La oposición concluye que el Hospital de Burgos es «un coladero de dinero público»

Aspecto del Hospital Universitario de Burgos en el año 2011, antes de su inauguración./Félix Ordóñez-iCAL
Aspecto del Hospital Universitario de Burgos en el año 2011, antes de su inauguración. / Félix Ordóñez-iCAL

PSOE, Podemos, Ciudadanos y Grupo Mixto registran un informe conjunto en las Cortes para denunciar las «irregularidades, sobrecostes y opacidad» de la concesión privada

Arturo Posada
ARTURO POSADAValladolid

La comisión de investigación sobre la gestión privada del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) ha arrojado dos informes dispares. Por un lado, los grupos de la oposición (PSOE, Podemos, Ciudadanos y Grupo Mixto, a través de Izquierda Unida) registraron ayer un documento conjunto en las Cortes para denunciar la «opacidad» de una concesión privada que ha supuesto «un coladero de dinero público» en un proceso lleno de «irregularidades». Por otro lado, el Grupo Popular en el Parlamento regional presentó un informe propio para defender el contrato adjudicado en 2006 por la Junta durante treinta años, negar los «sobrecostes» que denuncia la oposición y apoyar la primera experiencia hospitalaria de «colaboración público-privada» en Castilla y León.

Los grupos de la oposición detallarán públicamente su informe con una rueda de prensa conjunta este lunes, pero fuentes parlamentarias ya avanzaron ayer algunas de las conclusiones. Por un lado, las críticas al modelo del HUBU se centran en «la opacidad» de un proyecto «tremendamente oscuro y al que resulta muy difícil hacer un seguimiento».

Además, la oposición denuncia que la gestión del HUBU ha supuesto «un gran coladero de dinero público», con una obra «mucho más cara» que el modelo tradicional de obra pública. Los miembros de la comisión califican la concesión como «disparatada de principio a fin», «con graves perjuicios para los recursos de la Junta de Castilla y León» y citan a modo de ejemplo cómo un aumento de inversión de obra de diez millones se transformó en 133 millones «a través de la ingeniería financiera y de la inclusión de beneficio industrial», algo que beneficia a la concesionaria, pero que perjudica a la hacienda pública.

El tercer elemento que los grupos de la oposición ven claramente demostrado es la existencia de «sobrecostes» y evidentes «irregularidades en el proceso». Según los autores de este informe, la comisión de investigación permitió constatar que la primera modificación del contrato de adjudicación (conocida como 'modificado cero') no fue a coste cero, como apuntó la Junta, al desaparecer ciertas partes del hospital imprescindibles para su funcionamiento, «como edificios de instalaciones o el 'parking'», que luego tuvieron que reflejarse como costes en las modificaciones contractuales posteriores.

Indemnización

Además, y según el informe conjunto de PSOE, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida, la Junta provocó un cambio de obra «injustificado» que salvó a la concesionaria Eficanza (nombre comercial de la sociedad Nuevo Hospital de Burgos S.A.) de tener que abonar una indemnización al no cumplir los plazos de construcción. «Y no solo eso», señala uno de los procuradores consultados, «sino que como la Junta forzó a la empresa a prolongar el plazo de construcción, le tenemos que pagar 30 millones de euros por esos siete meses como si hubieran explotado el hospital. Es tremendo».

Para el PP, en cambio, «ha quedado acreditado que en la ejecución del HUBU se ha producido una mayor inversión y, por lo tanto, un mayor coste derivado tanto del incremento de las obras como por el aumento en el equipamiento del hospital». «No se ha pagado más por lo mismo –sobrecoste– sino que ha habido una inversión mayor», apunta el informe. Además, el grupo parlamentario popular defiende que el pago del canon al que tiene que hacer frente anualmente la Junta «no lastra los presupuestos de la comunidad». Podemos y Grupo Mixto (IU) denunciaron en 2015 que este canon, previsto inicialmente en 38 millones anuales, se había disparado hasta los 71 en 2013 por culpa de los sobrecostes.

La comisión de investigación por la gestión del HUBU comenzó a finales de 2015 y se ha desarrollado durante dos años y medio con la comparecencia de 63 personas, 11 de ellos altos cargos públicos, incluido el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. Las posturas enfrentadas entre PP y oposición impedirán previsiblemente que se aprueben unas conclusiones finales en las Cortes.

El PP defiende que el HUBU costó menos por metro cuadrado que el Río Hortega de Valladolid

El informe del grupo parlamentario popular establece una comparativa en la fase de construcción entre el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), adjudicado a un consorcio privado, y el Hospital Río Hortega de Valladolid, de gestión pública. El PP destaca que el precio total del metro cuadrado (incluyendo edificación más aparcamiento) fue de 950,44 euros en el caso del centro burgalés y de 1.012,19 euros en el caso del vallisoletano, «incluso a pesar de que su ejecución se ha llevado a cabo con posterioridad». El informe final de la obra ejecutada, según los datos del cuadro que adjunta el PP, fue de 210,6 millones en el caso del HUBU y de 144 millones en el caso del Río Hortega.

Además, el informe popular subraya que el plazo inicial de construcción era de 42 meses para el HUBU, aunque se extendió hasta los cinco años, seis meses y 13 días, «es decir 24 meses y 13 días más de lo inicialmente previsto». «A pesar de estos retrasos, cinco años y medio para construir y equipar un hospital de estas características constituye un plazo meritorio», apunta el informe, que destaca que el Río Hortega tardó siete años y medio en finalizar las obras, «más otro año empleado en equiparlo», «aun cuando el hospital burgalés es un 84% mayor en términos de metros finales construidos y un 64% mayor en términos de inversión».

La oposición parlamentaria aboga por recuperar la gestión pública del HUBU, pero el PP apunta que solo «aconseja explorar esta opción si fuera posible establecer un acuerdo con el contratista que fuera más favorable para el interés público que el mantenimiento de la concesión», aunque sí valora «el rescate parcial» de algunos de los «elementos concesionados».