El concierto económico para Cataluña, desde Castilla y León: incredulidad y advertencias

Ese argumento lo apoya también el secretario autonómico de los socialistas, Luis Tudanca. De hecho, ha sido una constante en los debates parlamentarios. «Castilla y León, en los últimos seis años, ha recibido 19.000 millones de euros más de los que recibió en todos los gobiernos del señor Rajoy. Las entregas a cuenta para este ejercicio han crecido más de un 10%, han llegado a 9.500 millones, frente a los 6.500 del último año de Rajoy. Esta es la dimensión del compromiso del actual Gobierno con nuestra tierra».

Y hasta ahí.

Porque en los territorios ex Cataluña el concierto económico PSOE-ERC (o Gobierno-ERC, que al final tanto da) tiene muy mala venta. García-Page anunciaba un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Y Tudanca, sin llegar a eso, mantiene una postura crítica. «No podemos coser la unidad territorial del país por un lado descosiéndola por el otro. El PSOE de Castilla y León no va a defender nunca ninguna quiebra de la igualdad en el sistema de financiación; ninguna quiebra de la solidaridad; ninguna quiebra de la igualdad y la solidaridad dentro del sistema de financiación; ninguna quiebra del régimen común de financiación autonómica. Seguimos en el mismo sitio, el acuerdo que firmé sobre financiación autonómica con Juan Vicente Herrera», afirmó en una rueda de prensa casi monotemática.

Lo sorprendente vino luego. Cuando Luis Tudanca señaló que una de las cosas que le tranquilizaban es que esta propuesta de establecer una financiación singular tiene pocos visos de prosperar. «Estoy convencido de que esa propuesta de ERC no va a producirse, no se va a llevar a cabo una reforma parcial y unilateral del sistema de financiación en ningún caso y en ningún momento», dijo. E insistió después, a preguntas de los periodistas. «Queda tantísimo… Me da la sensación de que no se va a producir, de que ese momento no va a llegar porque no es posible y requiere unas mayorías que no hay».

El escepticismo de Tudanca es común a algunas fuentes del mundo del derecho consultadas por El Norte. Una voz autorizada es la de Jesús Quijano, histórico del PSOE autonómico y catedrático de Derecho Mercantil. «La letra pequeña… Igual sale de otra manera, pero la filosofía que hay detrás es poco defendible», decía. Y Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional, ambos de la Universidad de Valladolid, esperaba también a conocer esa «letra pequeña». «Lo que están haciendo es anunciar un gran acuerdo para que lo aprueben las bases de ERC, pero la letra pequeña hay que verla», señalaba, y advertía de que puede darse el caso de que en una futura votación en el Congreso para reformar la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, Junts acabe por votar en contra e impedir que se ponga en práctica.

Quijano se retrotraía al punto en el que nació el actual sistema de financiación autonómica. «Formó parte del pacto constitucional y ha venido funcionando 40 años. Tenía una raíz histórica en las competencias tributarias de las diputaciones forales y así se quedó -País Vasco y Navarra-, como se ha admitido que Canarias, Ceuta, Melilla o Baleares tengan algunas especialidades tributarias por su situación geográfica. Pero ahora un sistema que ha venido funcionado 40 años se revisa de manera individualizada. No por un acuerdo del conjunto de los que forman parte del sistema, sino para una de las partes mediante negociación bilateral y por una investidura… Es verdad que tiene difícil explicación. Se garantizará la solidaridad, dicen, faltaría más».

Alejandro Menéndez, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valladolid, coincide con Tudanca en que es muy difícil que la reforma de la ley salga adelante. «Tiene que tener mayoría absoluta de los votos del Congreso y no va a salir porque Junts nunca va a apoyar a ERC. Sin eso, no sale. Y hay que ver a diputados socialistas de Segovia, por ejemplo, votando a favor de que Cataluña se quede con todo», señala. Quien dice diputados de Segovia dice diputados de Castilla La Mancha. No en vano los llamamientos del PP a García-Page para que 'sus' diputados voten en contra han sido habituales ya con la ley de amnistía.

Mientras se comprueba qué ocurre con esa letra pequeña y con lo que decidan las bases de Ezquerra Republicana de Catalunya, en Castilla y León empieza la toma de posesiones. Vicente Andrés, de Comisiones Obreras, cree que es el momento de que se abra «necesariamente el debate sobre la financiación autonómica», una reivindicación que viene de mucho tiempo atrás y en la que coinciden, asegura, «derecha, izquierda, patronal, sindicatos...».

El líder autonómico de CC OO invita a Mañueco a «plantear el escenario en Castilla y León, ver cómo quedaría con una hacienda propia». «A lo mejor eso tiene que ser para todos, pero eso supone que tu futuro dependerá de tu recaudación, si bajas todos los impuestos y los eliminas estarías en la ruina. Un país asimétrico requiere un nuevo acuerdo de financiación para todo el país. Pero debe ir ligado a la fiscalidad, no vale pedir dinero externo para luego nosotros bajar los impuestos a los de aquí», advierte Vicente Andrés, refiriéndose a las continuas bajadas de impuestos propios de la Junta, que coinciden a la vez con las exigencias al Gobierno de que incremente determinadas partidas para mantener los servicios esenciales. «Debe hacerse una mesa general del sistema de financiación y de fiscalidad», concluye Andrés.

El PP de Castilla y León, después de quedarse en minoría en el Gobierno autonómico, hará 'casus belli' de esta «financiación singularizada» para Cataluña. Francisco Vázquez, secretario general de los populares, pidió a los diputados socialistas del terruño en el Congreso de los diputados que voten en contra cuando llegue el momento. Es decir, otro llamamiento 'a los García-Page locales'. Y Alfonso Fernández Mañueco anunció una cascada de mociones en ayuntamientos y diputaciones -una vez más- contra el concierto económico para Cataluña fuera del régimen general de financiación de las comunidades autónomas. «Vamos a obligar a todos los socialistas en ayuntamientos y diputaciones provinciales a pronunciarse sobre este asunto», dijo. Después de la espantada de Vox, una crisis en el PSOE por el 'agravio' catalán es una muesca más, consideran en el PP autonómico, hacia una mayoría absoluta en Castilla y León al tercer intento de Mañueco.