Castilla y León

Los profesores universitarios piden actualizar sus salarios, entre los más bajos de España

«Ocurre por una falta de regulación, por una falta de sentarse en convenio colectivo a negociar, porque cada vez que las universidades públicas se sientan, nos levantan a los cinco minutos porque dicen que no hay dinero para actualizar el convenio colectivo», ha apuntado Ana Negro, responsable autonómica de Stecyl-i en universidad. La protesta se enmarca también por la Ley Orgánica del Sistema Universitario, cuya aprobación obliga a la Junta a adaptar la normativa autonómica. Son muchos cambios, la mayoría relacionados con el personal de las universidades.

«Castilla y León es la segunda comunidad por la cola que menos gasta, que menos inversión hace en universidades por alumno matriculado, solo por delante de Madrid. Es una financiación que condena a las universidades públicas», ha concretado José Antonio Alegre, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO. Por ello, piden abrir los espacios de negociación colectiva para «abrir un horizonte de mejora de las condiciones de trabajo». Y añaden desde CSIF. «Pedimos que se desarrollen las figuras laborales que son de su competencia y que no ha desarrollado, como la equiparación entre el profesor permanente laboral y el profesor titular de universidad, que es lo que exige la ley», ha apuntado Roberto Fernández, responsable del sector de universidades de la central sindical.

Según los datos recogidos por los sindicatos, los salarios anuales de las dos categorías del profesorado contratado más relevantes de las universidades públicas de la comunidad, el profesor ayudante doctor (PAD) y el profesor permanente laboral (PPL) creada por la LOSU están «a la cola de todas las comunidades autónomas». En concreto, los salarios ascienden hasta los 34.248,90 euros para las categorías de profesor contratado doctor (PCD) y los ya citados PPL (son dos figuras que se igualan con la entrada en vigor de la LOSU), la cuantía más baja de todo el país y tres mil euros por debajo de la media nacional. En el caso de los PAD, Castilla y León es la octava con el salario más bajo, con 31.226,64 euros, mientras que para la figura de profesor titular de universidad (PTU) el sueldo anual es de 38.709,54 euros. Aquí, la región ocupa la cuarta posición más alta en todo el país, pero está 200 euros por debajo de la media española.

La norma también pide igualar las figuras de PPL y PTY, algo en lo que se ha avanzado en otras comunidades autónomas, donde la equiparación ya es del cien por cien. De hecho, según los datos de los sindicatos, Castilla y León es la única comunidad que todavía mantiene esta comparación por debajo del 90%.

Los sindicatos inciden en que la financiación pública a las universidades de Castilla y León ha ido exigua. «Se han producido recortes muy importantes y hay un límite de gasto impuesto por la Junta cuyas conseuencias son nefastas para la calidad y exelencia del sistema universitario». Y advierten también sobre el envejecimiento de las plantillas. «Se está poniendo en riesgo la sostenibilidad y la calidad del sistema. Se exige un programa plurianual que, en coordinación con las universidades, nos asegure tener una financiación justa y suficiente», añaden las organizaciones sindicales. Los representantes plantean futuras movilizaciones centradas en cada uno de los campus castellano y leoneses si la administración no atiende sus peticiones.

Por su parte, la consejera de Educación, Rocío Lucas, ha subrayado en declaraciones recogidas por Ical, que las universidades pública tienen autonomía y, por tanto, cuentan con la competencia para negociar las condiciones laborales en los convenios colectivos. En este sentido, recordó que la Universidad de Salamanca dispone de un convenio colectivo propio mientras que en el caso de Burgos está «muy avanzado» y se mostró esperanzada en que las otras instituciones -Valladolid y León- «avancen», en breve, en la mejora de las condiciones laborales. Además, Rocío Lucas ha asegurado que el presupuesto de la Junta destinado a las universidades ha aumentado un 26% en los últimos seis años y es un dinero que, a su juicio, debe servir para «abordar» las condiciones laborales de sus empleados.