El frente contra la protección del lobo une a diez regiones y al sector agrario

El último paso que han dado diez regiones junto con Asaja, COAG y UPA ha sido la publicación de una carta abierta dirigida a toda la ciudadanía en la que piden «apoyo a la gestión del lobo ibérico desde el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia».

Entre los firmantes de la misiva está el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y sus homólogos de Galicia, Asturias y Cantabria, además de representantes institucionales de las comunidades autónomas de País Vasco, Andalucía, Murcia, Aragón, Madrid y Ceuta. Todos ellos mantuvieron un encuentro virtual en la jornada de ayer.

Esa protección del lobo está en proceso de tramitación y es el Ministerio para la Transición Ecológica, que encabeza Teresa Ribera, el que tiene la última palabra al respecto.

«Es una iniciativa que se inició mal, sin consenso, sin contar con las comunidades autónomas que tenemos algo que decir ni con el sector ganadero», manifestó Suárez-Quiñones.

El consejero apeló al «diálogo» y aseguró que «esto no es un frente contra la ministra, no es un frente contra nadie, es un posicionamiento claro», al tiempo que remarcó que esta iniciativa «no debe venir por la vía de la imposición, sino del diálogo».

En esa carta abierta, entre otras cuestiones, rechazan «tajantemente» que en esta gestión del lobo por parte del Gobierno de España, y el anuncio de apoyar a los ganaderos de la zonas loberas y a las comunidades «supongan aceptar que la especie sea incluida en el LESPRE; tales apoyos nunca deben hacerse a costa de detraer fondos de otras medidas en una futura PAC, ya de por sí muy condicionada en sus presupuestos, y no precisan que el lobo cambie su estatus legal».

Insisten en el «rechazo frontal de las Comunidades que albergan la inmensa mayoría de los lobos de nuestro país», entre las que se incluye Castilla y León, y por tanto, «no puede escudarse en dictámenes no vinculantes, ignorando cuál es el origen de este procedimiento, y forzando situaciones inéditas en órganos de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas donde el diálogo y el consenso habían sido las señas de identidad hasta la fecha».

Las organizaciones agrarias firmantes coincidieron en «la necesidad de negociar una estrategia de conservación y gestión del lobo para su preservación, que garantice el desarrollo presente y futuro de la ganadería extensiva». La actual es del 2005.

Seis millones en pérdidas

Según los datos de las organizaciones agrarias, con un censo sin actualizar desde 2012, en España se calcula la presencia de unos 3.000 ejemplares. «La inclusión del lobo en el listado de protección especial supone, en la práctica, dejar de gestionar y controlar al lobo al norte del Duero. Un depredador que causa pérdidas constatadas de más de seis millones de euros al año a los ganaderos en España y devora más de 10.500 cabezas de ganado, fundamentalmente en Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León y Madrid».

Por su parte, el PP también emitió un comunicado desde Génova en el que manifestaron su «apoyo a la ganadería, los ganaderos y el mundo rural ante las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno sobre la protección el lobo en España».

Los populares hacen una «defensa de la ganadería extensiva en su papel de garante de mantenimiento de población en el medio rural, especialmente en las zonas de montaña», al tiempo que exigen al ministerio «que revise su estrategia».