Castilla y León

La Junta invertirá entre 60 y 65 millones anuales para la gratuidad del transporte público

El Consejo de Gobierno aprobó este jueves la puesta en marcha de la tarjeta Buscyl, que extenderá la gratuidad del transporte público por carretera en los servicios de titularidad de la Junta para las personas empadronadas en Castilla y León. Una medida que supondrá una inversión estimada para el Gobierno autonómico de entre 60 y 65 millones de euros anuales, con la previsión de alcanzar los 15 millones de viajes, frente a los 14,5 millones contabilizados en 2024.

«Es una decisión enmarcada en una política estructural, planificada y permanente de la Junta», afirmó durante la presentación de la medida el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, que aseguró que la medida «no es coyuntural», y persigue «garantizar la movilidad accesible, inclusiva y sostenible en todo el territorio con independencia del lugar de residencia de las personas a las que beneficia». Los no empadronados, por su parte, podrán utilizarla como monedero electrónico para abonar sus trayectos.

También destacó Sanz Merino, en declaraciones recogidas por Ical, que se trata de una medida «pionera» en el ámbito nacional que sitúa a Castilla y León «a la vanguardia de los servicios públicos de movilidad» en España. «Hay un compromiso de la Junta con políticas reales para luchar contra la despoblación, al propiciar el empadronamiento de cara a obtener esta ventaja que se ofrece a todos los ciudadanos que residen en la comunidad. Genera oportunidades en todo el territorio y está anudada al desarrollo y la cohesión territorial en Castilla y León», expresó. Por otro, consideró que es una medida que facilita el ahorro a las familias, al no tener que dedicar recursos por esta vía, sin olvidar que avanza en la sostenibilidad medioambiental, al contribuir a la descarbonización al ahorrar emisiones de CO2, con la reducción de los desplazamientos en vehículos privados y fomentar el transporte colectivo.

Su ejecución tendrá lugar a partir del 1 de julio para los menores de 15 años, cuyos padres o tutores podrán solicitar la tarjeta desde el 1 de junio a través de un código QR, y desde el 1 de septiembre para el resto de la ciudadanía, que deberá cursar su solicitud para obtener la tarjeta BUSCyL desde el 1 de julio. En el futuro, el consejero anunció que se activará una aplicación móvil (App) específica para la descarga física para obtener la tarjeta sino también la posibilidad de tener una digital en el 'smartphone', tal y como se utiliza en otros servicios de transportes, sobre todo en las ciudades.

La solicitud se realiza a través de la web oficial www.buscyl.es, con atención y asesoramiento disponibles en el 012 y en el número directo del Centro de Control de Transporte de Castilla y León (887 88 15 69), ubicado en León. Un centro que, precisó, ya cuenta con 16 trabajadores y un coordinador, que se encargará de la tramitación, envío de tarjetas físicas y dar de alta a las digitales.

A partir del 1 de julio, la tarjeta se podrá solicitar por cualquier ciudadanos empadronado en la comunidad aunque los efectos de la misma serán vigentes desde el 1 de septiembre. En primer lugar, será para las ciudades y ámbitos de influencia con transporte metropolitano (Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid), que acumula el gran volumen de transportes. De manera simultánea, tendrá la implantación progresiva hasta el 31 de octubre en el resto de concesiones de carácter interurbano. Por lo tanto, a partir de esa fecha toda la población podrá acceder a la tarjeta BUSCyL y beneficiarse de la gratuidad de los viajes de las líneas dependientes de la Junta.

Además, el consejero dejó claro que la gratuidad del transporte por carretera a los empadronados de la comunidad tiene «vocación de continuidad en el tiempo». En este sentido, restó importancia a que no esté amparada por una ley. «Es una decisión política que busca la estabilidad y no hay limitación en el tiempo, frente al decreto ley con las bonificaciones del Ministerio de Transportes, que dura hasta el 31 de diciembre. De momento, está al amparo de un reglamento comunitario y un acuerdo del Consejo de Gobierno, que son una garantía», sentenció. En todo caso, precisó que las leyes también se pueden cambiar. «Una de las características de esta medida es la permanencia en el tiempo para que así la gente puede saber a qué atenerse, montar su proyecto de vida si depende de alguna acción de transporte y así tomar sus decisiones con certezas», aseveró.

Tras reiterar que la medida no se ha tomado de «forma aislada» en el tiempo, Sanz Merino recordó que Castilla y León siempre ha sido «pionera» desde hace más de dos décadas y citó las políticas «innovadoras» en el ámbito nacional e internacional. Apuntó que desde hace más de dos décadas, se implantó el transporte a la demanda o, más recientemente, el Bono Rural Demanda Gratuito, implantado en 2021, que permite viajar de manera gratuita e ilimitada dentro de este sistema. Asimismo, el transporte metropolitano, históricamente bonificado en un 33% y con una bonificación adicional del 50% en títulos multiviaje desde 2023, responde «eficazmente» al modelo de población de la comunidad. «Buscyl es el colofón y una historia de éxito colectivo», sentenció.

Preguntado por si el sistema permitirá la reserva de plazas, el consejero respondió que no será necesario la formalización. «El sistema es de viajes gratuitos e ilimitados, sin necesidad de formalizar», declaró. En este sentido, reconoció que eso puede generar «alguna disfunción» en días concretos, con el aumento de pasajeros. Para ello, señaló que habrá que mantener un contacto con las operadoras y testar posibilidades de «meter algún tipo de refuerzo».

Por último, criticó que la política adoptada por la Junta, cuyos beneficios sean «minusvalorados». «Llama poderosamente la atención que se critique una línea de trabajo que es muy distinta al de otras administraciones», manifestó el consejero. Fue entonces cuando se refirió al borrador del mapa estatal de transportes en el que trabaja el Ministerio desde 2022, que busca mantener la titularidad de las líneas rentables, al tener muchos usuarios y unir grandes núcleos urbanos, y atribuir condiciones de financiación, sin consensuar y de forma unilateral, a las comunidades. Algo que supondría un «abandono» de 474 paradas en Castilla y León, que afectarían a 346 municipios, lo que provocaría una situación de «desatención» de una población «más desprotegida» como es la rural.

Sobre la decisión de la Junta de no solicitar la bonificación tarifaria al Ministerio de Transportes, y que de qué manera puede influir a los castellanos y leoneses, el consejero aseguró que los usuarios del transporte en la comunidad no van a notar «nada» distinto al resto de comunidades. «El Ejecutivo autonómico ha optado por la simplificación para que todos los ciudadanos tengan gratuidad», explicó. En todo caso, expuso que la bonificación estatal rondaría los 3,4 millones de un total de entre 60 y 65 millones del nuevo servicios. Es decir, un 6%, frente al 94% que afronta la Junta, sin olvidar la complejidad administrativa para la justificación de la bonificación y lograr los ingresos.

En cuanto a la manera de afrontar la financiación de entre 60 y 65 millones de euros, con unos presupuestos prorrogados, Sanz Merino comentó que el impacto de la implantación del calendario a lo largo de este año será «muy residual», ya que entrará en vigor entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre. «Serán dos meses de coste efectivo de la medida, con el incremento que corresponda, que la prórroga podrá asumir», apuntó.

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