El primer presupuesto de Mañueco e Igea para Castilla y León entra en vigor mañana

La publicación coincide hoy con el aniversario del Estatuto de Autonomía, que se promulgó el 25 de febrero de 1983. Las cuentas del Gobierno de coalición PP-Cs salieron adelante el 10 de febrero en las Cortes con el apoyo de los 41 procuradores que suman estas dos fuerzas políticas (29 y 12 respectivamente) y el voto favorable del parlamentario de Por Ávila, Pedro Pascual, que logró introducir varias enmiendas para proyectos en esa provincia.

La consejería con mayor dotación en el presupuesto es la de Sanidad, con 4.366 millones de euros de previsión de gasto. Le siguen Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades, aunque entre medias de estas dos consejerías se cuela, por cuantía del gasto, la reserva que hace la Junta para atender la deuda vida de la comunidad: las amortizaciones de préstamos y emisiones de bonos que vencen en 2021 y el pago de intereses. La previsión para afrontar esa 'servidumbre' del endeudamiento es de 1.423 millones de euros, de los que 239 son la dotación para el abono de intereses.

El presupuesto autonómico destinará 4.214 millones de euros a abonar las retribuciones de la plantilla de la Administración regional, y 1.815 para sufragar el gasto corriente. En esta última catalogación se incluye el combustible, la electricidad, la seguridad, la limpieza de edificios, etc. A la Junta de Castilla y León le costará abrir sus centros de trabajo y servicios 16,52 millones de euros cada día de este año. Eso es lo que supone levantar la persiana a la Administración autonómica en pago del personal y gastos de funcionamiento.

La principal partida de ingresos son las entregas a cuenta que llegan desde el Ministerio de Hacienda a cargo del modelo de financiación autonómica y se sitúan este año en 7.392 millones de euros. Esta previsión de ingresos añade un plus de incertidumbre en el medio plazo, puesto que se trata de un anticipo sobre la previsión de la participación de la comunidad en la recaudación que sobre impuestos como el IRPF y el IVA ingresen los contribuyentes de Castilla y León.

Ese anticipo se restará de la cantidad real que finalmente se recaude en una liquidación que se realizará en dos años, cuando se cierre el ejercicio de 2021 a efectos fiscales. El anticipo está efectuado sobre un escenario económico de crecimiento, ajeno a la crisis económica que está generando la pandemia. Si la recaudación final cae, habrá que devolver parte de esas entregas a cuenta. Castilla y León sigue devolviendo anualidades de los anticipos de 2008 y 2009, que fueron demasiado optimistas en aquel momento.

El presupuesto autonómico no contempla previsión sobre la dotación que la Junta gestionará del Fondo de Recuperación y Resiliencia puesto en marcha por la UE para afrontar los efectos de la covid-19, que se irán incorporando a medida que se repartan.

Las cuentas de 2021 jubilarán por fin al último proyecto que Juan Vicente Herrera llevó a las Cortes de Castilla y León, el de 2018, que se ha prorrogado a lo largo de tres años.