La Junta incumple el compromiso de favorecer en sus contratos a empresas socialmente responsables
El Consejo de Cuentas de Castilla y León analiza 84 licitaciones y detecta que ninguna incluyó cláusulas sociales entre los criterios de valoración o adjudicación, salvo el desempate, situación que no se dio en ningún caso
Necesita mejorar. Y mucho. Esa es la valoración que recibe la Junta sobre el cumplimiento de la normativa relativa a la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación autonómica a tenor del resultado de una fiscalización que acaba de hacer pública el Consejo de Cuentas de Castilla y León.
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Los auditores de este organismo, que se encarga de velar por el correcto empleo de los fondos públicos y la limpieza y legalidad de las contrataciones de personal, obras, servicios y suministros que firman los gestores de las administraciones de la comunidad autónoma, han analizado 84 expedientes de contratación impulsados por la Junta en los años 2018 y 2019 y detectado que ninguno de ellos incluye expresamente cláusulas sociales en la documentación preparatoria del expediente y del pliego de condiciones técnicas. «En ningún contrato el órgano de contratación requiera a las empresas que posean aptitudes específicas en materia social o de igualdad de género y, por tanto, no se exige como requisito de solvencia que los licitadores acrediten experiencia y medios técnicos necesarios en las referidas materias», resaltan desde el Consejo de Cuentas al resumir el amplio informe que han elaborado.
Una directiva de la Unión Europea de 2014, vinculante para las administraciones españolas, sentó las bases para impulsar una contratación pública social y medioambientalmente responsable. La Ley de Contratos del Sector Público de 2017 incorporó en España la obligación de incluir esos criterios en las licitaciones. En el ámbito autonómico, la Junta de Castilla y León aprobó unas directrices vinculantes para incorporar esos requisitos a sus contrataciones. En la práctica, todo eso ha sido, por lo general, papel mojado en la contratación autonómica.
Los técnicos del organismo de control estudiaron 52 expedientes que podían ser «susceptibles» de incluir aspectos sociales o medioambientales entre los criterios de adjudicación. No se consideraron en ninguno de ellos ni desde la Junta se motivo suficientemente esa exclusión.
El informe refleja que solamente se incorporan estos incentivos que buscar premiar y primar a las empresas con responsabilidad social para desempatar puntuaciones, circunstancia «que no se ha producido en ninguno de los contratos analizados».
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El Consejo de Cuentas hace tres recomendaciones concretas a la Junta de Castilla y León. Insta a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a mejorar la obtención de datos para hacer un seguimiento, mediante informes, del grado de inclusión de este tipo de cláusulas sociales en la contratación autonómica. También pide a este departamento que «garantice» el cumplimiento de estos aspectos sociales en la licitaciones, algo que en este momento no hacen desde esta consejería.
Por último, recomienda a la Junta adoptar medidas para incentivar la utilización de medidas de tipo medioambiental al definir las características de los contratos y en los requisitos de ejecución de los mismo, de manera «que favorezca en los criterios de selección y de adjudicación a las empresas respetuosas con la calidad ambiental».
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