Igea amenazó en las primaras de Ciudadanos con «reventar el partido», según el denunciante

Fuentes jurídicas consultadas indicaron que la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid, Soledad Ortega, va a solicitar un informe a la Fiscalía respecto de si el juzgado ordinario es competente para ver el asunto –un delito de leve de amenazas– o si Igea, «al ser juzgado siendo procurador en Cortes, tiene que pronunciarse el TSJ respecto del aforamiento». Se espera resolver esta cuestión de competencia antes de que llegue la fecha programada de la vista oral, motivo por el que se ha decidido respetar el señalamiento.

El vicepresidente de la Junta deberá responder en los tribunales ante una acusación de amenazas leves que promueve Borja Collantes, quien desarrollaba labores en el equipo de comunicación de Silvia Clemente durante las polémicas primarias autonómicas. Igea se enfrenta a penas de uno a tres meses de multa, según el artículo 171 del Código Penal sobre las amenazas leves.

Fuentes cercanas a la Vicepresidencia de la Junta subrayaron que, en este caso, no cabe el aforamiento y «ni lo solicitaría», si bien hay precedentes en este sentido y la jurisprudencia del Tribunal Supremo indica que la condición de aforado es «irrenunciable» y connatural al cargo, a no ser que el Parlamento autonómico anule este 'privilegio'.

El propio Igea precisó el pasado lunes que la denuncia no se tramitó hasta después de conocerse el resultado definitivo, que confirmó el pucherazo en favor de la expresidenta de las Cortes, a la que apoyaban la dirección nacional y regional de Ciudadanos. También apostilló que no se arrepiente de lo que hizo, porque lo hizo «para defender la voluntad de los militantes de mi partido». Insistió en que fue una discusión en el marco del proceso de primarias «por cosas que hicieron que me afectaban a mi directamente» y añadió que «sí advertí que no toleraría que se hiciesen trampas». La denuncia se interpuso tras descubrirse el pucherazo y confirmarse que Igea había ganado definitivamente las primarias.

El origen fue un mensaje publicado por Collantes en la red social Twitter, sobre el que Igea le recriminó en la calle. Durante las primarias, el denunciante publicó encendidos mensajes contra Igea. El 26 de febrero escribió que había «sentido vergüenza de escuchar a Francisco Igea insultando al partido del que quiere ser candidato y ridiculizando a Albert Rivera.Solo quiere ser candidato de sí mismo. El proyecto ya no le importa nada. Todo mi apoyo a Silvia Clemente».

Francisco Igea insiste en la idea de que el juicio no afecta a su vida pública y administrativa, un argumento que le compraron desde su partido, la Junta y el PP. No así desde la oposición. Pese a que desde el grupo de Ciudadanos en las Cortes descartaron que el asunto tenga consecuencias disciplinarias para Igea, los estatutos de la formación naranja, en su artículo 12, consideran como una infracción grave la amenaza a cualquier afiliado o trabajador del partido.

Estas infracciones podrán llevar aparejadas la suspensión de la condición de afiliado por un periodo comprendido entre seis meses y dos años, la pérdida del cargo orgánico en ese plazo y la inhabilitación para desempeñar cargos en el partido o en representación de este en ese mismo plazo.