Juicio por la trama eólica

El responsable de una empresa afectada: «Delgado me dijo que si me autorizaba los parques le cortaban el cuello»

Este miércoles era el turno de los responsables de Salamanca, Segovia y Palencia en aquellos años, que se han pronunciado en la misma línea de lo manifestado por sus homólogos en sesiones anteriores respecto a que las órdenes de autorización llegaban directamente de la Dirección General de Energía y Minas a partir de la avocación de competencias de 2004. Además, Sergio González de Mercado, que estuvo al frente del servicio territorial de Segovia, ha llegado a aseverar que estaba en contra de la instrucción que otorgó a Delgado el poder para autorizar los parques, «que no era correcta», pero que cumplió órdenes.

El siguiente en declarar ha sido el empresario vallisoletano Javier Mozo, que ha ratificado el periplo por el que pasaron con los parques de Cantiruela y Las Pardas, promovidos por Ibervento en Burgos, que no llegaron a autorizarse hasta que se produjo la venta de la sociedad a Endesa. Mozo, que fue el administrador de la promotora hasta el cambio de manos, ha detallado cómo la presencia en el accionariado de sus socios alemanes fue la excusa esgrimida por Delgado para no autorizar sus instalaciones, pese a que se les había otorgado la declaración de impacto ambiental.

Así lo ratificó el que fuera jefe territorial de Industria de Burgos, Mariano Muñoz, que dijo en una vista anterior que ambos parques estaban listos para ser autorizados, pero que no pudo plasmar la firma dado que esa competencia se había transferido a Delgado tras la instrucción de 2004. Llegó a relatar cómo en una reunión, en la que Delgado le trasladó un listado sin membrete de la Junta con los parques que debían ser autorizados y entre los que no se encontraban los de Ibervento, el exviceconsejero le dijo que se «callara la boca» cuando le pidió explicaciones. «Me dijo que no los iba a autorizar y punto», aseguró, calificando el momento como «bastante tenso».

Mozo ha explicado que, dada la paralización que sufrían sus proyectos, y toda vez que desde la delegación territorial le comunicaron que su aprobación ya solo dependía de Valladolid, solicitó una reunión con Delgado, en la que este le dejó claro que no iban a tener autorización. «Me dijo que era mucho más conveniente para la economía de Castilla y León que los parques eólicos los promovieran determinadas empresas locales», ha rememorado, detallando que el exviceconsejero llegó a asegurarle en dicho encuentro, ante su insistencia en que ellos eran una empresa local, que no podía darle esas autorizaciones porque si no «le cortarían el cuello», sin precisar de quién hablaba.

Tras comunicar el contenido de esa reunión a sus socios alemanes, uno de ellos decidió salirse del negocio, llegando a afirmar que «ya no le interesaba seguir invirtiendo dinero en Castilla y León». En ese contexto, recibieron una llamada de Endesa para interesarse por la compra de los parques que promovían, viéndose obligados a vender para recuperar la inversión que hicieron en la infraestructura de evacuación, que ha cifrado en tres millones de euros. «La situación salió en prensa, fui a las Cortes, a la Comisión Nacional de Energía, a Bruselas. Era 'vox populi' la situación de estos proyectos», ha contextualizado, sobre cómo la eléctrica llegó a conocer la situación que les llevó a vender la empresa.

«Nos dijeron que les interesaba comprar la sociedad. No pasó mucho tiempo hasta que nosotros intentamos encontrar comprador. Recibí personalmente esa llamada de Endesa invitándonos a empezar a negociar la venta de la empresa y en muy pocos meses llegamos a un acuerdo», ha explicado, con un precio de venta «razonable», aunque no era «ni mucho menos» lo que esperaban obtener con la explotación de estos parques.

«Si no se hubieran dado esas circunstancias expuestas, creo que no hubiéramos vendido», ha apostillado, a preguntas de las acusaciones particulares, recordando que, una vez se cerró la transacción, la autorización administrativa llegó en cuestión de «semanas» o de «muy pocos meses». «Teniendo en cuenta que los proyectos habían obtenido la declaración tres años antes, podemos decir que fue muy rápida», ha apostillado.