Los contratos de mayor calidad ganan terreno en Castilla y León
La comunidad vuelve a superar el 50% de trabajadores en activo indefinidos a tiempo completo, mientras los fijos discontinuos se duplican frente a 2019, hasta el 3,6%
La reforma laboral que acaba de cumplir un año, con su medida estrella de supresión del contrato eventual por obra o servicio, ha dado ... un vuelco al panorama del mercado laboral de la pospandemia. Los límites a la temporalidad han provocado un traspaso de miles de contratos a la modalidad de fijos discontinuos, pero el resultado de los cambios normativos combinado con el buen año laboral ha ido mucho más allá. Entre lo más positivo está la extensión de los contratos de mayor calidad, los indefinidos a jornada completa, que hoy tienen 393.876 castellanos y leoneses, 56.000 más que en el último mes de 2019. Suponen el 54,4% del total de afiliados al Régimen General de la Seguridad Social, que sobrepasa así el nivel del 50% por primera vez en ocho años.
La composición de la fuerza laboral castellano y leonesa desde la óptica de la relación contractual con las empresas ha cambiado de forma sustancial con respecto a 2019. Un vistazo al reparto de afiliados en función de la modalidad de contratación lo pone de manifiesto: hace tres años, con 700.000 inscritos en el Régimen General, el 60,2% tenía un contrato indefinido (completo o parcial) y el 29,2%, uno temporal; hoy, son indefinidos el 73,5% tras un incremento de 84.000 personas, y temporales el 17,4%, casi 79.000 personas menos.
Además, desde el punto de vista de la calidad del empleo, la mejoría queda de manifiesto al comprobar cómo los 338.000 trabajadores con contrato indefinido a jornada completa de 2019 son ahora 393.900, el 16,5% más. De esta manera pasan de representar el 48% del total de inscritos en el Régimen General a suponer el 54,4% (en toda España son dos puntos más). Los indefinidos a tiempo parcial también crecen, en 28.000 personas o el 33,4%, hasta 112.000.
Entre los trabajadores con contratos eventuales se han reducido tanto los de tiempo completo (42.000 menos respecto a 2019, hasta totalizar 88.300) como los de jornada parcial (36.800 menos, hasta 37.700).
Entre unos y otros, los contratos fijos discontinuos emergen como los de mayor progresión. En 2019 abarcaban al 1,6% del total de afiliados, unas 11.200 personas. Con la desaparición del contrato por obra se ha producido un trasvase y ahora son el 3,6%, esto es 26.500 trabajadores. Esta transformación, según explican desde la fundación FEDEA, se concentra en el sector de la hostelería, entre los menores de 30 años y los trabajadores cedidos por las ETT.
Los economistas de FEDEA advierten de que el uso masivo de contratos fijos discontinuos distorsiona las estadísticas de empleo, ya que estos trabajadores nunca computan como desempleados
En su último Observatorio Trimestral del Trabajo también advierten: «La reforma laboral de 2022 está introduciendo ruido en las estadísticas de empleo» debido al «uso masivo de contratos fijos discontinuos, frecuentemente en sustitución de contratos temporales». «El cambio no es neutro en términos de sus efectos sobre la medición del paro registrado, puesto que, mientras que los trabajadores cuyos contratos temporales expiran pasan a ser parados, los fijos discontinuos que entran en un período de inactividad no se consideran en principio como tales», explica Fedea, que cifra en casi dos millones los contratos fijos discontinuos registrados entre enero y octubre, ocho veces más que en 2019.
Para cobrar el paro, el trabajador fijo discontinuo debe haber cotizado durante un mínimo de 360 días en los cinco años anteriores a su solicitud. Es un contrato más ventajoso que el temporal, ya que lleva aparejado un compromiso de contratación y entre sus derechos está una indemnización en caso de finalizar la relación laboral. Además, cotiza a la Seguridad Social en las mismas condiciones que un trabajador indefinido. El trabajador puede organizarse mejor y compatibilizar varios empleos y también a la hora de cobrar prestaciones o acceder a ayudas.
Los fijos discontinuos no computan como parados, aunque estén más meses sin trabajar que con trabajo, hasta que no son despedidos con una indemnización. Ello ha provocado también una polémica entre el Gobierno y la oposición, que le acusa de maquillar los datos de empleo para que aparezcan menos desempleados de los que realmente hay. El Ejecutivo dice estar estudiando cómo ofrecer detalles sobre cuántos fijos discontinuos están trabajando en un momento determinado. Estos contratos no se cambiaron con la reforma y quienes están sin ocupación no se trasladan a las listas del paro desde el año 1985, cuando se aprobó la ley que los rige.
Incentivos contra la temporalidad en el campo
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido de que si bien los incentivos a la contratación existentes hasta ahora facilitan el acceso al empleo en periodos de crisis, lo hacen con efectos modestos y solo en perfiles cualificados que, además, no perduran en el tiempo. Para intentar corregir esto, el Gobierno ha presentado un nuevo mapa de incentivos al empleo estable que suprime toda bonificación al trabajo temporal y exige a las empresas beneficiarias que mantengan el empleo tres años, incluye también medidas para favorecer el contrato fijo discontinuo. Así, entre las medidas bonificadas de nueva implantación se encuentra la que se refiere a la transformación en contratos fijos discontinuos de contratos temporales suscritos con personas trabajadoras incluidas en el Sistema especial agrario por cuenta ajena. Dará derecho, durante los tres años siguientes, a una bonificación en la cotización de 55 euros por mes, cifra que, en el caso de las mujeres, se eleva hasta los 73 euros por mes
A la espera de la respuesta que dé el mercado laboral al frenazo en el crecimiento económico que se espera para 2023 o, al menos, para su primera mitad, los números de afiliación a la Seguridad Social que arroja la comunidad suponen un buen punto de partida. Con 940.000 ocupados inscritos en el sistema, Castilla y León está solo un 4,6% por debajo de su récord de afiliación: 985.166 personas en septiembre de 2007.
En el caso de los cotizantes del Régimen General, los 722.000 asalariados actuales son apenas 15.000 menos, el 2%, que el máximo de la serie histórica (737.670 en julio de 2008). Bastante peor van las cosas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que alcanzó su techo en febrero de 2008 con 223.273 afiliados y el año pasado perdió la barrera de los 190.000 para situarse en 187.980 inscritos, 2.487 menos que un año antes y 35.000 por debajo de la cota más alta.
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