La peligrosa ambigüedad del «reto demográfico» para Castilla y León

Y es que, según fuentes del Ejecutivo autonómico, en las diferentes conferencias sectoriales sobre este asunto han salido a relucir interpretaciones muy diferentes sobre lo que es este «reto demográfico». Baleares habla de ello cuando relata que tiene seis millones de turistas anuales, con lo que su reto es antagónico al de Castilla y León. Pero es que en las convocatorias de ayudas que han empezado a conocerse, por ejemplo para depuración de aguas, se habla de municipios «menores de cinco mil habitantes». Esto supone que optan a ellas 6.829 localidades de toda España. Solo quedan fuera en torno a dos mil. Y en ese grupo de poblaciones afectadas por el reto demográfico entran igual los 1.372 municipios de menos de cien habitantes, de los que 1.117 se concentran en Castilla y León (641), Castilla La Mancha (264) y Aragón (212), que los 197 de entre 4.000 y 5.000 habitantes. Que ahí, por ejemplo, también hay bastantes de Toledo, 16 localidades, casi todos encuadrados en un área entre Madrid y Toledo, pegados a las autovías que conectan con la capital de España en menos de una hora.

Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la línea de ayuda a la «rehabilitación energética de edificios». O con la «mejora de la eficiencia en las redes de abastecimiento», que se dirige a «pequeños municipios menores de 10.000 habitantes». Incluso en casos más tangenciales, como la campaña de animación a la lectura en bibliotecas públicas, se trata de un concurso «dirigido a municipios de menos de 50.000 habitantes», pero se «priorizará» a los de menos de 5.000.

«Muchos de los proyectos que se van a presentar para optar a fondos europeos son de concurrencia competitiva», explican fuentes del Ejecutivo. «¿Cómo van a competir municipios que comparten un secretario, por ejemplo en la zona de Sayago, donde una veintena larga de municipios de la comunidad suman poco más de ocho mil habitantes, con una localidad de cinco mil?», se preguntan.

Castilla y León ha pedido al secretario de Estado para el reto demográfico, Francisco Boya, que el Gobierno haga lo posible por facilitar que Zamora sea considerada una provincia en riesgo grave de despoblación, al nivel de lo que se les ha reconocido a Cuenca, Teruel y Soria, que cuentan con una densidad de población inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. En este caso, Zamora se encuentra ligeramente por encima de esa cifra pero presenta otro rasgo muy preocupante: el envejecimiento. El 31% de sus habitantes tiene más de 65 años. Hace veinte años eran el 27%. Hace diez, el 28,5%. En esas dos décadas la provincia ha perdido 32.881 habitantes. «Depende del Gobierno», insisten desde la Junta, considerar a Zamora en el mismo nivel de riesgo que Cuenca, Soria y Teruel, al igual que a las zonas aledañas a esas provincias, como pidieron los presidentes autonómicos Javier Lambán (PSOE), Emiliano García-Page (PSOE) y Alfonso Fernández Mañueco (PP) hace unas semanas. Esto permitiría incorporar a esos territorios a una política de «desequilibrio positivo» que el Tratado de la Unión Europea considera válida. «La ayuda destinada a facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas o de determinadas regiones económicas puede considerarse compatible con el mercado interior siempre que no altere las condiciones de los intercambios de forma contraria al interés común», dice en su articulado. Así, interpretan las directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional que esto permite a la Comisión Europea «ayudas destinadas a promover el desarrollo económico de aquellas regiones de un Estado miembro desfavorecidas en relación con la media nacional».

La Junta también ha solicitado que se estudie el modo de aplicar medidas, por ejemplo, relacionadas con la inmigración. Respecto al cambio de modelo productivo y el asentamiento industrial, la fortaleza del medio natural de Castilla y León convierten a la comunidad autónoma en un punto clave para las energías renovables, algo que se ha reclamado insistentemente desde Soria, por ejemplo. Sin embargo, la Junta considera que deben fijarse correctamente las contraprestaciones que reciban los ciudadanos por la implantación de plantas eólicas o solares en sus territorios, de modo que no solo reviertan en las arcas municipales -por tasas de actividad, etcétera-, sino en precios más beneficiosos para las familias.

El impulso a las universidades como foco de innovación ligado al territorio es, igualmente, otro de los factores que se consideran relevantes. En este aspecto, el reciente viaje de los consejeros de Castilla y León (Francisco Igea), Castilla La Mancha (José Luis Martínez) y Aragón (Mayte Pérez) a Finlandia les permitió observar el desarrollo de Oulu, ciudad que sufrió la quiebra de Nokia y que se recuperó gracias a un plan tecnológico innovador que ha aunado a empresas y universidad alrededor de un proyecto sobre 6G.

Esta alianza entre las tres comunidades -que han abierto la puerta a La Rioja, Asturias o Extremadura- se ha convertido en el modo de hacerse oír por parte de unos territorios cuyo peso poblacional es muy escaso en relación a su extensión y que consideran los fondos europeos y el plan contra el reto demográfico como una última oportunidad de desarrollo para reequilibrar las zonas más desfavorecidas.