Fernando Rey: «Obligar a implantar la mascarilla es una grave invasión competencial»

¿Es, por lo tanto, la actual situación epidemiológica por las infecciones respiratorias agudas una 'situación de especial riesgo o alarma para la salud pública' como recoge tal articulado?

El catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid (UVA), Fernando Rey, considera que «en absoluto». Para este experto la imposición de tal decisión desde el Ministerio de Sanidad es «una invasión de competencias excesiva y desproporcionada y crea una gran inseguridad jurídica». Si «la situación que vivimos se le considera tan urgente como para justificar una medida impuesta de estas características es que ya todo vale. ¿Dónde estarían los límites? Podrían justificar cualquier cosa. Además, han tenido tiempo, mucho, para elaborar una ley de pandemias de la que tanto se habló durante el covid y tanto se echó en falta para poder imponer órdenes en una situación de salud mucho más justificada y, sin embargo, la Justicia ya tiró muchas medidas por inconstitucionales. No hay redactada tal ley y, en tanto no lo hagan, estas imposiciones serían un abuso y estamos abocados a convertir el TribunalConstitutcional en, otra vez, un centro de valor político», añade Fernando Rey.

Considera que «claramente esto recorrerá la vía de la impugnación ante el Tribunal Constitucional porque lesiona las competencias autonómicas. La interpretación que hace el Ministerio de Sanidad de la ley es excesiva. Además, si realmente fuera necesario obligar al uso de mascarillas y las comunidades no lo aplicaran porque su criterio es el de no imponerlo, serían estos gobiernos, los autonómicos, los responsables. La interpretación que hacen de la urgencia es variable, subjetiva, injustificada y entra en conflicto con las autonomías. Y ello por no hablar del método: Como el diálogo no me ha funcionado, cambio las reglas del juego y lo impongo», añade el profesor Rey.

De esta forma, considera que el tema está abocado a terminar en los tribunales.

Por su parte la ministra de Sanidad, Mónica García (de Sumar), defiende su posición en base al citado artículo que en su primer punto recoge literalmente que: «La declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponderá al Ministerio de Sanidad y Consumo, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad, en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera inmediata de las medidas adoptadas».

Y vinculado a ello, la Ley 40/2015 del sector público recoge en su artículo 151 que: «Cuando la Administración General del Estado ejerza funciones de coordinación, de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias del ámbito material respectivo, el Acuerdo que se adopte en la Conferencia Sectorial, y en el que se incluirán los votos particulares que se hayan formulado, será de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas integrantes de la Conferencia Sectorial, con independencia del sentido de su voto, siendo exigibles conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio. El acuerdo será certificado en acta».

El conflicto está servido y «será la justicia quien tenga la última palabra», apuntala el doctor Fernando Rey.

Mientras, la Consejería de Sanidad de Castilla y León trabaja en las alegaciones frente al documento presentado este lunes 8 de enero por el Ministerio para implantar la medida de las mascarillas con 48 horas para presentarlas que se cumplen mañana a la que, junto a otras muchas comunidades, se niega a aplicar como obligación y defiende la recomendación. La Junta ha rechazado hacer valoraciones, «de momento», sobre la decisión prácticamente unilateral del Gobierno central y destaca estar además a la espera de la reunión de la Ponencia de Alertas que se celebrará este miércoles. El consejero, Alejandro Vázquez, fue muy crítico este lunes con el documento ministerial, incluso antes de saber que se aplicaría incluso con comunidades en contra, al haberse celebrado el ConsejoInterterritorial antes de reunir a la citada ponencia y a la Comisión ed Salud Pública para adoptar tales entonces sólo propuestas, ahora decisiones.