«Muchos propietarios son ahorradores que necesitan la renta del alquiler para vivir»

En octubre concluyó la moratoria hipotecaria y la prohibición del corte de suministros de agua, la luz y el gas para familias vulnerables; sin embargo, se mantiene el veto a los desahucios para hogares vulnerables y se amplió la posibilidad de prolongar los contratos del alquiler en las mismas condiciones pre-covid-19.

«Desde la cámara prestamos asesoramiento técnico a los propietarios, les ayudamos en la gestión de tributos y les damos apoyo en trámites como las obras de mejora o las labores de mantenimiento –explica–, todo en aras de salvaguardar la rentabilidad de su patrimonio». Pero desde el estallido de la pandemia una actividad ha crecido por encima de todas:«Hemos incrementado sobre todo las gestiones para facilitar los acuerdos entre inquilinos y propietarios; es comprensible que haya casos en los que los primeros puedan tener problemas para pagar la renta, pero también lo es que los segundos dependen de esos pagos para vivir».

Rodríguez incide en la importancia de que las partes hagan un esfuerzo por llegar a acuerdos en este sentido porque «es muy importante que no se rompa esta cadena de pago, ya que en ese caso las consecuencias irían trasladándose a todos los ámbitos». Muchos propietarios, aclara, tienen hipotecas u otras cargas, han costeado reformas para poner el piso o local en alquiler y no pueden permitirse grandes bajadas.

Ante el creciente número de casos de impago de alquileres, la asociación –que cuenta con 7.000 socios y representa a cerca de 30.000 personas en Valladolid, Laguna de Duero y Medina del Campo– ofrece un seguro que cubre el impago de rentas, la defensa jurídica y los actos vandálicos como principales coberturas. Entre los problemas que afrontan los propietarios como consecuencia de la crisis derivada de la covid, el responsable de la cámara de la propiedad cita también las subidas de impuestos que ya se han producido –«en el caso del Impuesto de Bienes Imuebles, del 3%»– o la ausencia de medidas de alivio para el pago de IVA en el caso de los alquileres de locales comerciales, «en un momento en que está casi generalizado el cobro dudoso, con lo que los arrendadores no tienen niguna seguridad de acabar cobrando».

Por otro lado, ante un proceso de desahucio, pese a que la ley de arrendamientos urbanos establece que dejar de pagar una sola mensualidad ya da derecho al propietario a iniciar un procedimiento de desalojo, «en la práctica es un trámite que puede prolongarse hasta un año», entre otras razones por la saturación de los juzgados. La tramitación de la solicitud de las cantidades adeudadas, aclara, tarda más de un año.

La ocupación ilegal de viviendas vacías no es una práctica demasiado extendida en la comunidad autónoma (37 procedimientos iniciados en el primer semestre del año, según el CGPJ, once de ellos en Valladolid), pero sí una amenaza creciente que añade inquietud a los pequeños propietarios, apunta Óscar Rodríguez.

Además, en la cámara se suceden las consultas teñidas de inquietud ante iniciativas como la del Ayuntamiento de Barcelona de imponer rebajas en los alquileres –«no es descartable que se extienda», advierte– o las noticias que hablan de que el Gobierno podría fijar topes a los arrendamientos.Según el gerente de la institución, «se genera un desamparo preocupante que puede tener un efecto indeseable en la mercado de la oferta y la demanda». «Las administraciones darían una mejor solución al problema de la vivienda incrementando la oferta de viviendas de alquiler social», defiende.