoyo de fondos públicos, la renta de unos 530 euros mensuales puede trepar hasta los 680.

El efecto de incremento exponencial en la renta del alquiler en viviendas orientadas a facilitar un techo a un precio asequible se produce en un momento en el que la comunidad, con el impulso de los fondos europeos de reactivación postcovid, apuesta de nuevo por la contrucción de promociones de vivienda pública de alquiler para jóvenes. Desde la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda niegan que sea la orden que impulsaron para actualizar los precios máximo el origen de esa situación. Aseguran que el problema se plantea en los casos en los que, finalizadas las prórrogas obligatorias, cuando «el arrendador plantea la firma no de una prórroga o renovación, sino de un nuevo contrato, aunque se celebre entre las mismas partes. En este caso, no rige el límite máximo del IPC, puesto que no se trata de una prórroga».

Añaden que la regulación de los planes estatales de vivienda de 1992 a 1999 recoge unas rentas máximas más elevadas que las estipuladas en planes posteriores y que «ese es el motivo» por el que el arrendador, empresas inmobiliarias y constructoras por lo general, ante un nuevo contrato, aunque sea al mismo inquilino, «se ve habilitado para proponer al arrendatario un precio más alto para la firma de ese nuevo contrato» en las viviendas que se edificaron con los programas públicos de esos años.

Desde la oposición no lo ven así. José Luis Vázquez, procurador del PSOE especializado en el área de Medio Ambiente y Vivienda, remarca que ya avisaron sobre el efecto perverso que iba a generar la regulación autonómica y que la decisión del Gobierno regional, antes del PP y Vox y ahora del PP, de no corregir la situación ha convertido a la Junta en «el principal especulador con los precios de la vivienda en Castilla y León».

Vázquez incide en el efecto opuesto de las medidas sobre el alquiler que han impulsado el Gobierno de España y el de Castilla y León. «Mientras el primero limitaba los precios a lo largo de los años 2022 y 2023, la Junta ha establecido una subida de los alquileres que entre estos dos años alcanza entre un 30% y un 58% más», señala el parlamentario socialista, que afea al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco su carencia de «política de vivienda pública». Una crítica a la que ahora se suman regulaciones como la Orden para actualizar precios con la que, a juicio del parlamentario del PSOE, «la Junta ataca frontalmente» a jóvenes, familias y «a nuestra gente más vulnerable, es algo indecente».

Hasta la Administración económica han llegado consultas y quejas. «Hasta el momento, en todos los casos de quejas similares, los precios propuestos para los nuevos contratos estaban dentro de los límites marcados por nuestra normativa», precisan desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.