Santiago Mena

Fiscal superior de Castilla y León

«Los pirómanos no son los causantes de la mayor catástrofe de incendios hasta la fecha»

La Fiscalía de Medio Ambiente ya ha librado un oficio para que los acusadores públicos de las comunidades afectadas investiguen la inexistencia de planes de prevención o su falta de aplicación, de obligado cumplimiento para los ayuntamientos cuyos municipios están considerados de alto riesgo en el Infocal, el plan de gestión forestal autonómico.

Por su parte, Vox ha comenzado ya a agitar el avispero de las responsabilidades penales y este mismo martes hacía pública la denuncia presentada contra la Junta y el Gobierno en un juzgado de León por homicidio imprudente en la muerte de tres personas, dos voluntarios y un bombero, durante las labores de extinción.

-La Fiscalía de Medio Ambiente ya ha anunciado que se investigará la falta de planes de prevención contra los incendios forestales. ¿Se han puesto ya esas investigaciones en marcha en Castilla y León?

-Esto que nos pide el fiscal de sala no es nada novedoso, porque ya lo venimos haciendo a nivel administrativo en los últimos años, reuniéndonos con la Junta, el Seprona, las diputaciones y representantes de los ayuntamientos, haciéndoles ver que es obligatorio y que deben cumplirse los planes de prevención. A nivel penal, lo que dice el oficio es que prestemos especial atención a si todos estos incendios se deben a la ausencia o a la aplicación improcedente de estos planes. Me permito ponerlo un poco en solfa porque es presumir más de la cuenta, ya que viene a decir que es porque no se han tramitado o se han ejecutado mal. Que no sea de alarma para los alcaldes de estos municipios, porque se irá viendo caso por caso. La existencia o no existencia del plan por sí misma no da lugar a una responsabilidad penal, también puede dar lugar a una responsabilidad sancionadora. Eso sí, en todo tipo de investigación que hagamos, y esto es inexorable, solicitaremos a los ayuntamientos concernidos que nos aporten su plan. A partir de ahí analizaremos si puede haber consecuencias penales.

-Dice que llevan varios años trabajando con los ayuntamientos en el cumplimiento de estos planes. ¿Qué es lo que ha venido observando al respecto su Fiscalía en los últimos años?

-En los últimos años han ido mejorando y sí se van estableciendo. Eso es una cosa fácil porque no deja de ser un documento. Pero tiene que tener, como todo, una viabilidad y una dotación. Ver si existen bocas de riego o si tienen un cortafuegos. Si hay que hacerlos, ¿quién los hace? ¿con qué medios? Ya entramos a ver quién tiene las obligación de facilitar los medios, que en este caso las diputaciones y la Junta tienen más competencias y si esto se cumple en tiempo y forma. Y ya le aseguro que no. Ni todos los pueblos tienen el plan, ni todos los que lo tienen lo han desarrollado con los medios que exigiría y eso hay que analizarlo. Pero ya pasamos de la cuestión penal a la política.

-Precisamente desde la esfera política se está apuntando a los pirómanos como la causa principal. Entiendo que las investigaciones están aún en una fase muy prematura, pero no sé si nos puede decir en qué dirección apuntan los primeros indicios.

-La mayoría de los incendios más extensos que se han producido este verano han sido provocados por causas naturales, según los técnicos del Seprona. Luego puede haber otro conato, 40 kilómetros más al sur, que se produjo por una causa intencionada de una persona. Hay un mare magnum de circunstancias que se tienen en cuenta en la investigación penal, pero desde luego los pirómanos no son los causantes de la mayor catástrofe de los incendios, desde el punto de vista numérico, hasta esta fecha. Hay muchas diligencias incoadas contra personas concretas y varias detenidas. A uno lo pillaron haciendo un cortafuegos indebido, a otro con una barbacoa en una zona donde estaba completamente prohibida. También hay un chico joven, menor de edad, que en venganza prendió. Incluso hay una persona en prisión por los incendios de Ávila que confesó haber provocado el fuego. Son focos que serán investigados contra personas individuales, pero no son los que más hectáreas han calcinado. En todo caso, está en estudio y no se podrá decir hasta el final cuántas se han quemado por incendios provocados y cuántas por causas naturales.

-Precisamente ayer Feijóo, entre una serie de 50 medidas, anunció la creación de un registro de pirómanos controlados por pulseras telemáticas. ¿Es esto una solución? ¿Es viable?

-Todo lo que ayuda a la investigación está bien pero como única medida no tiene mucho sentido, primero porque es un número muy escaso cuando hablamos de pirómanos, otra cosa son los incendiarios. Además es algo que prácticamente ya existe, porque como cualquier otra persona ya están en un registro de antecedentes penales. Como medida cautelar no es como en violencia de género, porque aquí no descubrimos al pirómano hasta que incendia y ya no vamos a proteger el monte. Solamente se le pondrá una pulsera cuando haya una sentencia firme. Al pirómano o lo mantenemos en prisión o no hay un mecanismo de control, pero en cualquier caso es muy minoritario.

-Vox ha presentado una denuncia por homicidio imprudente contra la Junta y el Gobierno en las muertes de dos voluntarios y un bombero. ¿Podría haber responsabilidades penales en el ámbito político?

-Habrá que ver la denuncia y lo analizaremos, pero la responsabilidad penal siempre es a título personal. Tengo que tener un hecho penal y a quién atribuirlo. ¿Qué le atribuimos, el incendio provocado en Salamanca, la capacidad de extinción? ¿si no se han desplegado todos los medios eso puede dar lugar a una responsabilidad penal? Todo se tiene que embarcar en el ámbito penal y es muy restrictivo, porque no deja de ser sota, caballo o rey. Tiene que haber un hecho delictivo, unas personas investigadas y una relación de causalidad entre el hecho y la persona. Y que se pueda probar que su actuación condujo a la comisión de un delito. Investigar este tipo de ilícitos es mucho más difícil que otros, partiendo de buscar la causa. Que la Fiscalía no pida la prisión del consejero o el presidente para mucha gente es inconcebible, pero eso hoy por hoy no es posible.

-A la hora de castigar este tipo de delitos, ¿cuál es la diferencia entre un pirómano y un incendiario?

-Cuando interviene una persona no siempre es doloso. El señor que estaba haciendo una barbacoa no quería quemar el monte, aunque es una imprudencia y seguramente tenga responsabilidad penal. Pero es diferente a quien sale y enciende en cuatro puntos, que lo hace con una intención. Por eso, la responsabilidad tiene que ser diferente. Una imprudencia dolosa con resultados de daños catastróficos o personales puede acarrear hasta 20 años de prisión.

-¿Considera que hay que endurecer las penas para quienes provocan incendios de manera intencionada?

-El pirómano es una persona que incendia porque detrás tiene una patología mental. Y en base a los casos juzgados en los últimos tiempos, que no son muchos, el efecto intimidatorio de la pena les da igual, porque encuentran satisfacción en ver las llamas y su propagación. Contra eso solo se puede luchar cuando se les detecta y se les trata, independientemente de que sea bajo una pena de prisión o un tratamiento por un diagnóstico. Los otros son incendiarios, uno por imprudencia, como en el hombre de la barbacoa y otro dolosamente cuando prende porque el ayuntamiento no le facilita una zona de pasto para el ganado o no le deja hacer una rotulación. Y estos no tienen por qué reincidir.

-Han trascendido estos días muchas críticas de los bomberos forestales, señalado las carencias del operativo. Incluso denunciando que había cuadrillas paradas en base. No sé si de probarse, se puede considerar una actuación negligente.

-Que haya un grupo de personas que digan que no han ido a trabajar siendo profesionales de esto porque alguien lo ha impedido, pues hombre, es contundente. Pero desde luego ahí como fiscal no tengo nada que decir, al menos de momento. Parece ser más una cuestión laboral, de contratación, que tendrá que dirimirse en otras instancias. Aunque seguramente son temas que aparecerán de forma colateral en cuanto las investigaciones que se puedan llevar a cabo, cuando se presente alguna denuncia. Tendrá que verse. De todos modos, las cuestiones políticas van por un lado y nosotros por otro. Podemos decir que ha habido 15 incendios y tres detenidos, cuando tengamos los datos. Que la superficie calcinada es tanta y los medios de extinción fueron cuántos. Pero serán otros los que tengan que decir si eran insuficientes o muchos. Nosotros no buscamos responsabilidades políticas.

-¿Qué nos queda por hacer, desde el punto de vista del desarrollo normativo, para afrontar los incendios que vienen, cada vez de mayor intensidad?

-Este delito -contra el medio ambiente- ni siquiera se contemplaba hasta hace unos años en el Código Penal. Luego se introdujo de una manera más generalista y con los acontecimientos se ha ido modificando. Ahora mismo la regulación que hay no está mal. En cuanto a la extensión de las penas, si cambiamos un párrafo y añadimos a cualquiera de los tipos del Código Penal prisión permanente revisable, al año siguiente seguiría quemándose el monte si se dan las circunstancias que desgraciadamente vienen sucediéndose en los últimos años.

-¿Y en cuanto a planes de prevención?

-La legislación va evolucionando conforme a lo que nos va enseñando el fuego, que siempre vamos por detrás. En Castilla y León el Infocal que se aprobó en marzo y entró en vigor en abril es un convenio muy completo en el ámbito de la gestión de los incendios en Castilla y León. El papel lo resiste todo pero volvemos a lo de antes: los medios. Yo puedo elaborar unas legislaciones maravillosas pero luego tengo que plasmarlas en las musas y el teatro. De todos modos, seguramente con lo que nos ha enseñado este incendio no tengo ninguna duda de que el año que viene habrá alguna modificación en cuanto a mecanismos de coordinación más estrictos o más regulados.