El lobo deja de estar desde hoy en el punto de mira

Pocas veces se ha escuchado un clamor tan coincidente entre la clase política y el sector primario (agricultores y ganaderos) de la región. Al otro lado, queda la satisfacción de los grupos ambientalistas encabezados por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) que han logrado convencer a la ministra Teresa Ribera.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez–Quiñones, confirmó ayer la presentación en próximos días de medidas judiciales «para impedir que este ataque a nuestro modo de vida sea una realidad».

Suárez–Quiñones mostró su perplejidad porque sea precisamente el ministerio para el Reto Demográfico el responsable de un cambio que supone «un elemento perjudicial para ese reto demográfico, que pone en riesgo la ganadería extensiva y eso es el abandono de los ganaderos y de los pueblos, que se basan en la ganadería y la agricultura».

El consejero se reunió ayer con sus homólogos de Galicia y Cantabria y lo hará próximamente con los representantes de otras comunidades que también rechazan la extensión de la protección del cánido al norte del Duero. El consejero de Agricultura y Ganadería, Jesús J. Carnero, defendió también la necesidad de llevar el asunto a los tribunales. Otras diez autonomías han mostrado su descontento con esta decisión. «Trataremos de lograr la suspensión, porque al día siguiente ya se estarán produciendo daños y perjuicios a nuestra Comunidad, lamentó Suárez-Quiñones en la inauguración de la Feria Expobiomasa en Valladolid.

Los sindicatos agrarios ASAJA, COAG y UPA acusaron en un documento conjunto al Gobierno de condenar a la ganadería a su extinción al blindar al lobo y de tomar una medida «urbanita e irresponsable», que causará dolor y pérdidas económicas en el medio rural. Critican que, a pesar de las muchas reuniones, de los intensos diálogos, de los múltiples argumentos y de la total oposición de las regiones con presencia del lobo, el Gobierno solo ha escuchado a los ecologistas.

Entre estos, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, destacó que «hoy se abre una nueva etapa tras años denunciando que matar lobos no es la solución. Es el momento de apostar por un nuevo modelo de gestión basado en la coexistencia».

La decisión paraliza las subastas de batidas. La Junta había autorizado la caza de 339 lobos entre 2019 y 2021. En las 2.563 batidas autorizadas solo se mataron 123 ejemplares. Las últimas autorizadas fueron cinco ejemplares en Ancares, Picos de Europa y Fuentes Carrionas. El resto se quedaron en el limbo a la espera de la prohibición que llegó ayer.