Los problemas con la atención médica en el medio rural sobresalen en el informe del Procurador del Común de 2020

El informe anual del Procurador del Común de 2020 constituye una radiografía precisa de los sufrimientos provocados por la pandemia. De las 6.248 quejas recibidas, 1.766 se refirieron a asuntos relacionados con la covid-19. Cuatro de cada diez de esas quejas pandémicas tuvieron como objetivo cuestiones sanitarias y muestran de forma descarnada la incertidumbre que ha provocado una situación que ha obligado a la Consejería de Sanidad a adoptar e improvisar medidas según iban cambiado las circunstancias epidemiológicas, en un carrusel de tres virulentas olas y con una cuarta ya en camino, según todos los indicadores.

La Sanidad rural ha sido la diana de muchas de estas quejas. La oficina del Procurador del Común hace constar en su informe una realidad incontestable: la población del medio rural creció en muchos momentos de la pandemia por la necesidad de los habitantes del medio urbano de buscar más espacio tras confinamientos tan severos como el de la primera ola. Esto coincidió con una atención sanitaria que, ya en tiempos «de normalidad», refleja el informe, es motivo de preocupación en ese entorno. «La atención sanitaria en el medio rural ya era una preocupación de nuestra Procuraduría en tiempos ordinarios como consecuencia del déficit de especialistas, de la falta de conexión a internet de muchos Consultorios locales, de los problemas de acceso derivados de la orografía del terreno o de las características de la población», explica.

Esa situación se ha agravado considerablemente, en muchos casos por falta de información adecuada o de medios, sean personales -ausencia de médicos- o tecnológicos -mal funcionamiento de las líneas telefónicas, colapso o mala conectividad-, según se desprende del informe. El cierre de los consultorios locales ha sido la estrella en el marasmo de quejas sanitarias. Con dos líneas argumentales, principalmente. «Ponían en nuestro conocimiento que, una vez que iban avanzando las fases de la desescalada, los consultorios locales no se habían reabierto y que se había optado por la llamada telemedicina, que evitaba el contacto personal con el paciente dando lugar en algún caso a errores de diagnóstico ante la imposibilidad de los facultativos de apreciar correctamente la situación de los pacientes y provocando la desconfianza de los usuarios». La segunda línea era la tecnológica. «Se nos indicaba que en muchas ocasiones las líneas telefónicas estaban colapsadas y que muchos pacientes no podían contactar con los recursos sanitarios».

Los ejemplos que enumera el Procurador del Común son elocuentes. En Zamora, centros de salud como los de Tábara, Sayago o Quiruelas de Vidriales acusaban la ausencia del facultativo o el colapso de las líneas. En el de Sayago, por ejemplo, se hacía constar que «el centro sanitario más cercano se encontraba a una distancia entre 10 y 40 Kms. según la población y que los pacientes crónicos encontraban serias dificultades para obtener recetas o incluso, el seguimiento de dolencias leves pero crónicas».

En Turcia (León) se quejaban a finales de septiembre de que, con quinientas tarjetas sanitarias en la zona, «llevaban sin atención presencial ni telefónica desde el mes de marzo», con apenas cinco días de atención presencial entre julio y septiembre. Y parecido caso era el de Liegos (León), sin reapertura del consultorio rural y sin transporte público a las zonas donde sí había atención médica, como Riaño, Burón, Maraña o Acebedo. Esto motivó 177 quejas a la Gerencia Regional de Salud.

Un caso llamativo es el de las localidades abulenses de Navarredondilla, Navaldrinal, Villarejo y San Juan del Molinillo (316 tarjetas sanitarias), donde la ausencia del médico titular se agravó cuando llegó el verano y aumentó la población. Sanidad contestó que la situación estaba resuelta «desde principios de agosto».

Estas situaciones han llevado a la oficina del Procurador del Común a pedir que se valore «que ciertas distancias pueden ser un trayecto insalvable para muchos usuarios, poniendo en valor la existencia de los distintos consultorios locales que han supuesto un esfuerzo de inversión económica para las distintas administraciones». Y, por otro lado, ha motivado que el Procurador solicite que se tomen las medidas necesarias «para verificar la adecuada presencia de los profesionales en las consultas, presenciales o telefónicas, que han de atender a la población rural». Y no solo eso, sino que además hace hincapié en su resolución en que se informe «puntualmente a la población de los posibles cambios cancelaciones», para poder garantizar «una adecuada tutela de su derecho a la salud».