El juzgado de instrucción investiga el reparto de subvenciones del Ecyl a los centros de formación

El ministerio público solicita a la instructora que se abran diligencias para esclarecer si, como sostiene la denuncia, los hechos pudieran ser constitutivos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación administrativa continuada, malversación de caudales públicos, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios y abuso en el ejercicio de su función en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), además de percepción fraudulenta de subvenciones, «todo ello, incluso en el ámbito de una verdadera trama u organización criminal». Una supuesta red de nepotismo, se señala en la denuncia, en la que familiares de funcionarios de este servicio estarían trabajando en los grupos de empresas que son «los grandes beneficiarios» de estas subvenciones de los cursos de formación.

Según el denunciante, la concentración de los fondos de las políticas activas de empleo ha conllevado, además, un importante porcentaje de devolución de las ayudas por falta de capacidad de ejecución (setenta millones entre 2015 y 2018, calcula el PSOE), de forma que se habría perjudicado a los destinatarios finales, los desempleados, además de expulsar del mercado a otras empresas del sector que se han visto obligadas a cerrar sus puertas.

La denuncia hace hincapié en que se vulnera la Ley General de Subvenciones de 2003 y la normativa marco que regula el sistema de formación profesional para el empleo de 2015. Ambas prohiben la subcontratación de la formación con terceros, tanto en la organización como la ejecución de los cursos. En este sentido, se acusa al Ecyl de diseñar los reglamentos de los concursos como un traje a la medida de determinadas empresas de la patronal del sector y de «pervertir la concurrencia competitiva, al validar que licitadores interpuestos o pantalla obtengan unas subvenciones para las ejecuten entidades, en muchos casos, vinculadas al licitador, perjudicando a otras entidades que hubieran sido las legítimas adjudicatarias de las subvenciones». Indican que «bajo una falsa apariencia de cesión de instalaciones por parte de estas entidades de formación hacia los beneficiarios directos de las subvenciones, podría subyacer una subcontratación encubierta».

El Ecyl, con su baremación 'a la carta' habría dado carácter de legalidad a esa subcontratación encubierta, sostiene el denunciante, que calcula que el importe supuestamente subcontratado supera los veinte millones de euros. Estos corresponderían solamente al Plan de Formación Ocupacional para trabajadores (FOD) aunque, apunta, en los otros programas de las políticas activas de empleo se reproduciría la misma mecánica.

La Consejería de Empleo declinó ayer pronunciarse al respecto de la denuncia y su traslado al Juzgado, con el argumento de que el asunto está 'sub iudice', al tiempo que ofreció «total colaboración» a la Administración de Justicia.