El PSOE se apunta el tanto de la retirada del «decretazo» sanitario en Castilla y León

En el escrito, el PSOE pedía derogar el decreto y «devolver la negociación a la mesa sectorial» para que se pudiera «restablecer el necesario equilibrio en la determinación de las condiciones laborales de los empleados públicos».

Un día más tarde, Francisco Igea tomaba la palabra tras la intervención inicial de Verónica Casado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. «Antes de pasar a la ronda de preguntas, comunicarles que el presidente de la Junta ha decidido hoy suspender el decreto 2/2020 de prestaciones obligatorias dada la evolución de la pandemia y la no necesidad en este momento de dicho decreto». Punto. Tan escueto resultó que la primera pregunta de la comparecencia fue para pedirle que aclarara a qué decreto se refería, aunque tampoco se explayó mucho más allá. «Se trata del decreto 2/2020 de 12 de noviembre, del presidente de la Junta de Castilla y León como autoridad competente y delegada por el que se regulaban las prestaciones personales obligatorias para los recursos humanos en el ámbito del sistema de salud de Castilla y León», zanjó.

Para los socialistas este fue su primer gran triunfo post-moción. Con el PP y Cs tratando de encontrar alianzas estables con Por Ávila, y con Vox a la expectativa, han podido echar abajo un decreto que criticaron desde su aprobación. «Mañueco ha derogado el decretazo», se enorgulleció Diego Moreno, procurador responsable de asuntos sanitarios en las Cortes por parte del PSOE. «No lo hace por ninguna causa aparente, como no la tenía para aprobarlo. Hay una causa, en realidad, la debilidad manifiesta del Gobierno, que ha perdido la mayoría en las Cortes tras la moción de censura de Luis Tudanca y eso le lleva a tomar decisiones en base a las iniciativas que presenta el partido mayoritario en las Cortes. 24 horas antes habíamos registrado una iniciativa para pedir la derogación y viéndose en minoría y sabiendo que iban a perder la votación han decidido adelantarse», aseguró.

Las críticas de los sindicatos habían llevado a Mañueco a anunciar que no se aplicaría sin diálogar antes con ellos, pero no se retiró.

De hecho, el sindicato CSIF, pese a considerar «acertada» la retirada del decreto, considera que esto no acaba de «restituir» la confianza y la seguridad en el personal sanitario, por lo que mantendrá el recurso que presentó en los tribunales «hasta que no haya garantías palpables de la anulación de este decreto».