Castilla y León

La Junta ataja la temporalidad cubriendo 2.617 puestos 'abonados' a interinos

Es la cifra de lo que se conoce como Administración General autonómica, sin los docentes ni el personal de la Gerencia Regional de Salud. Sanidad y Educación han llevado a cabo sus propios procesos para intentar atajar la temporalidad. El final de la 'empresa' está al caer, con los listados definitivos de quienes han superado la selección que se publicarán antes de final de año.

El proceso culmina una obligación en cascada. La Justicia europea dio un tirón de orejas a España por abusar de la temporalidad en las administraciones públicas, el Gobierno de la nación reguló por decreto una salida a la situación que luego se transformó en una ley en el Congreso de los Diputados en 2021 y eso puso en marcha un proceso de estabilización generalizado no exento de críticas. Los empleados con años de nómina pública que habían cubierto esos puestos de forma temporal entendían que debían ser quienes los ocuparan de forma definitiva, pero el proceso ha atendido al criterio de que se estabilizan plazas, no personas, aunque con una selección adaptada en la que han primado los méritos del currículum de los aspirantes. Y entre opositores que estaban preparándose también levantó suspicacias y protestaron por considerarse perjudicados al reservarse a 'estabilización' plazas donde primaban los méritos.

El objetivo de toda esta iniciativa ha sido reducir la temporalidad a un máximo del 8%. En la Junta las interinidades superaban de largo el 20%, con mayor peso en Sanidad y en Educación, los departamentos con las plantillas más nutridas. Sirve para ofrecer una visión de conjunto el hecho de que en 2023 se contabilizasen más de 73.000 personas con contrato temporal en las administraciones públicas que prestan servicio en Castilla y León: estatal, autonómica y local.

De esas 2.627 plazas, 714 se ha cubierto mediante la valoración de méritos de los aspirantes, sin examen de conocimientos previo, y 1.913 contarán con un funcionario o empleado público laboral definitivo que llega a ellas después de superar un concurso-oposición abierto. Con una prueba teórica peculiar, porque se ha facilitado una 'bolsa' de preguntas y respuestas de las que salían las cuestiones que el tribunal escogía para el examen, y una baremación posterior de méritos. Un 33% de temporalidad respecto a al suma total de empleados públicos, porcentaje que triplicaba la eventualidad en el sector privado.

El proceso ha conllevado un rastreo minucioso de las plazas que debían asignarse a la estabilización. La normativa marcaba que había que asignar la plazas que han estado ocupadas de forma temporal ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020, a lo que se sumó luego, para reservar directamente al concurso de valoración de méritos, las plazas que estuvieran en esa situación antes de enero de 2016.

Todo esto se ha desarrollado en paralelo a los procesos habituales de selección de personal, coincidiendo con oposiciones pendientes de las ofertas públicas de empleo de 2017, 2018, 2019 y 2020, a las que se han sumado las de 2022, 2023 y 2024, con un 'tapón' amplificado por el parón en las convocatorias que supuso la pandemia, con las medidas de confinamiento y limitaciones posteriores de concentración de personas y distancias.

La Junta ha sido y es la primera empresa de Castilla y León, si se tiene como referencia la plantilla. Actualmente abona nóminas a 94.879 empleados públicos. Todo el proceso se estabilización, del baremo del concurso y del desarrollo de la oposición, ha sido negociado con los sindicatos, destacan desde la Consejería de la Presidencia. De ese diálogo salió el tipo de examen: test con un número de preguntas que caían de un listado «elevado» de cuestiones con sus respuestas que fue público y se facilitó a los aspirantes.

«El trabajo ha sido ingente para el personas que ha trabajado en ello y lo ha llevado hacia delante, porque hablamos de un proceso muy laborioso», valora el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago: desde el rastreo de las plazas a la grabación de solicitudes, comprobación de certificaciones, revisión de la documentación y el desarrollo de las valoraciones de los méritos de los aspirantes y de las pruebas. El consejero opina que el proceso en la Junta ha logrado el equilibrio de valorar la experiencia de personas que habían trabajado en la administración y sin cercenar las posibilidades de acceso a un empleo público de quien está llega de nuevas, preparando oposiciones.

«A concurso han ido las plazas más antiguas y el resto, a concurso oposición. Contar con experiencia y formación es ya una ventaja, porque se tarda tiempo en adquirir un rodaje, pero también se ha tenido en cuenta, en el concurso-oposición, el conocimiento de la teoría además de la experiencia», explica González Gago, quien destaca que, junto con el proceso de estabilización, la temporalidad se ha atajado durante los últimos años en la Administración Autonómica con las oposiciones que se han desarrollado en paralelo. ¿Cumplirá la Junta el objetivo de bajar del 8% de interinidad? Ese dato se analizará cuando concluyan los procesos de selección de personal en marcha, pero Gago confía en que así sea.