Suárez-Quiñones carga contra el «trilerismo» del Gobierno por el informe del lobo

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, calificó de «trilerismo» el informe «sacado de la chistera» por parte del Gobierno de España y el Ministerio de Transición Ecológica acerca del estado desfavorable del lobo ibérico en el país, que se ampara en «supuestos científicos», por lo que dejó claro que «no van a consentir más engaños ni aceptar manipulaciones». «Nosotros tenemos los informes de biólogos, veterinarios e ingenieros públicos de todas las comunidades autónomas que determinan y certifican la evolución favorable de la especie en población y en territorio», remarcó.

El Gobierno «está tratando y va a tratar de impedir por todos los medios» que el lobo vuelva a ser gestionado por las autonomías, porque «se resiste a cumplir la decisión europea y la decisión de las Cortes Generales Españolas», por lo que «va buscar los subrerfugios y manipulaciones» que pueda encontrar para impedir que que se pare la «sangría de 6.000 cabezas muertas al año por el lobo en Castilla y León e impedir que se dé un respiro a los ganaderos ante una situación insostenible», lamentó.

Con motivo de la entrega material logístico estratégico de emergencias a distintas entidades de Castilla y León, Suárez-Quiñones afirmó que se asiste a un «nuevo episodio» de lo que es el Gobierno de España y el Ministerio de Transición Ecológica, en referencia a un informe publicado por la cartera ministerial en el que se detalla que el último censo del lobo ibérico refleja que España cuenta con 333 manadas (un 12 por ciento más que en 2019), lo que significa que «continúa en situación desfavorable«, al asegurar que la comunidad científica establece que España debería contar con un mínimo de 500 manadas de lobos para que esa especie deje de estar en situación desfavorable y se garantice su viabilidad genética, informa Ical.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico trasladó esas cifras este viernes a las comunidades autónomas en el marco de la Comisión Sectorial de Medio Ambiente, donde comunicó que dejará de financiar con 20 millones de euros anuales las ayudas para cubrir daños del lobo al ganado.

Suárez-Quiñones recordó que se ha cambiado la Directiva Europea Hábitat para hacer que el lobo en toda Europa sea gestionable por las comunidades autónomas o por los estados. Un «cambio histórico» desde el año 92 y por tanto una «conquista en la que Castilla y León ha tenido mucho que ver», porque, en definitiva, es algo que «iniciamos y gestionamos desde aquí y a la que se unieron muchas comunidades autónomas y que conseguimos después de varios años de trabajo», aclaró.

Finalmente, el Comité del Convenio de Berna, con 50 países, adoptó una propuesta de la UE para modificar el estatuto de protección del lobo, dado que consideró que había que revisar la figura jurídica de protección del lobo y pasar de una protección estricta a una protección simple. Por tanto, el lobo «va a seguir protegido», pero va a permitir a las comunidades autónomas «gestionar esa protección con otros intereses que tienen que conectarse», como son los de la ganadería de los pueblos y rebajar el número de daños.

Lamentó que al Gobierno de España sólo le gusta lo que se aprueba en el Congreso de los Diputados «cuando le viene bien», ya que, hace unas semanas, se dio luz verde a la Ley de desperdicio alimentario, que no tiene que ver con el lobo, pero en la que se incluyeron unas disposiciones adicionales y transitorios que sacaban al lobo del Lespre.

En ella se estableció «algo muy importante», ya que el Gobierno tiene que remitir un informe sobre el estado de conservación de las especies, que es «capital, a Europa», que tiene que hacerlo cada seis años, y que lo hizo en el 2019, «mandando datos en los que nosotros estuvimos totalmente en desacuerdo».

Explicó que, con los cambios, el Ejecutivo estatal tiene que mandar ese informe y, a su vez, aprobarlo en la Conferencia Sectorial de Gobierno y Comunidades Autónomas, documento que tiene que enviar antes del 31 de julio, razón por la que hoy había una reunión preparatoria de esa conferencia sectorial de directores generales, comentó.

El consejero apuntó que se celebró el pasado 11 de abril una reunión de técnicos del Gobierno de España y las autonomías, donde se pusieron de acuerdo sobre el censo nacional y se determinó que había 333 manadas frente a algo más de 290 en el último censo realizado en 2014, lo que demostraba un «claro crecimiento» del lobo en población y en territorio.

Además, puntualizó que se quedó en esa reunión que el Gobierno mandaría una nota de prensa conjunta y que se presentaría el censo en mayo, aspectos que ha incumplido, ya que presentó ayer, de manera «sorpresiva» los datos. Una maniobra que responde a la celebración en el día de hoy de una reunión preparatoria de directores generales de esa conferencia sectorial. «No vamos a aceptar ese informe», recalcó.

En ese sentido, el consejero trasladó que se encuentran estudiando dicho informe, en coordinación con el resto de autonomías, algunas de ellas gobernadas por formaciones diferentes al Partido Popular, dijo, para analizar por parte de los funcionarios y expertos los datos que «se han sacado de la manga», porque «no nos van a pillar», aseveró.

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