Igea afirma que no recuerda haber amenazado a Collantes con «arrancarle la cabeza»

Esta mención a la parentela, repicada en las redes, fue la mecha de todo un procedimiento judicial contra el vicepresidente de la Junta que le ha convertido en el primer cargo del Gobierno autonómico que se sienta en el banquillo en la historia de la democracia de Castilla y León. Igea ha reconocido que esa mañana del viernes 8 de marzo pasado, recién arrancadas las votaciones de las primarias, cuando avistó a Borja Collantes y Mario Pulido (que se ocupaba de gestionar las redes sociales de Cs en el Ayuntamiento de Valladolid) conversando en la parte de atrás del Consistorio, se dirigió a ellos «muy enfadado» por lo que estaba pasando en el proceso de primarias y por el uso torticero de las redes sociales. Tanto, que la noche anterior había llamado al responsable de comunicación en redes de su partido en Madrid para protestar porque «se estaba metiendo a los familiares en la campaña». Por eso mismo increpó, reconoce, de manera desabrida, a Borja Collantes. «Fue una semana muy dura, se estaban metiendo muchos infundios en la prensa, cosas muy duras y falsas y estaba muy preocupado, pensaba que mi familia no tenía por qué pagar por mi trabajo», se ha justificado Igea ante la jueza. «Le dije que no iba seguir tolerándolo y que se hiciesen trampas para forzar la voluntad de los militantes del partido». Ha afirmado que, finalmente, se creyó las explicaciones que le dio Collantes, quien le negó de forma taxativa y «juró por su hija» que las manifestaciones que se realizaron desde la cuenta troll no eran suyas. Pero el dirigente de Ciudanos denunciado ha asegurado no recordar haber proferido hasta en tres ocasiones haber amenazado con «arrancarle la cabeza» si continuaba esa campaña por las redes sociales.

De hecho, su protesta ante el responsable nacional de redes sociales de Ciudadanos no cayó en saco roto, puesto que desaparecieron los 'tuits' ofensivos de 'palmerovalladolid' y otras cuatro cuentas troll. Por su parte, Borja Collantes ha asegurado que su intención al poner la denuncia el lunes después de las primarias, cuando ya se sabía que Igea había impugnado las primarias que dieron inicialmente el triunfo a Silvia Clemente, no era «perjudicar políticamente» a Igea (el artículo 12 de los estatutos de Ciudadanos establecen como falta muy grave amenazar a los militantes y puede conllevar hasta la expulsión del partido) sino «no tolerar las amenazas».

El vicepresidente de la Junta, que estuvo en todo momento arropado por su esposa, así como un nutrido grupo de militantes y algunos cargos de su partido (que llenaron el vestíbulo de los juzgados) como manuel Mitadiel, se enfrenta, en la vía judicial, a una condena de multa de tres meses en cuotas diarias de 20 euros por un delito leve de amenazas. En el plano político queda la incógnita de qué pasará si la sentencia es condenatoria, a tenor de lo que reza ese artículo 12 de los estatutos de su partido.