Castilla y León pide al Gobierno que coordine el traslado de pacientes de UCI a otras comunidades

Así lo ha confirmado el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, a última hora de la noche, tras una reunión telemática de urgencia para sopesar la situación de la capital burgalesa. El coronavirus enciende luces rojas de alerta por toda Castilla y León, pero que en los últimos siete días se concentran singularmente en Burgos. La capital burgalesa duplica la incidencia ya alta del resto de la comunidad y eso hizo saltar ayer todas las alarmas y va a servir como banco de pruebas para saber hasta dónde se puede exprimir un decreto de Estado de Alarma que no permite el confinamiento domiciliario.

Esa fue la respuesta que recibió la delegación autonómica (participaron el vicepresidente, la consejera de Sanidad y el alcalde de Burgos) de la secretaria de Estado de Sanidad (no asistió el ministro Salvador Illa, por estar de viaje), que lleven al límite las posibilidades del decreto actual que permite aún cerrar el pequeño comercio y medidas educativas, como suspender las clases presenciales, empezando por la Universidad.

Castilla y León demandó de nuevo al Gobierno central una herramienta que permita el obligar a los ciudadano a encerrarse en casa. El alcalde burgalés, el socialista Daniel de la Rosa, acompañó a los dos responsables de la Junta en un encuentro orientado a explorar los «límites» del decreto que ampara las restricciones de movilidad. Igea y Casado habían alabado por la mañana el comportamiento del regidor y, al término de la reunión telemática, el vicepresidente expresó la gratitud por el respaldo del regidor a la posición de la Junta.

Burgos echó ayer combustible a esa demanda reiterada de una herramienta que permita a confinar a la población. Si la incidencia media de la comunidad en la última semana es de 426 positivos por 100.000 habitantes, la de la capital burgalesa se sitúa en el entorno de los 900. «Eso nos lleva a los 1.800 casos en 14 días», justificó el vicepresidente. Alos contagios se suma la situación de su hospital –uno de los cinco grandes de la comunidad, junto con los dos de Valladolid, el Clínico charro y el de León– que ha empezado a enviar pacientes cuya cirugía no puede esperar a los centros privados. Toda la comunidad sigue en nivel cuatro, el que indica riesgo extremo, pero en Burgos ese color rojo de la alarma rabia.

El Consejo de Gobierno de la Junta se alargó ayer más de una hora sobre el horario habitual de cada jueves y a su término, el vicepresidente y portavoz de la Junta y la consejera de Sanidad, explicaron cómo está Burgos y que apretaban al máximo el cinturón de las restricciones en esa ciudad: reuniones entre no convivientes de máximo tres personas; un tercio de aforo en actos litúrgicos y celebraciones con un límite de 15 participantes y rastreos masivos con los test de antígenos que arrojan diagnósticos en menos de media hora. A esas restricciones y medidas sumaron otra de depende de la voluntad de los ciudadanos: el autoconfinamiento.

Francisco Igea aseguró que habían ido «hasta donde podían ir», aunque refirió después que el Gobierno autonómico de coalición no se había decantado por sumar el confinamiento perimetral de la ciudad a las restricciones que se aplican en todo el mapa autonómico (el toque de queda, la prohibición de salir y entrar de la comunidad, la clausura de la hostelería, los gimnasios y los centros comerciales y la prohibición de reuniones de más de seis personas), endurecidas desde ayer en Burgos . El vicepresidente subrayó que el Consejo de Gobierno había valorado los problemas que causó en el cinturón que rodea Burgos el cierre perimetral que decretó en la ciudad hace semanas.

Verónica Casado recalcó las prioridades ante la pandemia por este orden: disminuir contagios, detectar personas contagiadas y cuidar de los pacientes con coronavirus. Lo «nuclear» para lo primero es el lavado de manos, la distancia, la mascarilla y la ventilación, además de limitar al máximo el contacto social. Para lo segundo se van a intensificar las campañas de test de antígenos. Casado confirmó que han llegado 100.000 esta semana y esperan otros 300.000 para la próxima. Y para lo tercero, el cuidado de los pacientes covid y no covid, la consejera defendió la reorganización del personal sanitarios ante unas bolsas de empleo que están vacías. «No podemos tener ningún profesional que no esté trabajando intensamente. Queremos que todo el sistema arrope al personal que trabaja con pacientes covid y no covid», esgrimió la consejera, que recordó que en la primera ola hubo profesionales con agenda bajo mínimos ante la anulación la actividad de sus servicios y otros que pese a no ser su especialidad ayudaron a los compañeros que estaban en primera línea. Casado expresó el agradecimiento a los sanitarios que son conscientes de que la «solidaridad es una cuestión clave» en la lucha contra la covid.