El escaño 82: a regañadientes

Les voy a hablar del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Informativamente no puede competir con el fichaje de Sergio Ramos por el Paris Saint-Germain o con el colocadero de Toni Cantó, pero les invito a dar una oportunidad a este artículo y seguir leyendo.

Este Consejo hace las veces, en Castilla y León, de hermano pequeño del Tribunal de Cuentas estatal. Despachó su última auditoría el martes. Analizaba si la Junta cumplía con la obligación de aplicar criterios de adjudicación de sus contratos que reconocieran el esfuerzo de empresas que se dedican a ganar dinero sin olvidar su responsabilidad social o el cuidado del medio ambiente. El resultado fue un 'necesita mejorar'. Mucho.

No es un incumplimiento sin más. Se trata de que la Administración tire de la sociedad en la lucha contra la brecha salarial, el impulso a la conciliación familiar en las empresas, el avance hacia la igualdad laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión o la incorporación de prácticas de fabricación que respeten el entorno y minimicen la generación de residuos o contaminantes. Cositas sin importancia. 329 páginas plasman la fiscalización de una muestra de contratos adjudicados en 2017 y 2018. Por cada folio de análisis del Consejo de Cuentas, las consejerías aportan dos de alegaciones (108 frente a 221). En buena medida, excusas al por mayor.

El anterior informe del Consejo de Cuentas alertaba la semana pasada sobre la vulnerabilidad de los ayuntamientos (tras analizar diez consistorios) a los ciberataques y planteaba propuestas para reforzar la seguridad de unos sistemas informáticos que trabajan con nuestros datos personales, desde historias médicas a expedientes fiscales, y de los que dependen prestaciones públicas básicas. Hace meses auditaron el resultado de lustros de medidas contra la despoblación en Castilla y León. Plasmaron su fracaso y analizaron el por qué.

¿Cómo reciben los gestores de lo público esas auditorías? A regañadientes en más ocasiones de las deseables. También hay días buenos. Este viernes lo fue. Tras años de insistencia, la Junta aceptó condicionar las subvenciones a municipios a que los alcaldes presenten cuentas ante el Consejo. Y lo que vale para esta institución, se puede aplicar al Consejo Consultivo, al Procurador del Común y al Consejo Económico y Social (CES).

Los prejuicios sobre su boato institucional tapan un trabajo de control riguroso. Molesto muchas veces. El CES está a punto de aprobar su informe anual sobre la situación socioeconómica de Castilla y León en 2020. El de 2019 radiografiaba la comunidad a lo largo de 1.299 páginas de datos y 199 de recomendaciones. Sabiendo que está ahí, la Junta encarga a una consultora de Getxo un informe de diagnóstico sobre la situación económica y social de la comunidad y que elabore, a la vez, la estrategia de exportaciones. Eso sí es para estudio.

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