Castilla y León

La negociación con los bancos evita 3.557 desahucios de viviendas en once años

En esas fechas, Castilla y León había visto aumentar en un 36,3% el número de ejecuciones presupuestarias (frente a la media nacional del 14,2%) y solo en el primer semestre de 2012, la región ya sumaba 1.558 expedientes para desalojar familias de sus viviendas y desde el inicio de la recesión económica, entre 2007 y 2008, eran 12.632 los procesos en la comunidad. No había semana sin protestas contra los desahucios.

El tiempo ha atenuado la crisis y ha abierto nuevas vías para paliar las carencias financieras en los hogares; pero el servicio se ha mantenido en pie, por clara necesidad, según avalan los datos. Incluso el año de la pandemia, la demanda se mantuvo bastante estable y, en los últimos tiempos, incluso ha vuelto a incrementarse.

El principio y objetivo del servicio es sencillo, el de revertir las cuentas domésticas, ajustarlas a los ingresos, cambiar costumbres, productos financieros... pero que las facturas se puedan pagar. Pero el camino es complejo y requiere, además de una buena organización de las cuentas, de las entradas y salidas del dinero de un hogar, negociar puertas abiertas con las entidades financieras, bancos y cooperaticas de crédito actualmente, antes también cajas de ahorro. Y para todo ello se necesita conocimiento, argumentos y solvencia. Y esto es lo que aporta a la familias el servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio de la Consejería de Familia. Lo importante es acceder al mismo antes de que se produzca el alzamiento, cuando las deudas se imponen crudamente pero hay tiempo para actuar.

En este tiempo, el volumen de actividad del Siafride ha sido ingente.

Según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en las oficinas de este servicio se ha atendido, desde el inicio en noviembre de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2023, a 6.843 familias. El volumen de atenciones del servicio ha experimentado una clara evolución, desde los primeros años de implantación, en los que hubo una demanda marcadamente ascendente motivada por la crisis, con un pico de 2.433 hogares atendidos en 2014. De estas solicitudes, 1.646 fueron nuevas. Después, la demanda se estabilizó paulatinamente, manteniendo cifras similares en los últimos años, con un ligero repunte en la actualidad. Desde el 2020, el número de familias atendidas a lo largo de cada año ha sido: 527 en dicho año de la pandemia, 551 en 2021 y 689 en 2022. En el año 2023 se ha atendido a 1.045 familias, un 34% más. Lo que supone un claro repunte de la demanda.

En cuanto al volumen de entrada de casos, que se juntan con los que venían de fechas anteriores, el número de nuevas solicitudes atendidas ha sido de 314, en 2020; 315, en 2021 y 468, en 2022. En el año 2023, se han recibido 639 solicitudes nuevas de atención en el Siafride.

El servicio, a través de las oficinas locales de los ayuntamientos y las diputaciones y en coordinación con la oficina central de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta, ofrece dos tipos de servicio. Por un lado, información y asesoramiento en relación con las dificultades en el pago de los préstamos hipotecarios y, por otro, cuando se estima necesario, esta unidad pone en marcha la interlocución con las entidades financieras para buscar soluciones viables.

Explica la Administración autónoma que «todas las personas que son atendidas en las oficinas del servicio reciben información y asesoramiento a lo largo de todo el proceso de atención y orientación sobre recursos, ya sean sociales como prestaciones económicas, renta garantizada de ciudadanía, ayudas para alimentos… como de otro tipo tales como justicia gratuita, vivienda o empleo, entre otras».

De estas atenciones, se ha realizado interlocución en un total de 4.967 ocasiones. Por años, las interlocuciones realizadas han sido 338 en 2020; 307 en 2021 y 334 en 2022. En 2023 se han atendido 518 casos de arbitraje.

Estas negociaciones han permitido salvar los hogares de 3.557 familias desde el inicio del servicio hasta cerrar el pasado ejercicio. Las soluciones han sido variadas. En 215 casos el problema se ha solventado con la dación en pago (entregar al vivienda para saldar la deuda); en un buen número, 1.424, se ha logrado un acuerdo de reestructuración de la deuda. También se han suscrito otro tipo de acuerdos de no ejecución, suspensión del lanzamiento, venta de la vivienda, supresión de cláusulas suelo, bajada de los tipos de interés.... en 866 casos. En algunos casos, la situación mejora, al encontrar empleo algún miembro o por otras causas y esto da lugar al cese de la interlocución iniciada. Es algo que ha ocurrido en 455. La aplicación de medidas sociales con rentas de ciudadanía y otros apoyos ha salvado 597 hogares.

Destaca la Consejería de Familia que «esto supone una tasa de efectividad del 83% sobre los casos terminados».

En cuanto a las situaciones en las que no se han podido finalizar la intervención obedecen a diversas causas como no cumplir con los requisitos del programa, desistimiento de los interesados, traslados u otras causas ajenas al proceso. Ahora bien, «todos ellos han recibido información y asesoramiento y en su caso, han sido orientados a otros recursos, ya sean de carácter social o de otro tipo», recalca la Junta.