Castilla y León, a la cola de permisos de eutanasia

Contrasta con la posición de las regiones más 'aperturistas' como Asturias, (83,3% de autorizaciones), Baleares (76,4%), Cantabria (76,4%), Comunidad Valenciana (72%) o País Vasco (66,2%). Según esos datos, en la comunidad solo se cumplieron de forma real tres permisos en su primer año de aplicación. De hecho, si se extiende el análisis a estos dos primeros años de aplicación de la ley, solo 11 de las 24 solicitudes han acabado con la ayuda a una muerte del paciente, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad.

Este sábado se cumplen dos años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), después de se aprobara en el Congreso de los Diputados el 24 de marzo de 2021 y diera tres meses de plazo a las comunidades autónomas para su puesta en marcha.

Efemérides que aprovechó la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) para hacer público el 'Primer Informe sobre la Evolución de la Eutanasia en España'. Este colectivo, integrado en gran parte por juristas y profesionales de la medicina, ha tenido grandes dificultades para hacer esta 'radiografía' del derecho a una 'buena muerte'. A pesar de que la LORE obliga a hacer públicos los datos anuales, muchas comunidades, entre ellas Castilla y León, son muy reacias a facilitarlos.

Esta investigación incluye un análisis por regiones. De Castilla y León advierte de que «los criterios políticos fueron de los peor valorados». Y esto es así por que ha habido un «mínimo esfuerzo de difusión», en el que «no se ofrecía información personalizada a la población». Ni siquiera se modificó el modelo de testamento vital que ya existía. Castilla y León fue la última región en crear su registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia, seis meses más tarde que el resto, recuerdan en DMD. Y su primer presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación se jubiló muy pronto y su vicepresidente «se había declarado pública y reiteradamente contrario a la eutanasia», denuncia el informe.

Otra de las denuncias de la gestión de este derecho en la región son las «demoras inaceptables desde el primer momento». «Tenemos constancia de un caso cuya tramitación duró 450 días », advierte Fernando Sanz, médico jubilado y uno de los portavoces de DMD en Castilla y León. En la región sospechan que «aquí los plazos son más largos que en otras comunidades y sigue habiendo altos porcentajes de muertes en espera de que se tramiten». Con los pasos que establece la ley, un caso debería resolverse en menos de 35 días. Incluso hay varias provincias de Castilla y León que no han registrado ni una sola petición. «Hay que averiguar si es por algo cultural o por dificultades de acceso a este derecho», advierte Fernando Sanz.

La comunidad ocupa también el furgón de cola en el peso que representa la aplicación del derecho a morir en los porcentajes de fallecimientos globales. Frente al argumento de que la LORE solo es promovida por quienes defienden la «cultura de la muerte», las solicitudes solo representan el 0,47% de las defunciones. Y las concedidas y realizadas apenas llegan al 0,08%, de los certificados de defunción firmados en la comunidad. Supone un fuerte contraste con otras áreas como Cantabria, donde se solicitaron la misma cifra (17) y se aplicaron 13. La eutanasia ya alcanza allí el 1,24% de los casos de muerte. El País Vasco (71 expedientes y 47 con informe positivo) es la otra comunidad que supera el 1% del total de fallecimientos por aplicación de la LORE.

Los investigadores de DMD creen que las diferencias entre comunidades son tan «pronunciadas que no se deben exclusivamente a factores culturales. Es razonable sospechar que hayan influido también diferencias en la accesibilidad al nuevo derecho».

A pesar de todas estas carencias, desde Derecho a Morir Dignamente hacen un balance esperanzador de una «ley necesaria». Aunque sin poder contrastar sus datos con los oficiales, calculan que entre junio de 2021 y diciembre de 2022 unas 370 personas recurrieron a la eutanasia en España. Y, probablemente, más de mil la solicitaron. Supone apenas el 0,07% del total de muerte en España, todavía muy lejos de países (Bélgica, Canadá, Países Bajos) que también la tienen y que, una vez asentada y admitida, alcanza entre el 1% y el 4% del total de defunciones.

En este primer esbozo de la realidad, DMD lanza algunos aspectos que deben mejorarse: entre ellos destacan la falta de colaboración de la medicina privada, el mal manejo de la objeción de conciencia y los plazos excesivos en la tramitación. Recuerdan que el propio Ministerio de Sanidad reconoció en su primer informe anual que docenas de personas mueren en España en espera de que se complete su expediente.

Entre las conclusiones se impone la queja de que la opacidad ha marcado estos primeros dos años en la región. «Tenemos constancia de que hubo un primer informe anual que se 'paseó' por las Gerencias de Sanidad pero nunca se ha hecho público», lamenta Sanz.

Desde DMD han enviado a las Administraciones sanitarias varias peticiones para actualizar el Manual de Buenas Prácticas:

1Exigir que todos los centros sanitarios cuenten con un protocolo de respuesta a una solicitud de eutanasia.

2Implantar un sistema de referentes en todas las comunidades para agilizar las tramitaciones.

3Suprimir la recomendación de que el médico consultor no hay atenido relación asistencial previa con el paciente

4La Comisión de Garantía y Evaluación (CGE) no es un tercer evaluador. Los responsables deben ser los dos médicos (el responsable y el consultor).

5Eliminar los límites de tiempo cuando la persona decide aplazar el momento de morir.