Otro cobro de pan en un restaurante de Valladolid llega al Procurador del Común

Los gestores públicos señalados atribuyen esa dejación respecto a la reclamación sobre el cobro de la ración de pan al «importante volumen de expedientes existentes en dicho servicio». Así se lo trasladaron al equipo de Tomás Quintana cuando desde el departamento del Defensor autonómico les han requerido información sobre el estado de tramitación de la denuncia administrativa contra el establecimiento hostelero. Añadían que atienden el papeleo «según orden de entrada» y que la reclamación que da origen a la queja «será tramitada en el plazo más breve posible». Desde la asociación de consumidores que la interpuso han confirmado esta semana que siguen sin recibir respuesta de la Junta. No es la primera resolución el Procurador del Común sobre demoras en la tramitación administrativa.

Pablo Gerbolés, responsable del departamento jurídico de Facua en Castilla y León, explica que presentaron la reclamación ante la Junta después de haber realizado una primera gestión, sin éxito, ante el establecimiento hostelero ante el cobro del pan cuyo coste no figuraba en la carta. No es el primer tropiezo con un cobro indebido de pan en una factura para Facua y para el abogado vallisoletano. Gerbolés llevó al juzgado y ganó el pleito sobre un caso similar por la incorporación del pan a la minuta de una comida en la que era uno de los comensales. «No se trata de recuperar los 80 céntimos o los 1,20 euros que han cobrado por el pan. Lo importante es que figure en la carta y el cliente sepa que se cobra y la cuantía», remarca Gerbolés.

Con el episodio que ha llegado al Procurador fueron pasando los meses y la Administración autonómica aplicó la misma estrategia a la reclamación que había seguido el establecimiento, la falta de respuesta, por lo que recurrieron al Procurador del Común.

La resolución de la Junta a la reclamación interpuesta ante el Servicio Territorial de Cultura y Turismo llegará cuando el restaurante que fue el origen del conflicto con la factura ha solventado esa 'laguna' con el pan. Es el Macanudo, según indica Gerbolés, que remarca que el establecimiento ha introducido un cambio en su carta, como han verificado desde Facua. «No sabemos si ha sido a instancias de Administración o por iniciativa propia, pero está subsanado», precisa el especialista jurídico de Facua, que reconoce la ausencia de notificación de la Junta sobre la reclamación que interpusieron.

El Procurador del Común recuerda a los responsables de ese Servicio Territorial autonómico que la denuncia puede constituir una infracción y que el Estatuto del Consumidor de Castilla y León, en su artículo 50, establece el deber de resolver y notificar un procedimiento sancionador en seis meses. El proceder del personal del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte asentado en el silencio y la falta de respuesta expresa sitúa a los denunciantes, según subraya el Procurador tras investigar el asunto, «en una situación de incertidumbre indefinida en el tiempo».

«Se debe impulsar la tramitación de las denuncias como la formulada por la Asociación Facua con la mayor celeridad posible, no tanto porque exista un interés en sí mismo en que se imponga una sanción por hecho que presuntamente serían constitutivo de una infracción administrativa, sino por el interés público existente en el cumplimiento de la legalidad vigente y en que se depuren las posibles responsabilidades que concurran con ocasión de la actividad de los establecimientos abiertos al público», remarca el Procurador en una resolución en la que remarca el deber legal de la Administración autonómica a no someter a los ciudadanos a «retrasos innecesarios» y a tramitar y finalizar los procedimientos «en un tiempo razonable, que es el previsto por las normas legales».