La Junta pide al Gobierno que aplique el criterio de la UE y rebaje la protección del lobo

A través de un comunicado de prensa, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio defiende que la Comisión Europea ha dado un «paso fundamental» en relación a la gestión del lobo en Europa con «otro paso decisivo en un proceso que ha durado meses y que ha sido objeto de preocupación tanto para la ganadería como para la conservación de esta especie emblemática».

«Este día marca un hito relevante no sólo para la ganadería, sino también en la conservación del lobo, ya que está demostrado que las estrictas medidas de protección no solo generan conflictos sociales y amenazan la ganadería y son causa de despoblación, sino que tampoco contribuyen al aumento estable de la población de lobos», declaró el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones.

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También ha instado a la ministra en funciones Teresa Ribera a la derogación de la Orden Ministerial de inclusión del lobo en el LESPRE y a alinearse «con la imparable corriente europea para recuperar y reforzar el papel de las administraciones, especialmente de las regionales, como competentes en España en la materia, para recuperar el equilibrio entre conservación favorable de la especie y la actividad económico-social en el medio rural».

Según recuerdan desde el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha trabajado «arduamente» en este proceso desde noviembre de 2022, cuando el Parlamento Europeo tomó una «decisión histórica» en la que instaba a la adopción de medidas para flexibilizar la gestión del lobo y a restablecer el equilibrio entre la conservación de la especie y las actividades económicas en el medio rural.

«La preocupación por los crecientes daños causados por los lobos a la ganadería y la necesidad de controlar el aumento de su población en zonas muy humanizadas o con alta densidad de ganadería extensiva fueron factores clave que impulsaron esta iniciativa», precisan.

Desde la Consejería de Medio Ambiente hacen especial hincapié en que la propia Ursula von der Leyen instruyó el 25 de noviembre a los servicios de la Comisión para recopilar datos sobre esta cuestión, «lo que marcó el inicio de un proceso de consulta y recopilación de información esencial».

También se señala desdse la Consejería que el 23 de junio, durante el Consejo de Ministros de Agricultura, Rumanía mantuvo la «necesidad urgente» de tomar decisiones al respecto, ya que varios países habían experimentado considerables daños a la agricultura y demandaban medidas concretas para abordar esta problemática, sumándose a la iniciativa. «No fue el caso del Gobierno de España, que se colocó en una posición contraria», reprocha la Junta de Castilla y León.

Según rememoran, la Comisión ha invitado a las comunidades locales, a los científicos y a todas las partes interesadas a presentar datos actualizados antes del 22 de septiembre de 2023 sobre la población de lobos y sus repercusiones y explican que sobre la base de los datos recogidos, la Comisión decidirá sobre una propuesta para modificar el estatuto de protección del lobo en la UE y actualizar el marco jurídico, «a fin de introducir una mayor flexibilidad, a la luz de la evolución de esta especie».

La Consejería ha recordado que los datos aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la Comisión sobre las poblaciones del lobo no se correspondían con la informacion que tenían las regiones españolas responsables de la gestión de esta especie, «cuestión que fue comunicada el pasado mes de abril por el consejero Juan Carlos Suarez-Quiñones, junto con sus homólogos de Asturias, Cantabria y Galicia, al comisario europeo de medio ambiente».

Y reiteran que al norte del río Duero, el régimen europeo de protección del lobo permitía la gestión de la especie a la Administración, «lo que hacía que la Junta -y las comunidades autónomas loberas, fundamentalmente Galicia, Asturias y Cantabria- tuvieran planes de gestión y conservación con sistemas de control público de la especie que garantizaba un equilibrio entre la evolución favorable de la especie y unos daños a la ganadería limitados».

Sin embargo, al sur del río Duero el régimen «era y es de estricta protección» lo que supone que no caben medidas de gestión. «Ambos regímenes en Castilla y León plasmaban cuál es el efecto de uno y otro. Al sur del Duero, el 20 por ciento de la población del lobo venía causando el 80 por ciento de los daños a la ganadería. Al norte del Duero, el 80 por ciento de la población de lobo causaba el 20 por ciento de los daños a la ganadería», explican a modo de ejemplo.

«Europa permitió este régimen flexible al norte del río Duero en el año 1992 (en que se dictó la Directiva Hábitat) por la importante población de lobos existente, que en aplicación de este régimen ha venido incrementándose con equilibrio. En Europa, el régimen es de estricta protección, existiendo sólo la posibilidad de gestión por la Administración en España al norte del río Duero y en una parte pequeña en Grecia», añaden.

Ahora Europa estudia cambiar el régimen, «de manera que el que venía disfrutando Castilla y León al norte del río Duero (el lobo está en el Anexo V de la Directiva) se extendiese a otros territorios de la Unión en vez del régimen de estricta protección (el lobo está en el Anexo IV de la Directiva)».

Medio Ambiente ha reprochado que mientras Europa busca flexibilizar esta normativa y extender a otros territorio de la Unión el régimen del norte de España, el Gobierno de España, «por razones no de conservación sino meramente ideológicas, tomó la dirección opuesta en septiembre de 2021 al hacer pasar el régimen del norte del río Duero al de estricta protección al incluir el lobo en el Listado de Especies de Especial Conservación (LESPRE) en contra de la opinión de todas las comunidades autónomas loberas y en contra de 11 comunidades autónomas, incluida la Ciudada Autónoma de Ceuta».

«Esto supuso la retirada de facultades de gestión a las comunidades autónomas, incluyendo Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, que concentran el 98 por ciento de la población de lobos», añaden para recordar que esta decisión está recurrida ante la Audiencia Nacional por varias comunidades autónomas y organizaciones profesional agrarias.