Castilla y León reclama ante el Supremo el pago de los 182 millones del IVA de 2017

Los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León han formalizado antes el Tribunal Supremo la demanda judicial para reclamar al Estado el abono de los 182 millones de euros del IVA de noviembre de 2017 que debería haber sido ingresado en diciembre de ese año. Fuentes del Ejecutivo autonómico destacan que el Gobierno ha hecho caso omiso de las reclamaciones previas, durante este año 2020 para evitar el conflicto judicial.

El conflicto tiene su origen en el cambio en el sistema de contabilidad del IVA implantado por el Gobierno de Mariano Rajoy, con una demora de apenas diez días de ingreso en caja para el Ministerio de Hacienda, pero que supuso a las comunidades (salvo al País Vasco y Navarra) que no se les liquidara el ingreso correspondiente en diciembre de 2017.

Desde la Junta de Castilla y León relatan que la Agencia Tributaria amplió el plazo de liquidación del IVA para todos aquellos contribuyentes cuya obligación de autoliquidar el impuesto era mensual: grandes empresas, grupos de IVA e inscritos en el Registro de Devolución Mensual del IVA. Tras el cambio, la fecha límite para liquidar cada mes pasó del día 20 al día 30 del mes siguiente, y con este retraso, el ingreso de la liquidación del IVA de noviembre de 2017 pasó de contabilizarse en diciembre de 2017 a contabilizarse en enero de 2018, es decir, en otro ejercicio, a pesar de que fue efectivamente ingresado por las empresas en el Estado dentro del año 2017.

Este cambio en las fechas de ingreso del IVA solamente le provocó al Estado un retraso de 10 días en el ingreso en su caja, ya que recaudó lo mismo que hubiera recaudado conforme a las reglas antiguas. Sin embargo, para las comunidades autónomas, como Castilla y León, ha supuesto la pérdida de la financiación de un mes entero del IVA en la liquidación del sistema para 2017, pérdida que será permanente.

Ello ha conllevado, como señala el director de los Servicios Jurídicos de la Junta, Luis Miguel González Gago, que la comunidad tuviera que acudir al sistema de crédito al no disponer de un dinero con el que contaba, ya que con él se atendían servicios esenciales autonómicos que no podían dejar de prestarse, como los sanitarios, los educativos o los de servicios sociales, dinero que la Junta tendrá que devolver.

Desde la Consejería de la Presidencia explican que «los Servicios Jurídicos han presentado la demanda judicial en reclamación de cantidad al Estado del pago de 182 millones de euros no ingresados en las arcas autonómicas, como era su derecho, correspondientes a la pérdida de ingresos en la liquidación del año 2017». Desglosan la cuantía reclamada de la siguiente forma: 120,49 millones de euros de principal, y 61,51 millones de euros de perdida indirecta, que se corresponden a 30,98 millones de euros por el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones de euros correspondientes al Fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones de euros del Fondo de cooperación.

El Gobierno autonómico entiende que se puede producir una situación de «enriquecimiento injusto de la Administración del Estado, ya que ellos sí cobraron a los ciudadanos, pero no han pagado a la comunidad, además de ser una medida claramente discriminatoria, dado que afecta únicamente a las comunidades autónomas de régimen común, como Castilla y León, pero no a las comunidades forales de País Vasco y Navarra, que se encuentran en la misma situación que el Estado, al no formar parte del sistema de financiación autonómico».